El balance del Gobierno de Sánchez en materia de vida: más aborto, eutanasia y medidas para facilitar su acceso

El adelanto electoral anunciado para el 29 de noviembre pone punto y final a una legislatura en la que el Gobierno de Pedro Sánchez no ha hecho otra cosa que favorecer la cultura de la muerte. Con el aborto y la eutanasia ya aprobadas, el Ejecutivo se ha dedicado en estos casi cuatro años a desarrollar e impulsar dos de las políticas que más personas ha matado. En el centro de las críticas se encuentra la ministra de Sanidad, Mónica García, a la que reprochan haber convertido las prácticas que atentan contra la dignidad del ser humano en su prioridad.

En vez de escuchar a los médicos y ofrecer ayuda a las mujeres embarazadas sin recursos, el Gobierno ha decidido seguir impulsando el desprecio hacia los nasciturus. En esta última legislatura, y según los únicos datos disponibles que se remontan a 2023 y 2024, la aprobación de la nueva ley del aborto ha impedido que 209.269 bebés descansen en el seno de su madre. Una cifra que sumada al comienzo de su mandato muestra un total de 585.192 fetos desechados.

Los ataques del Gobierno al aborto no han cesado. Aunque siempre, junto a la eutanasia, ha sido su cortina de humo más destacada, Mónica García no ha parado de criticar y denunciar cada paso provida que daba el PP en cada comunidad.

Con la excusa de ayudar a las mujeres, las responsables de los ministerios de Igualdad y Sanidad lanzaron en 2025 'quieroabortar.org', una web creada para dar «información, orientación y acompañamiento» a todas aquellas madres que buscan abortar. A pesar de sus intenciones, lo cierto es que en España el gobierno ha abandonado por completo a este grupo. Esta desprotección se traduce en la ausencia total de apoyos reales a las embarazadas en dificultad.

Aunque la defensa de la vida cada vez está más mermada por el Gobierno de Sánchez, el mismo día de la publicación el Pleno del Senado dio luz verde a una propuesta del partido de Santiago Abascal que permitía que el Ayuntamiento informase a todas las mujeres de las secuelas y los peligros del síndrome posaborto. Esto no sentó bien a la médico García, que, junto al resto de políticos del Ejecutivo, se negó a reconocerlo y afirmó que los problemas de salud mental están «más vinculados a un embarazo no deseado que a su aborto».

Días después, Pedro Sánchez anunció que, al igual que Francia, iba a intentar blindar el derecho al aborto en la Constitución española para «consagrar la libertad y la autonomía de las mujeres». En este momento, numerosos grupos provida se pronunciaron y, meses después, salieron a las calles para defender el 'Sí a la Vida'.

En este momento, comenzó el movimiento para que se creasen las 'listas negras' de médicos objetores. García envió una solicitud formal a los presidentes de Aragón, Asturias, Baleares y Madrid para que iniciasen el proceso. Esta medida se creó con una intención: señalar con el dedo y perjudicar a todos los médicos que se negasen a practicar abortos. Algo que los propios facultativos han denunciado, ya que ellos se dedican a «salvar vidas, no a quitarlas».

Un conjunto de células que no siente

Otro de los grandes momentos del gobierno en materia de cultura de la muerte fue al negar, a pesar de las evidencias científicas, que el feto o sufre al ser abortado. Para ella, que tiene tres hijos, los nasciturus son un conjunto de células incapaces de sentir. Lo ha afirmado varias veces. La última, durante la presentación de la campaña del aborto, donde, tras ser preguntada por El Debate si el feto sufre en el momento de realizar el aborto, Mónica García se mostró incómoda y garantizó que «no hay evidencia» y que, además, a las mujeres «tampoco les causa ningún trauma». Varios médicos y científicos salieron a desmentir sus palabras y a demostrar que se equivocaba.

La última idea de la titular de la cartera de Sanidad ha sido iniciar los trámites para aprobar la práctica del aborto farmacológico en el sistema sanitario. Además, anunció la modificación de la ficha técnica de la mifepristona –químico abortivo–para permitir su uso fuera de los centros de salud y hospitales. Es decir, más facilidades para acabar con la vida de un ser indefenso.

Ofrecen morir sin una ley de cuidados

Otro de los ases de este gobierno es la eutanasia. Hace seis años que Carolina Darias, exministra de Sanidad, aseguraba estar «orgullosa» porque había logrado crear una sociedad «más justa, más equitativa, más generosa, pero, sobre todo, más decente». Aunque podría estar refiriéndose a los profesionales de la salud, que estaban luchando contra el coronavirus, la realidad era otra. Estaba celebrando que «por fin» el Congreso de los Diputados había dado luz verde a la denominada Ley Orgánica 3/2021, de 24 de marzo, de regulación de la eutanasia, una norma que a día de hoy ha matado a 1.361 personas.

El departamento de la que ahora es alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria tardó poco en aprobar esta ley. No ocurrió lo mismo con la norma de cuidados paliativos prometida en 2019 por la que fuera ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social hasta el 2020, María Luisa Carcedo. Esta podría haber evitado mucho sufrimiento en nuestro país.

Las irregularidades de esta ley son numerosas. El ejemplo más claro fue el caso de Noelia Castillo, una joven de 25 años sin enfermedad incapacitante, que decidió acabar con su vida por las graves secuelas psicológicas y físicas que le había dejado una paraplejia.

Tras sufrir una agresión sexual múltiple, Noelia intentó suicidarse en 2022 precipitándose desde una quinta planta, pero sobrevivió. Dos años después solicitó la eutanasia por problemas de salud mental, una decisión que su padre trató de frenar judicialmente. Aunque un juzgado de Barcelona suspendió inicialmente el procedimiento, la joven ratificó su voluntad en 2025 y finalmente murió tras recibir la eutanasia en marzo de 2026.

El último gran conflicto en esta materia se dio en septiembre de este año. Mónica García anunció que quería acelerar la eutanasia con una ley que reduzca los plazos judiciales. Para ello hizo referencia al caso de Francesc Augé, un catalán de 55 años que ha pedido en reiteradas ocasiones la eutanasia tras sufrir cuatro ictus, dos infartos, poseer dificultades en el habla y la pérdida de sensibilidad en un brazo, y que ha intentado suicidarse este sábado. Y es que, para él el impacto más grave es el psicológico.

La Ministra de Sanidad subrayó la necesidad de que se apruebe la proposición de ley que acortará los plazos judiciales en los casos de eutanasia, a través de la modificación de la Ley Orgánica Reguladora de la Eutanasia (LORE) y la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa. Una vez más ha demostrado que la vida no le importa.