El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, es recibido por el Rey de Marruecos, Mohamed VI, en 2024
La transigencia del Gobierno con Marruecos inquieta al campo español tras la crisis de Ceuta
Los agricultores reclaman que la cooperación con el vecino del sur en el control de fronteras no debe negociarse mediante contrapartidas que refuercen la capacidad agroexportadora de los africanos
14 de marzo de 2022. Pedro Sánchez, presidente del Gobierno de España, se dirige por carta a Mohamed VI, rey de Marruecos, para –sin previo debate parlamentario ni consenso político– reconocer la propuesta de autonomía de Marruecos sobre el Sáhara Occidental como «la base más seria, creíble y realista para la resolución de esta disputa».
La comunicación, difundida cuatro días más tarde por la Casa Real marroquí, cambiaba por completo la posición de España sobre el Sáhara Occidental, último territorio africano pendiente de descolonización.
Esta acción implicó una cesión histórica del Gobierno de España que respaldaba el plan marroquí. La misiva de Sánchez tenía lugar apenas un mes después de la crisis diplomática generada con el vecino del sur por acoger en un hospital de La Rioja Brahim Gali, líder del Frente Polisario, y enemigo declarado del reino magrebí.
La respuesta del Ejecutivo español fue una cesión a las pretensiones de Marruecos, algo que se ha perpetuado en los últimos años también en Bruselas, donde la agricultura y la ganadería nacional es víctima directa de las concesiones para satisfacer los intereses de Mohamed VI.
Así se siente desde las explotaciones agrarias la alianza comercial entre la Unión Europea (UE) y Marruecos que, entre otras cosas, incluye los territorios del Sáhara Occidental en la preferencia comercial, algo que fue declarado ilegal en la sentencia del 4 de octubre de 2024 del TJUE.
Esta determinación de la Justicia europea no ha impedido que se mantenga el favor a Marruecos, dado que el Consejo de la UE entiende que Marruecos cuenta con el consentimiento «de manera implícita» para explotar recursos naturales del Sáhara Occidental, ya que, al ser un territorio no autónomo, se puede presumir el consentimiento siempre que el acuerdo «no dé lugar a ninguna obligación para dicho pueblo y que este obtenga un beneficio específico, tangible, sustancial y verificable de la explotación de los recursos naturales del territorio, proporcional al grado de dicha explotación».
La autoridad sobre los cultivos del Sáhara Occidental representa mucho más que un bien exportador, puesto que la utilización agrícola del suelo saharaui se ha distinguido como un arma colonizadora clave para el la monarquía alauí. Este favor a Marruecos favorece la competencia desleal que ejerce el reino africano, que ya ha adelantado a España como exportador de tomates a la UE.
La crisis migratoria sufrida que ha dejado al menos 141 muertos en Ceuta, con más de 70.000 personas irrumpiendo sin control en la frontera española con la colaboración de las autoridades marroquíes, también amenaza con impactar a los agricultores españoles, que temen nuevas concesiones comerciales, financieras o productivas a Marruecos.
«Los lamentables incidentes del día 30 de julio no pueden servir de excusa para exponer aún más a nuestra agricultura a importaciones que no cumplen las exigencias productivas europeas», trasladan en la Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos, que recuerdan que la propia UE manifestó en enero pasado su intención de modernizar las relaciones comerciales con Marruecos, facilitar inversiones estratégicas y profundizar la cooperación en el sector agrícola.
Unión de Uniones considera imprescindible que el Gobierno de España y la Comisión Europea aclaren «cuanto antes y de forma transparente» el alcance de cualquier negociación y garanticen que el sector agrario no será utilizado como contrapartida dentro de un acuerdo más amplio.
La preocupación transmitida por los agrarios se sustenta en la transigencia demostrada por el Gobierno de Sánchez con Marruecos en los últimos años.
La opacidad de las decisiones tomadas recientemente en el Memorándum de Entendimiento en materia agrícola y agroalimentaria firmado entre España y Marruecos en diciembre de 2025 alimenta esta inquietud: «El Ministerio de Agricultura se ha negado a dar a conocer el contenido invocando la salvaguarda de los intereses de las relaciones exteriores del Gobierno de España, así como de sus intereses comerciales y económicos. Es complicado que en el campo nos fiemos de lo que vayan a acordar con estos precedentes», advierten desde Unión de Uniones.
La organización profesional agraria reclama que la cooperación con Marruecos en materia migratoria y de control de fronteras no debe negociarse mediante contrapartidas que refuercen la capacidad agroexportadora de Marruecos o aumenten la presión sobre los mercados agrícolas españoles y europeo.
«Vamos a estar atentos a cómo se desarrollan los acontecimientos y preparados para responder si se ponen en marcha medidas comerciales o económicas que perjudiquen a los productores españoles», apuntan los agricultores, que exigen respeto a los productores españoles y europeos en la reacción política a la crisis de Ceuta.
