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Consejo de ministros de este martes

Consejo de ministros de este martesEuropa Press

El Gobierno declara zona catastrófica los municipios afectados por incendios, terremotos e inundaciones

También podrán acogerse a estas ayudas las personas físicas o jurídicas que hayan realizado prestaciones personales o aportado bienes para colaborar en la respuesta a las distintas situaciones de emergencia

El Consejo de Ministros ha acordado declarar zonas gravemente afectadas por una emergencia de protección civil, la figura anteriormente conocida como zona catastrófica, a distintos municipios afectados por 112 episodios adversos registrados en 14 comunidades autónomas entre el 27 de julio y el 31 de agosto de 2026. Entre los sucesos incluidos figuran la serie sísmica de Granada, los incendios forestales registrados durante el verano, las olas de calor, las lluvias intensas y las inundaciones. Así lo ha avanzado la ministra portavoz, Elma Saiz, durante la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros.

A partir de esta declaración, las personas y entidades que puedan acreditar daños ya tienen la posibilidad de dirigirse a la Secretaría General de Protección Civil y Emergencias, dependiente del Ministerio del Interior, para solicitar las correspondientes ayudas. Estas compensaciones están destinadas a paliar daños personales, desperfectos materiales sufridos en viviendas y enseres, gastos asumidos por las corporaciones locales y perjuicios ocasionados en establecimientos industriales, mercantiles y de servicios.

También podrán acogerse a estas ayudas las personas físicas o jurídicas que hayan realizado prestaciones personales o aportado bienes para colaborar en la respuesta a las distintas situaciones de emergencia incluidas en el acuerdo aprobado por el Ejecutivo.

El Ministerio del Interior estudiará, además, la posibilidad de establecer una exención de las tasas correspondientes al Organismo Autónomo Jefatura Central de Tráfico. Esta medida podría aplicarse a la expedición de duplicados de permisos de circulación o de conducción y a la tramitación de bajas de vehículos siniestrados. Asimismo, se contempla la posibilidad de eximir del pago por la expedición del DNI cuando este documento se haya perdido o destruido como consecuencia de alguno de los episodios recogidos.

El acuerdo aprobado por el Consejo de Ministros abre igualmente la puerta a la adopción de medidas por parte de otros departamentos. Hacienda deberá concretar, entre otras actuaciones, la exención de la cuota del Impuesto sobre Bienes Inmuebles y la reducción de la cuota del Impuesto sobre Actividades Económicas. Del mismo modo, y como ocurre habitualmente en este tipo de situaciones, las ayudas destinadas a compensar daños personales quedarán exentas del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

Por otro lado, los ministerios de Trabajo y Economía Social y de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones podrán poner en marcha medidas como bonificaciones y exenciones en las cuotas de la Seguridad Social. En paralelo, el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática podrá conceder ayudas de hasta el 50 % para aquellos proyectos que ejecuten las entidades locales con el propósito de reparar infraestructuras, instalaciones y equipamientos municipales dañados.

Dentro del ámbito de sus respectivas competencias, todos los departamentos ministeriales quedarán facultados para declarar zonas de actuación especial y también para tramitar como emergencia las obras necesarias para reparar los desperfectos provocados en infraestructuras de titularidad pública situadas en los territorios incluidos en el acuerdo.

De este modo, podrán recibir la consideración de obras, servicios o suministros de emergencia los contratos destinados a reparar o mantener infraestructuras, equipamientos y servicios. La misma consideración podrá aplicarse a los trabajos de reposición de bienes perjudicados y a las actuaciones destinadas a valorar los daños, con independencia de la cuantía económica de los contratos.

El acuerdo permite asimismo declarar urgente la ocupación de los bienes afectados por las expropiaciones que puedan derivarse de la ejecución de las obras, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de Expropiación Forzosa, de 16 de diciembre de 1954. Saiz ha señalado que «Estas medidas podrán ampliarse cuando se disponga de una evaluación más completa de los daños, con el objetivo siempre de favorecer la salud, la recuperación y el retorno a la normalidad».

Terremotos, incendios o tormentas

Entre los acontecimientos contemplados durante el periodo fijado por el Consejo de Ministros, el Ministerio del Interior ha destacado especialmente la serie sísmica registrada en Granada a lo largo del mes de agosto. Junto a ella, el listado incorpora los diferentes incendios forestales producidos en Andalucía, Aragón, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Comunidad de Madrid, Comunidad Foral de Navarra, Comunidad Valenciana, Extremadura, Galicia, Baleares, La Rioja y Región de Murcia.

Interior ha precisado, no obstante, que la relación de zonas afectadas también incluye determinados incendios forestales que comenzaron antes del periodo comprendido entre el 27 de julio y el 31 de agosto de 2026. La razón es que las situaciones operativas correspondientes a esos fuegos fueron comunicadas al Centro Nacional de Emergencias durante ese intervalo temporal.

El acuerdo recoge igualmente distintos fenómenos meteorológicos adversos. Entre ellos sobresalen los episodios de altas temperaturas, las lluvias intensas y las inundaciones, que afectaron principalmente a Cataluña y, en menor medida, a Castilla y León.

A estos sucesos se añaden otros incidentes considerados de especial relevancia desde el punto de vista de la protección civil. Entre ellos aparece el incendio registrado en la línea 1 del Metro de Barcelona.

También se incluye la interrupción temporal de las comunicaciones del servicio de emergencias 112 de Cataluña como consecuencia de las fuertes lluvias. La relación incorpora, además, la activación de una situación de prealerta ante el riesgo de contaminación marina provocado por la vía de agua sufrida por una embarcación pesquera en Gran Tarajal.

Por último, el acuerdo del Consejo de Ministros tiene en cuenta diversos accidentes relacionados con sustancias peligrosas que se produjeron en instalaciones situadas en las provincias de Barcelona, Albacete, Huesca y Las Palmas.

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