
Banderas en la entrada de Parlamento Europeo en Estrasburgo
El PSOE evita exigir responsabilidades a la UE por los pagos al lobby verde
Los europarlamentarios de PP y Vox han sido especialmente incisivos
El lío por los supuestos pagos de la Unión Europea (UE) a asociaciones ambientalistas continúa. Los contratos de 700.000 euros con los que la Comisión Europea (CE) habría financiado a las organizaciones que apoyaran el Pacto Verde han acaparan buena parte de las conversaciones en la sede de la democracia continental.
Según cuentan fuentes presentes en el terreno, «lo sabemos porque estamos aquí», durante toda la semana el Parlamento Europeo ha cuestionado a la Comisión por el dinero que, tal y como destapó el diario holandés De Telegraaf, se habría utilizado para sostener a los lobbies que respaldaran las políticas verdes que planteaba Bruselas.
El presunto caso de corrupción que acecha a la institución ha despertado la desconfianza en el hemiciclo, donde los europarlamentarios españoles de PP y Vox han sido especialmente incisivos.
La CE llegó incluso a reconocer el problema y, en palabras de Piotr Serafin, comisario europeo de Presupuesto, Lucha contra el Fraude y Administración Pública, señaló que «no fue apropiado que algunos servicios de la Comisión firmaran acuerdos que obligaran a las ONG a presionar específicamente a los miembros del Parlamento Europeo»; sin embargo, el PSOE ha evitado preguntar al respecto.
«Los pagos de la CE a las asociaciones ambientalistas se hicieron en el segundo trimestre de 2023, durante la presidencia de España. Al mismo tiempo se cerró la Ley de la Restauración de la Naturaleza y durante la negociación, el ex comisario ahora en el foco, Frans Timmermans, la entonces ministra de Transición Ecológica Teresa Ribera, y el eurodiputado socialista César Luena fueron uña y carne», apuntan las fuentes, que califican como normal que el PSOE evite exigir responsabilidades, ya que buena parte de los 700.000 euros se habrían gastado en esa etapa.
Las negociaciones interinstitucionales entre el Parlamento, el Consejo de la UE y la Comisión, los llamados trílogos, las protagonizaron el vicepresidente Timmermans por parte de la Comisión Europea; Teresa Ribera por parte del Consejo de Ministros de la UE y César Luena por el Parlamento Europeo.
«Hemos logrado un acuerdo para recuperar aquello que nos genera no solamente vida, también servicios económicos y sociales, que impacta en el bienestar de las personas y en la viabilidad de la mayor parte de nuestras actividades, incluida, cómo no, la seguridad alimentaria», celebró en su momento Ribera; mientras que Luena apuntó que la importancia de la política común de restauración radicaba en que «no solo resuelve el estado de los ecosistemas que están degradados, sino que además sirve para luchar contra los efectos del cambio climático».
Implicaciones legales
La organización profesional agraria mayoritaria en España, Asaja, ha denunciado desde su oficina permanente en Bruselas las implicaciones legales, éticas y políticas que relaciona a la CE con las asociaciones ambientalistas que alentaban el Pacto Verde.
Según Asaja, la supuesta asignación de fondos a organizaciones medioambientales para actividades de lobby plantea interrogantes sobre el uso ético de los recursos públicos. «Los fondos públicos están destinados a servir al interés colectivo, no a promover agendas políticas específicas o influir en debates de manera sesgada», explican a El Debate.
Asaja critica que los fondos se utilizaron «sin la debida divulgación o rendición de cuentas»
Los agrarios destacan la falta de transparencia que evidencia la CE, ya que la información del medio holandés sugiere que estos fondos se utilizaron «sin la debida divulgación o rendición de cuentas. Esto socava la confianza en el proceso de toma de decisiones».
Asaja apunta a que asignar objetivos específicos de lobby a las ONG crea un conflicto de intereses. Asimismo, el campo lamenta que las reformas promovidas por Timmermans, particularmente bajo el Pacto Verde, ya han ejercido una presión significativa sobre el sector agrícola: «Las presuntas actividades de lobby podrían haber influido injustamente en políticas que afectan negativamente a los agricultores».
El uso indebido de fondos públicos, la violación de los estándares de transparencia y rendición de cuentas y la influencia indebida en los procesos de formulación política son los tres argumentos principales del campo para formular una demanda desde el Parlamento Europeo. Además, exigen una investigación independiente por parte del Defensor del Pueblo Europeo o del Tribunal de Cuentas Europeo para rastrear la asignación y el uso de estos fondos y presentar una denuncia ante la OLAF.