España cambia el mapa de las inundaciones: el Gobierno quiere dejar de construir en las zonas de mayor riesgo

En los últimos años hemos presenciado graves catástrofes naturales en nuestro país, como la erupción del volcán de La Palma o las inundaciones como consecuencia de la dana ocurrida en la provincia de Valencia. Precisamente por esta última, y tras otras riadas ocurridas en varias zonas de nuestro país, el Gobierno promovió en julio un nuevo Real Decreto para reforzar la prevención frente a inundaciones.

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Democrático (Miteco) sometió a consulta pública este nuevo proyecto que modifica el Reglamento del Dominio Público Hidráulico y el Real Decreto de evaluación y gestión de los riesgos de inundación. Entre las propuestas, reforzar la regulación de los usos del suelo en función del riesgo de inundación, impulsar una planificación territorial más resiliente y mejorar la información disponible para la ciudadanía, así como plantear la creación del Catálogo Nacional de Inundaciones Históricas y la elaboración de programas municipales de adaptación en los municipios con mayor riesgo.

En la práctica, se intenta endurecer el uso del suelo para evitar que se construya en zonas inundables y que, de producirse una lluvia torrencial, todas esas casas sean arrolladas por el agua como ocurrió en Valencia. Desde el Miteco explican que la futura norma pretende «evitar que siga aumentando la exposición de personas, bienes e infraestructuras al riesgo de inundación» mediante una «mejor ordenación del territorio, el impulso de la adaptación y el fortalecimiento de la prevención, la formación y la transparencia».

El proyecto plantea endurecer las condiciones para usar y construir en zonas con riesgo de inundación. En las zonas de flujo preferente se busca mantener el carácter rural del suelo y limitar las actuaciones a las destinadas a reducir el riesgo.

En las áreas ya urbanizadas, se plantea impedir nuevos usos residenciales, además de garajes, sótanos y otras instalaciones bajo rasante. En el resto de zonas inundables se establecerán condiciones para reducir la vulnerabilidad de las construcciones.

Mejor planificación frente a las riadas

Los planes urbanísticos deberán incorporar los mapas oficiales de riesgo de inundación en un plazo máximo de cinco años. Además, los municipios con mayor riesgo tendrán que elaborar programas de adaptación. El proyecto también contempla crear un Catálogo Nacional de Inundaciones Históricas para recopilar información sobre episodios anteriores.

La norma incluye medidas para mejorar la formación de los empleados públicos y la preparación de la población ante las inundaciones. También se pretende aumentar la transparencia en la compraventa de viviendas, informando sobre si los inmuebles están situados en zonas inundables.

Paralización del urbanismo

Pero este Real Decreto levanta suspicacias entre otros sectores, como el de la construcción, que apunta a que podría tensionar aún más el mercado de la vivienda. Es el caso de la Asociación de Promotores Inmobiliarios de Madrid (Asprima), que advierte de que este proyecto sobre gestión del riesgo de inundación puede generar inseguridad jurídica y afectar al suelo urbano, la vivienda y el planeamiento en toda España.

La patronal considera que la norma podría ralentizar el desarrollo urbanístico. Según señala, el propio proyecto identifica cerca de 33.000 hectáreas de usos construidos en zonas de flujo preferente, de las que más de 3.600 corresponden a uso residencial.

Una de sus principales críticas se dirige a la cartografía de inundabilidad, que, según Asprima, pasaría de ser una herramienta técnica a tener efectos directos sobre el desarrollo del suelo. «La cartografía de inundabilidad pasa a decidir qué suelo puede desarrollarse y cuál no, sin un procedimiento claro de aprobación, revisión o recurso», sostiene su director general, Jorge Ginés.

La asociación asegura que las restricciones afectarían tanto a nuevas construcciones como a edificios existentes, proyectos en marcha y suelos con planeamiento aprobado. A su juicio, esto podría dificultar rehabilitaciones, sustituciones de edificios o cambios de uso a residencial.

También cuestiona la prohibición de sótanos y garajes bajo rasante, que considera demasiado amplia, incluso en zonas con una probabilidad de inundación muy baja. Asimismo, advierte de que la obligación de elevar los usos residenciales un metro sobre la cota de inundación podría reducir el aprovechamiento urbanístico y afectar a la viabilidad de algunos proyectos.

Por último, Asprima critica que el decreto no contemple un periodo transitorio. Según Ginés, la norma podría aplicarse inmediatamente después de su publicación, aunque todavía no estuvieran disponibles todos los modelos, instrucciones técnicas o cartografía necesaria.