Los invernaderos que licita Marruecos en el Sáhara se regarán con agua de desaladoras financiadas por la UE

La estrategia de Marruecos para proclamar su soberanía sobre el Sáhara Occidental, territorio que ocupa desde la Marcha Verde ordenada por Hassan II en 1975, utiliza la agricultura como una de sus principales herramientas de colonización.

El desarrollo de importantes infraestructuras agrarias en los suelos saharauis ha sido la clave utilizada por el reino magrebí para actualizar su acuerdo comercial con la Unión Europea (UE) y así esquivar la sentencia del TJUE que determinaba ilegal la inclusión de las producciones del Sáhara en el trato.

La baza de Marruecos para renovar su alianza con la UE y poder gozar de la preferencia comercial también en los productos cultivados en el Sáhara pasa por el impacto positivo que deja en el territorio, o al menos así lo entiende el Consejo de la UE. La institución europea considera que en el caso de un territorio no autónomo como el Sáhara Occidental basta con obtener su consentimiento «de manera implícita», porque los habitantes del enclave obtienen «un beneficio específico, tangible, sustancial y verificable de la explotación de los recursos naturales del territorio, proporcional al grado de dicha explotación».

Uno de los grandes proyectos de Marruecos para continuar con su explotación de los recursos del Sáhara y reforzar su desarrollo como potencia mundial hortofrutícola pasa por el levantamiento de 5.000 hectáreas de invernaderos en el suelo de la discordia.

Así lo traza el Plan Generation Green (2020-2030), una apuesta de Mohamed VI que ya tiene sus primeras 1.090 hectáreas a punto para su licitación.

Las 35 parcelas anunciadas por la Agencia para el Desarrollo Agrícola (ADA) de Marruecos están encuadradas «en el marco del proyecto de irrigación de Dajla», tal y como resalta el anuncio, y se alimentarán de una desaladora y un parque eólico construido a 75 kilómetros de la ciudad de Dajla. El coste de estas instalaciones ascenderá a unos 170 millones de euros y, en consonancia con el texto sobre del acuerdo con Marruecos enviado por el Consejo a la Comisión Europea consultado por El Debate, la Unión «proporcionará en primer lugar financiación a la región centrándose en sectores clave, como el agua, incluido el riego, la energía, la lucha contra la desertificación y la desalinización del agua, de conformidad con el principio de desarrollo sostenible».

Según apuntala ADA, que determina que la fecha límite para la presentación de ofertas para estos terrenos es el 31 de agosto de 2026, el agua proporcionada por la desaladora se pagará a parte del coste anual establecido por el alquiler y únicamente podrá ser destinada al riego de los cultivos. El pliego de condiciones precisa que un precio de alquiler anual para cada una de las fincas, que van –con el cambio actual entre dírham y euro– desde unos 640 euros al año para el espacio más pequeño, de 9,7672 hectáreas, hasta los 4.250 euros anuales para la más grande, con 64,8040 hectáreas.

Los términos del acuerdo de asociación UE-Marruecos establecen que las frutas y hortalizas originarias del Sáhara Occidental que entren a la Unión se han de identificar mediante una referencia a la región del producto; sin embargo, la UE «podrá conceder a las autoridades marroquíes competentes las autorizaciones necesarias para expedir certificados de conformidad que acrediten el cumplimiento de las normas de comercialización de la Unión», por lo que es Marruecos quien cuenta con las competencias de estos productos.