Meta pacta el precio de rediseñar Instagram y Facebook

Arturo Béjar trabajó durante años en los equipos de seguridad de Meta y decidió volver a la empresa, según ha contado él mismo, después de ver lo que su hija adolescente sufría en Instagram. La semana pasada, convertido en uno de los primeros testigos de peso de uno de los mayores juicios afrontados por la compañía de Mark Zuckerberg, explicó ante un tribunal federal de Oakland, en California, por qué consideraba que las herramientas de protección de Instagram no cumplían su función. El problema, declaró, era que muchas eran opcionales y casi ningún adolescente las activaba, de manera que confiar en ellas venía a ser como conducir un coche en el que el airbag tuviera que encenderse a mano antes de cada trayecto.

Si recibe la aprobación judicial prevista, el juicio concluirá sin una sentencia sobre el fondo. Meta ha alcanzado un acuerdo con 47 estados, el Distrito de Columbia y varios territorios estadounidenses por el que pagará hasta 17.100 millones de dólares y aplicará un conjunto de medidas de seguridad para niños y adolescentes en Instagram y Facebook. El acuerdo, anunciado apenas unos días después del comienzo de la vista, pone fin a las reclamaciones de los estados que acusaban a la compañía de haber diseñado sus plataformas con funciones adictivas, exponer conscientemente a los menores a graves daños y engañar al público sobre su seguridad.

El diseño que no llegó a juzgarse

La columna vertebral de la acusación no eran solo los informes de expertos externos, sino los documentos internos de la propia empresa. Entre ellos figuraba el Proyecto Mercury, una investigación desarrollada en 2020 con la consultora Nielsen para comprobar qué ocurría cuando una persona dejaba de utilizar Facebook durante una semana. Según documentos aportados en otro litigio y citados por los estados, quienes se desconectaban declaraban durante ese periodo menores niveles de depresión, ansiedad, soledad y comparación social.

Además, según los demandantes, un estudio interno sobre usuarios de entre 10 y 12 años concluía que, cuanto antes empieza un usuario a utilizar las plataformas, mayor es su fidelidad y su valor económico a largo plazo. Los estados reprochaban a Meta también su gestión de las cuentas de menores de 13 años porque, según la demanda, la empresa podía cerrar el perfil de Facebook de un niño por no tener la edad exigida y mantener, sin embargo, activa su cuenta vinculada de Instagram.

Los antecedentes

En marzo de este año, un jurado de Los Ángeles ya declaró negligentes a Meta y Google en el diseño y la operación de Instagram y YouTube y concedió seis millones de dólares a una joven que empezó a utilizar esas plataformas siendo niña. El veredicto fue relevante porque abordó el diseño de las aplicaciones desde la responsabilidad por producto y no solo como un problema de contenidos generados por terceros.

También pesaba el precedente de Nuevo México. Tras una sanción civil de 375 millones de dólares impuesta después de un veredicto del jurado por vulneraciones de la normativa estatal de protección del consumidor, un juez ordenó medidas adicionales valoradas en 567 millones de dólares, junto con reformas destinadas a reforzar la protección de los menores. La cuantía total ascendió así a 942 millones. Meta ha anunciado que recurrirá.

Lo que Meta tendrá que cambiar

Durante el juicio, Meta sostuvo que la salud mental de un adolescente depende de muchos factores (familiares, sociales y escolares) y que atribuir la crisis juvenil a una sola aplicación resulta reduccionista. También negó que sus productos hubieran sido diseñados para explotar deliberadamente la vulnerabilidad de los menores, defendió las inversiones realizadas en supervisión parental y discutió que los estados hubieran demostrado un daño jurídicamente atribuible a la compañía.

El acuerdo no equivale a una sentencia que declare probadas todas las acusaciones ni supone que Meta admita haber actuado ilícitamente. En los términos del pacto propuesto, Instagram y Facebook deberán aplicar a los menores un límite conjunto de dos horas diarias y pausas obligatorias después de 15 minutos de uso continuado y al alcanzar los 60 y 90 minutos. Si Snapchat, TikTok y YouTube aceptan condiciones comparables, el límite pasará a ser de una hora diaria en cada plataforma durante diez años.

También se prevé bloquear el acceso de los menores entre la medianoche y las seis de la mañana y se eliminarán las notificaciones durante el horario escolar. Meta tendrá que reforzar la comprobación de la edad, los controles parentales y la protección frente al acoso y los contenidos relacionados con trastornos alimentarios, suicidio y autolesiones.

El acuerdo limita, además, herramientas de comparación social, como los filtros de belleza y los contadores visibles de me gusta. Un auditor independiente y los propios estados evaluarán, tanto la implantación, como la eficacia de todas estas medidas.

El precio de la atención

Meta pagará hasta 17.100 millones de dólares, aunque una parte de la cuantía depende de determinadas condiciones y su desembolso se extenderá durante varios años. Es uno de los mayores acuerdos estatales de protección del consumidor alcanzados con una gran empresa tecnológica.

Sin embargo, para el futuro del negocio puede ser más importante el rediseño obligatorio de Instagram y Facebook que la cantidad final. Las medidas afectan a mecanismos estrechamente vinculados al negocio publicitario. Más tiempo dentro de la aplicación significa más oportunidades de mostrar anuncios; limitarlo altera el inventario publicitario y obliga a medir de otra manera el valor de la atención de los menores. El juicio de Oakland no ha hecho desaparecer Instagram ni Facebook, pero puede cambiar la forma en que una generación entera los utiliza. La atención humana no parece que pueda seguir tratándose como una materia prima inagotable, o no de la misma forma que conocemos.