El Gobierno propone llenar de placas solares un suelo agrícola protegido y con alta capacidad productiva

El sueño alcanzable para los habitantes de San Miguel de Salinas (Alicante) siempre ha sido optar a una de las parcelas que con el trasvase Tajo-Segura se convirtieron en las mejores fincas de regadío del entorno.

«Son terrenos excepcionales», apunta en conversación con El Debate José Vicente Andreu, presidente de Asaja Alicante, que describe un valle de aluvión cuyo suelo goza de una fertilidad única gracias a los sedimentos acumulados durante miles de años.

Se trata de un enclave con derechos de riego generosos, sin demasiada exposición al viento y en el que ni hiela ni graniza. En definitiva, fincas de regadío declaradas de interés nacional por la Ley 52/1980, de 16 de octubre, de Regulación del Régimen Económico de la explotación del acueducto Tajo-Segura y con alta capacidad productiva.

Este ha sido el lugar propuesto por el Ministerio de Transición Ecológica y el Reto Demográfico para instalar un parque fotovoltaico de 200 hectáreas que suministre de energía a la desaladora de Torrevieja.

«Es una de las mejores zonas de regadío del país. ¿Por qué no se instalan las placas solares en suelos de secano sin protección ambiental que hay disponibles en la zona?», lamenta Andreu, que apunta que todo responde a una maniobra iniciada bajo el mandato de Teresa Ribera, exministra de Transición Ecológica y ahora vicepresidenta ejecutiva para una Transición Limpia, Justa y Competitiva en la Comisión Europea.

«El Ministerio se ha metido en un lío por el compromiso del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, cuando dijo que acabaría con el trasvase Tajo-Segura en un mitin en la plaza de toros de Albacete. A eso hay que sumar el interés de Ribera por dañar al regadío», indica Andreu, que señala que esta propuesta del Ejecutivo es una huida hacia delante.

La asociación considera que esta decisión forma parte de una estrategia del Gobierno contra el sector primario, y acusa al Ministerio de querer acabar con la agricultura de regadío del Levante, la más productiva del país. Asaja recuerda que no se trata de un caso aislado: «Es una situación más en una larga lista de agravios, como la aplicación de caudales 'ideológicos' que reducen el trasvase al Segura sin justificación ecológica, o la falta de voluntad política para ejecutar infraestructuras esenciales, como las tuberías para llevar el agua desalada a todos los regantes».

Andreu tacha el proyecto de inadmisible y lo califica de «delito ambiental», señalando que solo puede entenderse como una excusa para no conectar la desaladora con el trasvase, lo que hipoteca el futuro del regadío en la provincia.

El dirigente de Asaja Alicante sostiene que con la ubicación que propone el Ministerio que actualmente encabeza Sara Aagesen el objetivo es llegar a 2027 sin hacer nada: «Con este emplazamiento lo que plantean es llevar el agua desde la desaladora de Torrevieja a Almería, lo que es un disparate medioambiental y energético porque requeriría hacer una tubería en contra de la pendiente y atravesando un paraje protegido, todo por no coger agua del trasvase», condena Andreu, que incide que cuando el gobierno regional reciba el proyecto para elaborar el informe medioambiental lo tendrá que rechazar para no incurrir en prevaricación.

«Eso se producirá en un contexto de presión de los regantes presionaremos por esa tubería, pero lo que pasa es que el Ministerio pretende hacer un embalse en la cima de una sierra protegida. Es como tener que aprobar un proyecto para construir un embalse en la punta de la Torre Eiffel», asevera Andreu, que atribuye todo a una estrategia para llegar a 2027 sin tener que asumir una decisión impopular: «Entonces, el Ministerio de Transición Energética habrá conseguido su objetivo: dañar la agricultura de regadío y salvar el compromiso que adquirió Pedro Sánchez sobre el trasvase».