La medida se aplicará a un listado específico de bienes
Dispositivos
La Unión Europea obligará a las marcas a ofrecer reparación de móviles y televisores fuera de garantía
Con la fecha límite de incorporación fijada para el viernes 31 de julio de 2026, España apura los plazos normativos para evitar un expediente de infracción
Una nueva directiva comunitaria cambiará por completo las reglas del juego en el servicio posventa de productos tecnológicos y electrodomésticos. La Unión Europea ha aprobado el denominado derecho a reparar a través de la Directiva UE 2024/1799, una normativa que obligará a los fabricantes a ofrecer el servicio de reparación de determinados productos una vez que haya expirado su periodo de garantía legal.
Con la fecha límite de incorporación fijada para el viernes 31 de julio de 2026, España apura los plazos normativos para evitar un expediente de infracción por parte de la Comisión Europea.
Esta normativa no implica que los arreglos realizados fuera del periodo de garantía vayan a ser gratuitos, sino que los fabricantes estarán obligados a prestar el servicio técnico a un precio razonable, sin tarifas disuasorias y dentro de unos plazos adecuados. Además, las marcas no podrán negarse a arreglar un dispositivo porque haya sido manipulado previamente por un técnico independiente o contenga piezas compatibles que no sean originales.
La medida se aplicará a un listado específico de bienes para los que la legislación europea fija requisitos de reparabilidad, entre los que figuran teléfonos móviles, tablets, televisores, pantallas, frigoríficos, lavadoras, lavavajillas y aspiradoras.
Como novedad destacada, si un consumidor elige reparar un producto que todavía está en garantía en lugar de exigir su sustitución, la cobertura legal que ofrece el vendedor se ampliará obligatoriamente en al menos 12 meses adicionales.
Retraso legal y riesgo sancionador
El Gobierno incluyó estas exigencias europeas dentro del anteproyecto de Ley de Consumo Sostenible en julio de 2025, pero la norma todavía no ha completado su tramitación ni ha sido publicada en el Boletín Oficial del Estado.
Si España no aprueba las disposiciones nacionales necesarias antes de que venza el plazo del 31 de julio, la Comisión Europea podrá iniciar un procedimiento de infracción por falta de transposición.
