El presidente de RTVE retiró a España de Eurovisión para forzar la expulsión de Israel sin informes que lo avalen

El presidente de RTVE, José Pablo López, secundó la estrategia de Pedro Sánchez contra Israel con una decisión unilateral: exigir su expulsión de Eurovisión y amenazar con retirar a España si no se cancelaba al Estado hebreo. Y lo hizo todo sin ningún informe que avalara la compatibilidad entre esa campaña política y la función de servicio público que rige el funcionamiento del ente.

El Debate ha accedido al acta del Consejo de Administración censura hasta ahora que demuestra el modus operandi de López al servicio de la Moncloa, dentro de una campaña global de persecución que incluyó el boicot violento a la Vuelta a España, la suspensión de relaciones comerciales con Israel en el ámbito armamentístico y un alineamiento del Gobierno con las posiciones que merecieron incluso un agradecimiento de Hamás.

Y todo ello, a más inri, cuando ya se cocía un acuerdo de paz en Gaza que hoy en día sigue vigente, en el que el líder socialista no ha tenido papel activo alguno. La inquina hacia Israel, eso sí, le permitió al secretario general del PSOE desviar la atención sobre los incontables casos de corrupción que se le amontonan en su partido y su familia, con la inestimable colaboración de RTVE, cuyos principales programas se centraron también en priorizar el pulso con Netanyahu sobre otros nombres como Cerdán, Ábalos, Koldo y el infinito listado de problemas judiciales que cercan a Sánchez.

De momento, RTVE tendrá que esperar al mes de diciembre para saber si, finalmente, España participa o no en Eurovisión 2026. Será entonces cuando se celebre la asamblea general de la Unión Europea de Radiodifusión y allí se discutirá sobre la posible expulsión de Israel. En otro caso y en palabras del presidente de RTVE, José Pablo López, tendrá lugar la salida inmediata de España. Esta decisión unilateral del presidente sobre la participación en un concurso musical tiene una gran transcendencia en la convulsa relación política exterior de España con Israel. Según declaraba José Pablo López, Eurovisión «no es un mero festival de canciones, la carga política que tiene es enorme».

Ahora RTVE se ve obligada a reconocer, según consta en un documento del pasado 5 de noviembre y firmado por Alonso María Morales Fernández, Secretario General y del Consejo de Administración de la Corporación RTVE, al que ha accedido en exclusiva este periódico, que la propuesta elevada por el presidente de la televisión pública carecía de informes sobre las consecuencias que podrían derivarse de una decisión que, tal y como ha reconocido el propio ejecutivo de Televisión Española, entran de lleno en el territorio de la política y de las relaciones exteriores, que corresponden al Presidente, según establece la Constitución Española y la Ley 50/1997 del Gobierno.

Asimismo, según consta en el citado documento, la decisión, que fue adoptada por la mayoría absoluta de sus consejeros, con el voto favorable de diez de sus miembros; el voto en contra de los 4 consejeros designados a propuesta del PP y la abstención del propuesto por Junts, no fue acompañada de estudios o informes que evaluaran las posibles consecuencias económicas que tal salida pudiera conllevar, incluida la eventual responsabilidad por alcance patrimonial.

Esas son algunas de las conclusiones que se pueden obtener tras el análisis de la documentación a la que ha accedido El Debate, pese a que la propia Corporación ha intentado limitar su alcance, censurando las actas del Consejo del pasado 16 de septiembre, en la que quedó aprobado «por diez votos a favor, cuatro en contra y una abstención» que «RTVE no participará en la próxima edición del concurso de Eurovisión, en el caso de que la televisión pública israelí mantenga su participación o esté presente».

El ente público trata de justificar este ‘fundido a negro’ con la excusa de «garantizar la confidencialidad o el secreto requerido en procesos de toma de decisión», omitiendo de esta manera «las opiniones y las manifestaciones literales realizadas por los miembros del Consejo en las deliberaciones», lo que impide conocer las razones por las que RTVE tomó una decisión trascendental para el devenir de Eurovisión, pero también para la política exterior española.

De hecho, así lo explicó el propio José Pablo López al informar sobre esta medida, al afirmar que aunque Eurovisión se proclame como «un festival de canciones que no tiene ninguna consideración política, todos sabemos que eso no es así. Eurovisión tiene muchísimas consideraciones políticas», señaló.

Sin embargo, López se ha permitido el lujo de tomar una decisión de gran calado para las relaciones exteriores de nuestro país sin la ratificación oficial de Moncloa, que debería ser, en ultima instancia, la que marca las directrices en este ámbito, pues en la documentación en poder de este periódico no hay ni rastro de las comunicaciones o instrucciones del Gobierno, ni tampoco de la comunicación oficial de RTVE al Gobierno anunciando la medida, pese a haberlo solicitado expresamente.

No obstante, es pública y notoria la sintonía del presidente del ente público con el propio Gobierno en este asunto y, precisamente, por esa sintonía entre ambos, que va mucho más allá de lo ocurrido con la participación de Israel en Eurovisión, López fue el elegido para el cargo de presidente, después de un 'decretazo' que permitió ampliar el número de consejeros de RTVE y rebajar las mayorías necesarias para su elección y que, además, fue convalidado sin ningún pudor el día siguiente a la dana que asoló Valencia el año pasado.

Además, con este decreto se ampliaban los poderes para el presidente, ya que, tras la modificación legislativa, se limita el poder de control del Consejo de Administración sobre la presidencia, que tendrá la capacidad de contratar cualquier contenido audiovisual para la programación de RTVE y, por tanto, tener el control casi total de los 1.220 millones de presupuesto que gastará la corporación este 2025.

Sin embargo, el presupuesto y los problemas de carácter legal y patrimonial que podrían derivarse de la salida de España del festival de Eurovisión tampoco han sido analizados por López, pues, pese a haberlo solicitado expresamente, el documento remitido por RTVE y firmado por su secretario general, Alfonso Mª Morales, este 5 de noviembre, no hace ninguna referencia a ello.

Únicamente se hacen referencias económicas en el acta correspondiente a la reunión del 16 de septiembre, cuando López comentó que tras la «reunión del grupo de referencia de Eurovisión en Dubrovnik» se decidió que «todos los países que pagan cuota puedan recuperarla si no participan en la final».

De esta forma, queda patente que la mayoría del Consejo de Administración de RTVE, con su presidente a la cabeza ha tomado una decisión de un elevado alcance internacional, sin importar la consecuencias económicas y políticas que ello pudiera con llevar, pese a que su propio contrato marco, aprobado por el Congreso de los Diputados en 2006, incluye la independencia, neutralidad y pluralismo, además de la imparcialidad y el rigor, como principios rectores de su función de servicio público.

De hecho, entre los documentos aportados por RTVE tampoco se incluye ningún análisis que confirme que la retirada de Eurovisión es acorde con la función de servicio público que preside la actuación de RTVE, por mucho que el propio José Pablo López pretendiera defenderla insistiendo en que «las distintas emisoras que formamos parte de la UER no podemos seguir poniéndonos de perfil con lo que está sucediendo en Israel».

Las televisiones de carácter público tienen el deber mantenerse al margen de cuestiones de carácter político y como muestra un botón: la reciente dimisión de dos directivos de la BBC tras las críticas recibidas por Trump: ¿Una segunda oportunidad?, el documental en el que se editó un discurso del presidente estadounidense Donald Trump, de forma que parecía que alentaba explícitamente los disturbios del Capitolio de enero de 2021.

La politización de TVE

Este episodio coincide con las denuncias incluso del Consejo de Informativos de RTVE sobre la línea editorial de sus principales programas políticos, señalados por alinearse sistemáticamente con los discursos del Gobierno para, por ejemplo, transformar los casos de corrupción en una persecución judicial y mediática a Pedro Sánchez.

Una de sus presentadoras estrella, Silvia Intxaurrondo, llegó a suscribir un manifiesto público «contra el golpismo judicial y mediático» con el que se pretendía auxiliar a la esposa del presidente, Begoña Gómez, procesada por cinco delitos.

Esa escalada le ha llevado a TVE también a amparar, al principio, a dirigentes como Santos Cerdán e incluso José Luis Ábalos para, cuando las evidencias de sus presuntos delitos ya eran irrefutables, intentar convertir sus casos en hechos aislados o ajenos a Sánchez, aplaudiendo incluso su supuesta rapidez y contundencia, pese a que durante años miró para otro lado a pesar de las constantes investigaciones periodísticas, perfectamente documentadas, donde ya se advertían sus excesos.

El último capítulo ha sido bien reciente, con la salida en tromba de RTVE para presentar la condena al Fiscal General del Estado como un ejemplo de lawfare, movilizando a sus tertulianos de cabecera a proferir denuncias de «golpismo judicial» contra el Tribunal Supremo, un hecho insólito en democracia.

El presidente de RTVE pide desde el Senado más medidas contra Israel

Por su parte, el presidente de RTVE se ha referido a la renuncia de España a Eurovisión 2026 si Israel no es excluida del certamen, en la Comisión Mixta de Control Parlamentario del Congreso y del Senado y ha asegurado que «la posición que RTVE va a llevar a la Asamblea de Ginebra no se ha visto alterada», ante el «desafío» que supone «la gravísima situación humanitaria en Gaza».

Además, ha asegurado que «Israel ha tratado de influir en el resultado al menos en los dos últimos años y no ha sido sancionado», por lo que ha exigido a la Unión Europea de Radiodifusión más medidas, después de que la UER, organizadora de Eurovisión, anunciase algunos cambios como la modificación en el sistema de televoto. Además, el jurado profesional regresará a las semifinales de Eurovisión y cada jurado deberá contar con dos integrantes con edades comprendidas entre los 18 y los 25 años.