
Los SMS y las llamadas de García Ortiz, bajo sospecha
García Ortiz, acorralado: los WhatsApp, SMS y llamadas que podrían salir a la luz
Movistar y Vodafone tendrán que entregar al juez información suficiente como para conocer qué escondía el fiscal general en su móvil, otro asunto más complicado será la petición a Meta
El magistrado del Tribunal Supremo, Ángel Luis Hurtado, encargado de la instrucción del caso en el que figura como imputado el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha ordenado a las operadoras de telefonía Vodafone y Telefónica Movistar que faciliten información crucial para la investigación. Tal y como publicó este periódico, la solicitud incluye los datos de tráfico de las llamadas realizadas y recibidas desde dos terminales propiedad del titular del Ministerio Público.
El caso, que investiga una presunta revelación de secretos sobre datos personales del novio de Isabel Díaz Ayuso, ha requerido acciones específicas para esclarecer las comunicaciones mantenidas desde los dispositivos móviles investigados. Estas medidas buscan arrojar luz sobre posibles irregularidades y establecer si existen elementos incriminatorios en la conducta del fiscal general, que se deshizo de sus terminales y borró todos los mensajes, casualmente, una semana después de ser encausado.
Vodafone y Movistar
Los operadores de telefonía requeridas (Movistar y Vodafone) manejan volúmenes importantes de datos sobre las comunicaciones de sus usuarios y están legalmente obligadas a colaborar con las autoridades judiciales cuando se requiere información en el marco de una investigación, algo que es bastante habitual en investigaciones policiales.
El plazo de cumplimiento para este tipo de peticiones, según el artículo 7 de la Ley 25/2007, de 18 de octubre, de conservación de datos relativos a las comunicaciones electrónicas y a las redes públicas, será «el fijado en la autorización judicial y, si no se establece, la cesión debe realizarse en un plazo de 7 días naturales contados a partir de las 8:00 horas del día natural siguiente a aquél en el que se recibe la orden».
El acceso a estos datos no incluye el contenido de las conversaciones
Es más, están legalmente obligados por esta ley a conservar determinados datos relativos a las comunicaciones electrónicas durante un periodo de 12 meses desde que se produce la comunicación. Una vez transcurrido el periodo de conservación legalmente establecido, los datos ya no pueden recuperarse.
El Debate ha podido saber que tanto Vodafone como Telefónica deberán proporcionar detalles del tráfico de llamadas de los terminales bajo investigación. Este tipo de datos incluye, según el artículo 3 de la mencionada ley:
- Números de origen y destino de las llamadas.
- Duración de las comunicaciones.
- Horarios y fechas de las llamadas.
- Ubicación de las antenas de telefonía móvil utilizadas al inicio de la comunicación.
- Tipo de comunicación y equipo utilizado.
El acceso a estos datos no incluye el contenido de las conversaciones, ya que están protegidas por el derecho a la intimidad. Sin embargo, el análisis del tráfico puede ofrecer patrones y relaciones relevantes para los investigadores.
Los datos conservados son los relativos a las comunicaciones por teléfono o mensaje (número A/B, duración de la llamada, hora de inicio/fin, …). Es decir, podrán proporcionar los datos de la existencia de una llamada o un mensaje, pero no su contenido.
En paralelo, el magistrado Hurtado ha solicitado la intervención de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, una de las divisiones más especializadas en investigaciones de alta complejidad tecnológica. El requerimiento específico es que la UCO informe sobre la posibilidad de recuperar contenidos vinculados a aplicaciones de mensajería instantánea, entre ellas WhatsApp, aunque también podría estar implicada la plataforma Telegram.
El Debate ha podido saber que las operadoras disponen y conservan los datos de los servicios de comunicaciones electrónicas que presta. Esto quiere decir que no tienen, ni pueden tener los datos de servicios prestados por otros proveedores, denominados OTT, a través de aplicaciones como WhatsApp o Telegram. Si los mensajes se hacen a través de esta aplicaciones solo tendrán información de conexión de datos genérica, pero en ningún caso del contenido. Es decir, si se hace una llamada a través de una aplicación se reflejará como conexión de datos y no como llamada.
Si los mensajes se hacen a través de WhatsApp o Telegram solo tendrán información de conexión de datos genérica
WhatsApp, propiedad de Meta, es una de las plataformas de mensajería más utilizadas en España. Las comunicaciones a través de esta aplicación están protegidas por un cifrado de extremo a extremo, lo que significa que solo los usuarios que participan en la conversación pueden acceder al contenido. Sin embargo, la UCO cuenta con herramientas avanzadas y conocimientos técnicos que podrían permitir, en ciertos casos, recuperar mensajes eliminados, siempre y cuando se disponga del acceso físico al dispositivo y se cumplan con las normativas legales establecidas.
Cifrado de extremo a extremo
A pesar de los avances tecnológicos, las investigaciones que involucran aplicaciones como WhatsApp se enfrentan desafíos importantes. El cifrado de extremo a extremo se ha convertido en una barrera importante para la recuperación de mensajes, ya que protege tanto la privacidad como la seguridad de los usuarios. No obstante, existen métodos alternativos que podrían ser utilizados por los investigadores:
- Análisis forense de dispositivos: con el acceso físico al móvil, es posible realizar una copia de seguridad cifrada y recuperar información previamente eliminada.
- Copia de seguridad en la nube: si el usuario tiene habilitadas las copias de seguridad en servicios como Google Drive o iCloud, es posible acceder a estos respaldos con las credenciales correspondientes o mediante autorización judicial.
- Metadatos: aunque no proporcionan el contenido de los mensajes, los metadatos pueden revelar información valiosa como horarios, contactos y frecuencia de comunicaciones.
La cooperación entre operadoras de telecomunicaciones, unidades especializadas como la UCO y el poder judicial será fundamental para avanzar en un caso que puede implicar directamente al Gobierno.