El CNIO pagó 80.000 euros por servicios «innecesarios» que ya hacía su propia área administrativa

Un año después de que comenzara la investigación de la Fiscalía Anticorrupción sobre el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO), el proceso sigue activo, avanzando poco a poco en colaboración con la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional. El eje central continúa siendo el presunto desvío de entre 20 y 25 millones de euros del presupuesto de la institución contra el cáncer.

En este contexto, el reciente informe del Tribunal de Cuentas ha puesto de manifiesto las distintas irregularidades en la actividad contractual del CNIO. Analizando el extenso texto, compuesto de casi 200 páginas en la que se resume las deficiencias de la institución, destaca el hecho de que en los ejercicios de 2022, 2023 y 2024 la entidad pagó 67 contratos «menores» por valor de 80.067,98 euros. El quid de la cuestión es que estas contrataciones se llevaron a cabo, según el TC, «con las mismas empresas adjudicatarias de contratos de servicios por procedimiento abierto».

Para más inri, este tipo de servicios ya se cumplían por el área de «Gestión administrativa y financiera» del CNIO, siendo totalmente «innecesarias» para el órgano fiscalizador. Estos contratos se utilizaron, según el informe, como «mecanismo transitorio entre licitaciones o antes de formalizar nuevos contratos», destacando funciones de contabilidad, gestión fiscal o elaboración de estados financieros. Llama la atención esta duplicación de tareas y contratos, teniendo en cuenta de que en 2023 y 2024 había cinco y siete personas asalariadas, respectivamente, en el área administrativa y financiera que cumplían las funciones mencionadas anteriormente.

Finalmente, el Tribunal de Cuentas señala que estos 67 contratos –correspondientes a seis empresas distintas de las que no se facilita el nombre– son de frecuencia anual y en los que «no consta informe justificativo que motive su necesidad, ni la existencia de un sistema de anticipo de caja fija o similar que lo excepcione». Asimismo, el conjunto total invertido en estas seis empresas supera los 17 millones de euros, repartidos en otro centenar de contratos. Sin embargo, en este último caso el TC no ha detectado inicialmente ninguna irregularidad.

«En aras a la racionalización del gasto público y la toma de decisiones, la fundación CNIO debería realizar una supervisión y seguimiento de los contratos que garantice su ejecución en los términos contractualmente acordados, siendo conveniente determinar indicadores que permitan, asimismo, el seguimiento y control de la actividad contractual planificada en su conjunto. El CNIO necesita avanzar en las sendas ya iniciadas relacionadas con el control de los contratos menores de necesidad recurrente para asegurar la planificación de su contratación mediante procedimientos abiertos y con la digitalización en la gestión de la adquisición de bienes, servicios y suministros», añaden.