Varias personas esperando en la puerta del CETI de Ceuta
La atención sanitaria en los centros de inmigrantes de Ceuta y Melilla enfrenta a dos ministerios por 7,4 millones
Según el informe de fiscalización del Tribunal de Cuentas sobre el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa), existen 29.307 facturas pendientes de cobro, por un importe total de 7.404.869 euros
Mientras Ceuta vive en alerta sanitaria tras la llegada ilegal de miles de inmigrantes marroquíes a la ciudad, la atención sanitaria prestada a los inmigrantes acogidos en los Centros de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) de Ceuta y Melilla ha generado un conflicto entre organismos del Estado por una deuda de 7,4 millones de euros acumulada entre 2005 y 2023 que todavía no se ha resuelto a día de hoy.
Según el informe de fiscalización del Tribunal de Cuentas sobre la asistencia sanitaria especializada gestionada por el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa), existen 29.307 facturas pendientes de cobro, por un importe total de 7.404.869 euros, correspondientes a la asistencia sanitaria prestada a usuarios de los CETI de ambas ciudades autónomas. El Tribunal señala que actualmente la deuda sigue sin cobrarse en su totalidad, pero que para evitar que algunas de estas cantidades prescribieran, Ingesa decidió en 2022 volver a emitir el 17 % de las facturas pendientes.
El principal problema es determinar qué organismo debe pagar esta asistencia sanitaria. Un informe jurídico de INGESA de junio de 2021 concluyó que el coste debía asumirlo el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, al considerar que era el responsable del pago de la atención sanitaria de los inmigrantes acogidos en los CETI.
A partir de este criterio, la Gerencia de Atención Sanitaria de Melilla emitió varias liquidaciones por la asistencia prestada a los internos del CETI. El Ministerio de Inclusión recurrió estas liquidaciones ante los tribunales por los servicios correspondientes al periodo comprendido entre el 1 de enero de 2018 y el 28 de febrero de 2023.
El procedimiento judicial, sin embargo, terminó archivándose después de que el Ministerio de Inclusión retirase su recurso el 19 de noviembre de 2024. Posteriormente, el 27 de enero de 2025 se acordó formalmente el archivo del caso.
Las miles de personas de origen magrebí que llegaron a Ceuta colapsaron el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI)
Pero el conflicto se ha ido dilatando en el tiempo hasta llegar al 23 de abril de 2025, cuando la Dirección General de Atención Humanitaria y del Sistema de Acogida de Protección Internacional pidió a Ingesa que iniciara los trámites para revocar las liquidaciones y otros actos de cobro dirigidos contra el Ministerio de Inclusión.
Dos días después, Ingesa solicitó un nuevo informe a sus servicios jurídicos para determinar cómo proceder. De este modo, más de 7,4 millones de euros en facturas por asistencia sanitaria a usuarios de los CETI continúan pendientes de cobro, mientras los organismos de la Administración siguen enfrentados sobre quién debe hacerse cargo de la deuda.