La nueva ley del Gobierno para proteger a los menores arrincona a los hombres: «Se basa en conjeturas»

El pasado 14 de julio, el Consejo de Ministros aprobó el Proyecto de Ley Orgánica de medidas en materia de violencia vicaria, a propuesta de los ministerios de Igualdad, de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes; y de Juventud e Infancia.

Según el Ejecutivo central, la finalidad de este proyecto de ley es en primer lugar visibilizar, reconocer, prevenir, sancionar y erradicar la violencia vicaria y para ello se modifican hasta diez normas y tiene como objetivos la definición jurídica de la violencia vicaria y el establecimiento de la la violencia vicaria como una circunstancia agravante por razón de género.

La polémica de esta ley recae en que la misma aplicará únicamente a los hombres, ya que la violencia vicaria ejercida por la madre no está estipulada en la norma. Elena Ramallo, doctora en Derecho, ha explicado en declaraciones a El Debate que «como jurista y como feminista que creo en la igualdad real, estoy en contra de las leyes construidas con sesgos políticos o ideológicos porque terminan siendo injustas y perjudiciales».

Asimismo, afirma que «cuando una ley parte de quién debe ser considerado víctima o agresor en función de su sexo, corre el riesgo de desviar el verdadero bien jurídico que debe protegerse. En la violencia vicaria, el centro debe ser el menor: su protección, su seguridad y su interés superior, con independencia de cuál de los progenitores ejerza la violencia», sentencia.

Según esta jurista hay una clara «falta de neutralidad respecto al autor» del delito. A su juicio, la ley configura la violencia vicaria desde una perspectiva de género, en lugar de partir de la conducta concreta de cada progenitor. «El menor queda en segundo plano: debería ser el sujeto central de protección, con independencia de si es instrumentalizado contra la madre o contra el padre», argumenta.

Por otro lado, insiste en que hay un riesgo de sesgo, por lo que «la respuesta judicial debe basarse en hechos, prueba e individualización, no en una construcción previa determinada por el sexo del progenitor».

Tal y como valoraron recientemente a este periódico fuentes jurídicas especializadas en violencia de género, «la ley parte de la premisa incorrecta de que un maltratador nunca puede ser un buen padre», ya que a ojos de la ley se trata de delitos completamente diferentes y separados y que esta afirmación «se basa en conjeturas; la realidad es completamente diferente».

Para estas mismas fuentes, la aprobación de la ley de violencia vicaria supone también lacrar una vez más la presunción de inocencia del hombre y el principio de igualdad: «No tiene sentido que esta ley aplique solo a los hombres. Se les está asumiendo como maltratadores por el mero hecho de ser hombres. Es una desigualdad completa que se les quite su presunción de inocencia», concluye.