La Ley Bolaños y el soberano único

Una ilusión recorre España: la ilusión de la separación de poderes... La sucesión de noticias de estos últimos meses sobre los Pumpido, los García Ortiz, sus despachos y, ahora más en boga, la Ley Bolaños, está perfilando un escenario idóneo para abordar un asunto medular: la inexistencia en España de varios poderes independientes que puedan limitarse entre sí, sino más bien el imperio de un único «soberano». Tan solo ha hecho falta un grupete de políticos con pocos escrúpulos y absoluto desdén por las instituciones para evidenciar la falsedad de una creencia que se había afianzado en nuestra conciencia colectiva.

La esencia del Estado moderno radica, precisamente, en la ausencia de fuentes diferenciadas de poder. Sus padres teóricos no dejaron lugar para la duda. A modo de ejemplo, el propio Hobbes en su capítulo XXIX del Leviatán explica que dividir poderes dentro del Estado supone herir el nervio mismo de su ser y, tal fractura, no podría sino precipitar su disolución. El Estado moderno nace en el siglo XVI con la primordial vocación de concentrar todo el poder en un único «soberano absoluto» capaz de unificar lo que hasta entonces se encontraba distribuido entre ciudades con sus propios ordenamientos jurídicos, señores feudales con jurisdicción, reyes con su potestas compartida o la Iglesia con su auctoritas delimitadora de los dominios temporales. E innegable es que esta concentración de poder reportó algunos frutos sumamente benéficos, como podría ser la conclusión de las guerras de religión. Pero la cuestión no se agota ahí.

Hoy seguimos en esta arquitectura política estatal, sin que alternativa alguna haya logrado rebasarla. Y, en España, como en casi todo país con dicha forma de organización política, sólo existe un soberano del que emana la totalidad del poder. Este soberano es, según el art. 1.2 del título preliminar de nuestra Constitución, el «pueblo español». Un «pueblo español» cuya voluntad se supone encarnada en el Parlamento. De modo que es el Parlamento, en su condición de representante del soberano único, no sólo quien determina el Ejecutivo, sino quien se erige en legislador supremo y fuente última del Derecho. De tal suerte que todo el resto de «poderes» del Estado de derecho —el judicial incluido— no son sino criaturas del entramado normativo que los engendra, los limita y aun los extingue. O, dicho de otro modo, el resto de «poderes» son construcciones jurídicas cuya existencia, competencias y funciones dependen del verdadero único poder que los convoca, el Parlamento. Y esto con el único requisito de lograr una determinada mayoría política para según qué cuestiones.

Nuestros políticos llevan tiempo siendo plenamente conscientes de esta realidad con respecto al judicial, pero prefirieron comenzar por agotar la artillería ligera. Ni que decir tiene que al judicial le es también suministrado por el Parlamento el conjunto de leyes cuya aplicación le es exigida, transmutando su facultad originaria de determinar lo justo en el caso concreto en un ejercicio técnico de simple obediencia. No obstante, cuando se preveía que el sentido de las sentencias corría el riesgo de no doblegarse a los dictados del partido del Gobierno, el Parlamento creó comisiones de investigación para supervisar la actuación de los jueces en el marco de la ley de amnistía, atacaron personal y políticamente a magistrados por su interpretación de la ley del sólo sí es sí, se querellaron contra miembros de la judicatura y emplearon los instrumentos de control político que el Estado de derecho ya ponía de antemano a su disposición a través de la Fiscalía General del Estado o del Tribunal Constitucional.

Pero ahora, con todo el círculo cercano del doctor Sánchez entablando una interesante relación con la justicia, asistimos al despliegue de la artillería pesada. El poder único del Estado transformará también el marco regulador que configura la estructura, las competencias y el sistema de acceso a la carrera judicial y fiscal. Cuestión, por cierto, que el PSOE y sus socios llevaban tanteando desde 2019 y que ha encontrado ahora su culminación en lo que ellos mismos han denominado «la mayor reforma de la carrera judicial en 40 años». Si, en la forma en que está concebida, la justicia nos importuna, bastará con que la convirtamos en otra cosa.

Tal y como explica el profesor Elio A. Gallego, para reflejar el carácter absoluto de la autoridad imperial en Roma, Ulpiano empleaba en el Digesto aquello de que «lo que place al príncipe tiene fuerza de ley». En el marco de nuestra realidad, estamos comprobando que basta sustituir la palabra «príncipe» por «parlamento» para que la analogía conserve su plena vigencia. Pero más aún, en su última obra Conservatismo, desentraña la forma en la que en el Estado, al haber sido eliminadas fuentes diferenciadas de poder, se ha dado sepultura a una estructura tripartita compuesta por «representados», «representantes» y un «poder» frente al que los representantes protegen y hacen valer los derechos de los representados. En nuestro Parlamento se con-funden los principios de representación y poder. De tal forma que nuestros «representantes», se convierten al mismo tiempo en nuestros «gobernantes». Y «si la representación se convierte en poder, ¿quién representará a los ciudadanos frente al poder?, ¿quién defenderá sus intereses y derechos cuando al poder interese abrogarlos?». Al revestir al poder con la autoridad que le otorga el ser considerado la encarnación de la voluntad popular, todo acto emanado de él se nos presenta como la prolongación legítima de nuestro querer. Así, esta legitimidad teórica deviene en una barrera insalvable contra toda objeción o protesta por los atropellos que puedan padecer los gobernados. La identificación de «representación» y «poder» resulta irremediablemente en el fin de la libertad política.

Muchas luces acompañaron el nacimiento del Estado moderno; pero como escribiera Goethe, toda luz arroja sus sombras. Al erradicar cualquier fuente externa de poder que sirviera de contrapeso al parlamento y al desmantelar los cuerpos sociales intermedios que nos resguardaban frente al Leviatán —por ser, según Rousseau, entorpecedores de la expresión de la «verdadera voluntad general»—, se ha dejado abierta la puerta y recogido el salón de modo que el despotismo pueda llegar un día y acomodarse a su antojo. Dadas las circunstancias, no queda sino dar la razón al maestro Dalmacio Negro cuando nos recordaba que, en última instancia, el poder encuentra su único límite, no en fórmulas políticas, sino en la conciencia de la persona. Desdichadamente, en el caso de la Ley Bolaños, parece que tampoco concurre conciencia alguna a la que poder apelar.