El Gobierno «más verde» de Sánchez deja leyes pendientes, presas sin rehabilitar y fallos ante catástrofes

El Gobierno de Pedro Sánchez ha llevado siempre por bandera el ecologismo y se ha llegado a autodefinir como el ejecutivo más 'verde' de la historia de España. Con el final de la legislatura y la proximidad de las elecciones, merece la pena hacer un repaso por estos ocho años de mandato: ¿han sido realmente efectivas las políticas medioambientales del Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco)? ¿Se ha hecho todo lo que se debería hacer?

A nivel político, el Ministerio se ha caracterizado por el relevo en su cara visible. Teresa Ribera se alzó como vicepresidenta cuarta en 2020, para luego ascender a la vicepresidenta tercera en 2021. El PSOE decidió presentarla a las elecciones europeas en 2024, tras lo cual asumió la vicepresidencia primera de la Comisión Europea y abandonó el Miteco. Sara Aagesen, hasta ese momento secretaria de Estado de Energía, la sustituye en el puesto, en un claro gesto continuista.

Uno de los puntos principales en la agenda verde de Sánchez era aumentar la potencia renovable de España, especialmente la solar y la eólica. Algo que, en efecto, se ha terminado llevando a cabo, ya que en 2018 había unos 4.714 MW de solar fotovoltaica instalados en España, frente a casi 50 GW en 2025 si se incluye el autoconsumo. La eólica, en cambio, ha tenido un crecimiento mucho más moderado: pasó de unos 23,5 GW en 2018 a alrededor de 33 GW en 2025. En términos sencillos, se podría decir que, en ocho años, España ha multiplicado por más de diez su potencia solar fotovoltaica, mientras que la eólica ha aumentado aproximadamente un 40 %.

Esto, no obstante, también ha traído más de un dolor de cabeza al Ejecutivo, y es que esto ha alterado la infraestructura eléctrica española, que tuvo como gran ejemplo el apagón total de abril de 2025.

Temas pendientes

Además de la senda energética, desde el Miteco se ha hecho mucho hincapié en los efectos del cambio climático y en la necesidad de impulsar un pacto de Estado por la emergencia climática. Sin embargo, ocho años después, esto no se ha llegado a materializar y la legislación para evitar las consecuencias de estos cambios en el clima no han terminado de llegar. El Ejecutivo presentó en diciembre de 2025 un segundo borrador con 15 ejes de actuación después de recibir cerca de 4.000 aportaciones durante el proceso de participación. Más de 250 organizaciones habían mostrado además su adhesión a un documento que finalmente no verá la luz.

También queda pendiente la creación de la Agencia Estatal de Protección Civil y Emergencias, que requiere una ley para su puesta en marcha. El organismo debía sustituir a la actual estructura de la Dirección General de Protección Civil y asumir un papel central en la respuesta ante emergencias.

En materia ambiental, otros proyectos como la reforma de la Ley de Calidad del Aire, la modificación de la Ley de Residuos o distintas normas sobre gestión de inundaciones tampoco podrán culminar su recorrido parlamentario en esta legislatura.

La agenda energética acumula igualmente asuntos pendientes. Entre ellos figuran nuevas reglas para facilitar la conexión de instalaciones renovables y de almacenamiento a la red eléctrica, así como la regulación de los centros de datos y los concursos para asignar capacidad en determinados nudos de transición justa.

El adelanto electoral también introduce incertidumbre sobre programas como el Plan Auto+, destinado a incentivar la compra de vehículos eléctricos. Aunque algunas medidas ya han sido aprobadas, su continuidad y financiación quedarán en manos del próximo Ejecutivo.

El Gobierno, no obstante, mantiene capacidad para aprobar determinadas normas durante el periodo previo a las elecciones. La agenda ambiental de los próximos meses dependerá finalmente de qué iniciativas logren culminar su tramitación antes del cambio de legislatura y cuáles tendrán que ser retomadas por el nuevo Ejecutivo.

Polémicas

Durante esta última legislatura, España ha sufrido algunos de sus episodios ambientales más graves desde la dana de Valencia, que dejó 233 muertos, hasta los grandes incendios forestales. Sin embargo, la proclamada «urgencia climática» del Gobierno no se ha traducido en un refuerzo suficiente de la prevención, ni en materia de refuerzo en la extinción forestal ni en la protección de las zonas inundables, mantenimiento de los cauces ni conservación de las infraestructuras hídricas.

De hecho, varios estudios de los Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos y de la Ingeniería Civil, han alertado de que cerca de la mitad de las presas públicas necesita actualmente trabajos de rehabilitación. Tras las protestas y las reclamaciones de distintos sectores, el Gobierno terminó accediendo a reforzar los medios humanos y a poner en marcha una línea de actuaciones urgentes, cuyo inicio está previsto para 2027.

Los ecologistas, del lado del Gobierno

Las organizaciones ecologistas consideran que los últimos años han convertido a España en uno de los países europeos con una agenda ambiental más ambiciosa. Para estos colectivos, la legislatura de Pedro Sánchez ha estado marcada por el impulso de políticas contra el cambio climático, la protección de la biodiversidad y la transición hacia un modelo energético menos dependiente de los combustibles fósiles.

Sin embargo, reclaman al próximo Gobierno que mantenga esta línea y acelere las medidas que consideran todavía pendientes. Entre sus prioridades figuran reforzar la adaptación frente a los efectos del cambio climático, mejorar la gestión del agua y los bosques, proteger los ecosistemas y avanzar en la reducción de emisiones. Las organizaciones advierten además de que los próximos años serán determinantes para cumplir los compromisos ambientales adquiridos por España y evitar que los avances legislativos queden frenados por los cambios políticos.