La Comisión Europea justifica la aplicación del acuerdo con Mercosur tras «estrechos contactos con diputados»

La maniobra de la Comisión Europea para imponer la aplicación provisional del acuerdo con Mercosur (Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil) permitirá la entrada en funcionamiento del trato sin obtener el visto bueno del Parlamento Europeo.

La formula planteada por la Comisión Europea (CE) permite la aplicación provisional del pacto únicamente con el visto bueno del Consejo y cuando un país del Mercosur notifique la finalización del proceso, algo que ha sido condenado desde el Parlamento Europeo, que aprobó la solicitud de un dictamen al TJUE (Tribunal de Justicia de la UE) para asegurar la legalidad del acuerdo antes de pronunciarse.

SOS Rural, el movimiento ciudadano cuyo objetivo es poner en valor la actividad productiva y social del medio rural, se ha dirigido por carta con la Comisión Europea después de conseguir casi 17.000 firmas exigiendo «que no sentencie al sector primario europeo instaurando Mercosur por la puerta de atrás». La misiva ha sido respondida por la Comisión Europea, que justifica que la aplicación provisional que rechazan los agentes del campo se ha producido «tras mantener estrechos e intensos contactos con el Consejo y con diputados del Parlamento Europeo».

Leopoldo Rubinacci, subdirector general de la Dirección General de Comercio y Seguridad Económica de la CE, apunta en su respuesta que «los productores y exportadores de la UE necesitan urgentemente acceder a nuevos mercados, y la UE debe cumplir su programa de diversificación y demostrar que sigue siendo un socio comercial fiable y previsible».

«¿Beneficiarse del acuerdo? Que les expliquen estos supuestos beneficios desde la CE a los sectores más vulnerables del campo europeo, como las carnes de vacuno, de ave, de porcino, la miel, el arroz, el azúcar, los cítricos y determinadas frutas y hortalizas, que con la entrada de grandes contingentes procedentes de Mercosur van a ser víctimas de una caída de precios que va a arruinar a miles de explotaciones familiares», replica Natalia Corbalán, portavoz nacional de SOS Rural, que ahonda en que esta alianza «paradigma de la competencia desleal», supone un riesgo económico, sanitario, jurídico y territorial para nuestro sector primario y para todos los ciudadanos europeos.

La institución europea escuda sus acciones sobre la puesta en marcha provisional del acuerdo en que se han producido «tras mantener estrechos e intensos contactos con dirigentes del Consejo y con diputados del Parlamento Europeo», algo que SOS Rural denuncia como tramposo, ya que esa no es la posición oficial de la institución, que no ha ratificado el acuerdo y ha solicitado un dictamen al TJUE sobre la compatibilidad del acuerdo UE-Mercosur con los tratados.

«La CE defiende que ha hablado con diputados del Parlamento Europeo para justificar la puesta en marcha provisional de Mercosur, pero la realidad es que esta decisión sin la aprobación del Pleno de la institución que representa la voz de todos los ciudadanos europeos vulnera el principio de lealtad institucional y pone la puntilla a un sector, el primario, que nos da de comer a todos», condena Corbalán.

Rubinacci, en representación de la Comisión, sostiene que el tratado cuenta con «contingentes arancelarios bien calibrados», que se introducirán de forma gradual y específica para proteger sectores agrícolas sensibles, limitando el acceso al mercado a contingentes de importación restringidos. «La solución no pasa por contingentes arancelarios, sino por garantizar una reciprocidad normativa real, igualdad competitiva y protección preventiva de los sectores vulnerables, que sólo es posible a través de cláusulas espejo reales», reprocha la portavoz de SOS Rural.

«¿Quién fiscaliza los controles en las distintas aduanas de los diferentes países de la UE? (...) El papel lo aguanta todo, pero la realidad es que no existe un control superior al aplicado por las diferentes naciones de los productos que entran por las fronteras de los países de la UE, de manera que la implementación y ejecución de esos controles recaen en las autoridades nacionales de cada Estado miembro, lo que convierte las aduanas en verdaderos coladeros en función de los intereses de cada país», asevera Corbalán.