'El aquelarre', cuadro de Goya
La leyenda negra de las brujas: en España murieron 59 mujeres por «brujería»... y 6.832 religiosos por su fe
El pleno del Parlament de Cataluña ha aprobado una resolución de amplio consenso que «repara» la memoria de las mujeres condenadas por brujería y tilda el hecho de «persecución misógina»
El pleno del Parlamento de Cataluña ha aprobado una resolución de amplio consenso que «repara» la memoria de «las mujeres condenadas por brujería» y tilda el hecho de «persecución misógina», y llama a los ayuntamientos a revisar el nomenclátor de sus calles para incorporar los nombres de estas mujeres.
La iniciativa ha partido de manera conjunta de ERC, Junts, la CUP y los Comunes, aunque muchos creen que se trata de una mera maniobra de distracción de temas más urgentes. «Antes se nos decía brujas, ahora nos dicen ‘feminazis’, nos dicen histéricas, nos dicen ‘malfolladas’. Antes se decía caza de brujas y ahora le decimos feminicidios», defendió la diputada Jenn Díaz, de ERC. Tanto PP y Vox votaron en contra, Cs se abstuvo –expresando que hay prioridades más urgentes que hacer aquelarres en el Parlament– y aunque PSC apoyó la propuesta, dijo que asuntos como este mejor que se quedasen en comisión y no llegaran al pleno.
La aprobación en el pleno del texto, ha dicho Díaz, debe servir para pedir «perdón a un colectivo de mujeres que fueron acusadas de brujas». Desde JxCat, la diputada Aurora Madaula ha señalado que el Parlament «puede y tiene que ser un referente en la defensa de los derechos de las mujeres». Madaula ha recordado que las acusaciones de brujería eran «catalizadoras de tensión social» con un «marcado carácter de género». Y la diputada de la CUP Basha Changue ha afirmado que la «cacería de brujas» no se puede entender sin «hablar de capitalismo», ya que estas mujeres eran perseguidas «porque molestaban el desarrollo del patriarcado capitalista».
«Mujeres 'al margen'»
Lo cierto es que entre los siglos XV y XVII se produjo una persecución a diferentes mujeres y por diferentes causas, y gran parte de esa persecución tuvo lugar en Cataluña. La iniciativa del Parlament surge a raíz de un detallado estudio en forma de censo y localización de la revista Sapiens, que ha documentado cómo Cataluña se convirtió en un lugar hostil para las «mujeres 'al margen'», es decir, aquellas que vivían apartadas de las convenciones de la época: parteras, curanderas, extranjeras, solteras y «excéntricas» en general.
Sin embargo, al contrario de lo que comúnmente se cree, no era una cuestión religiosa. Como ha explicado el historiador Pau Castell, no se trataba tanto del celo de la Inquisición como del espíritu vengativo de los ciudadanos, que a falta de explicaciones racionales para explicar fenómenos de la realidad (desde una mala cosecha a una enfermedad, pasando por un accidente) denunciaban a estas mujeres.
De todos los procesos que se iniciaron en España, solo un 8 % acabó en brujería, lo que supuso que fueron 59 las mujeres que murieron por esta causa. En el mismo periodo la Inglaterra anglicana acabó con más de 50.000 personas quemadas en la hoguera y fueron más de 100.000 en Alemania. En Portugal fueron quemadas cuatro, y en Italia, 36. En España, la persecución corrió a cargo de tribunales civiles, que querían erradicar el desorden público que provocaban las trifulcas vecinales: fue la Iglesia quien las consideraba víctimas y, por tanto, no culpables.
El Parlament de Cataluña ha aprobado la resolución para «reparar» la memoria de las mujeres acusadas de brujería
Leyenda cultural
La leyenda negra sobre la Iglesia y su persecución a las brujas ha llegado a nuestros días, en parte gracias a la literatura, en parte gracias al cine. Uno de los juicios más conocidos, que el director Álex de la Iglesia adaptó a la ficción, fue el de Zugarramurdi; sin embargo, el sacerdote e inquisidor Alonso de Salazar concluyó en su informe que ninguna sería condenada, ya que se debía examinar si la razón de los procesados estaba intervenida por la melancolía, la desesperación, la locura o el demonio. De hecho, la brujería se entendía como un mal menor, en el que incurrían mujeres de poca educación y sin influencia en la vida social.
También hubo eclesiásticos que descartaron la validez de los testimonios de las brujas, como el obispo de Ávila, Alfonso de Madrigal, que en 1436 afirmó que los aquelarres eran fantasías producto de narcóticos, o el dominico castellano y obispo de Cuenca, Lope de Barrientos, quien se preguntó «qué cosa es esto que dicen, que hay mujeres, que se llaman brujas, las cuales creen e dicen que de noche andan con Diana, deesa de los paganos, cabalgando en bestias...».
Ahora, el Parlament realiza su particular revisión histórica y además lo reescribe en clave de «persecución misógina», algo que ya ha sucedido en otros países europeos. Pero las pocas acusadas que pudieron llevar su caso al Santo Oficio de la Inquisición, con sede en Barcelona, fueron absueltas o condenadas a penas leves, y la Iglesia se convirtió para muchas «descarriadas» en el único lugar de refugio.
'La Inquisición', cuadro de Goya
Leyenda vs. realidad
Mientras el Parlament de Cataluña se afana por «hacer justicia» con estas 59 mujeres, para las que piden incluso calles y plazas, una injusticia mucho más real y mucho menos discutida ha sido la persecución sistemática a religiosos en España.
La Iglesia, y sobre todo sus miembros, fue víctima de una represión brutal durante la Segunda República y la Guerra Civil que acabó con la vida de 6.832 religiosos. Así lo asegura el estudio realizado por el historiador y exarzobispo de Mérida-Badajoz, Antonio Montero Moreno. De ellos, 4.184 eran sacerdotes, 2.365 frailes y 283 monjas.
En Catálogo de los mártires cristianos del siglo XX, de Vicente Cárcel Ortí, se amplía la cifra hasta los 3.000 seglares y 10.000 miembros de organizaciones eclesiásticas. Entre ellos, 13 obispos: los de Jaén, Almería, Barcelona, Tarragona, Ciudad Real, Lérida, Teruel, Guadix, Cuenca, Sigüenza, Orihuela, Segorbe y Barbastro. Tal fue la crueldad que se registró en la época que el ministro de la Gobernación, Miguel Maura, intentó sacar a la Guardia Civil para impedirlo, pero se encontró con la oposición del resto del Gobierno. El propio Manuel Azaña defendió que «todos los conventos del país no valen la vida de un republicano».
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