El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, y la directora del INAEM, Paz Santa Cecilia
La rebelión silenciosa del INAEM contra Cultura: «La rentabilidad no puede dirigir la creación artística»
Los trabajadores rechazan el plan de Urtasun para transformar el organismo en una entidad empresarial y alertan del riesgo de precarización y pérdida de independencia cultural
La tensión crece dentro del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música (INAEM). Trabajadores del organismo han plantado cara al Ministerio de Cultura tras conocer la intención del departamento que dirige Ernest Urtasun de convertir la institución en una Entidad Pública Empresarial (EPE), una fórmula jurídica que, según denuncian, abre la puerta a una gestión sometida a criterios económicos y alejada de la función pública de la cultura.
La Asamblea de Trabajadores del INAEM ha expresado su «oposición directa» a la propuesta y reclama mantener el modelo actual como Organismo Autónomo reforzado y «100 % público». El conflicto revela un profundo malestar interno en uno de los pilares culturales del Estado, responsable de instituciones históricas como la Compañía Nacional de Teatro Clásico, el Ballet Nacional de España o el Teatro de la Zarzuela.
La sede del INAEM
El rechazo no es solo administrativo. Los trabajadores consideran que el cambio de modelo supone un giro ideológico en la gestión cultural. Temen que la lógica empresarial termine condicionando la programación artística y que las propuestas menos comerciales queden relegadas frente a proyectos con mayor rentabilidad económica o visibilidad política.
En el comunicado difundido por la asamblea, el personal del INAEM advierte de que la nueva estructura «tensiona la función esencial del servicio público cultural». A su juicio, convertir la institución en una EPE implica asumir criterios de rendimiento incompatibles con la protección del patrimonio escénico y musical o con el impulso de la creación contemporánea más arriesgada.
La preocupación afecta también al empleo público. Los trabajadores alertan de una posible sustitución progresiva de plazas obtenidas por oposición por fórmulas más flexibles y menos estables. Denuncian el riesgo de precarización del personal técnico, artístico y administrativo que sostiene la actividad diaria de teatros, compañías nacionales y auditorios dependientes del Estado.
La polémica adquiere además un evidente componente político. Los empleados recuerdan que hace apenas un año el propio Ministerio defendía públicamente un INAEM «100 % público». Ahora acusan a Cultura de modificar el discurso sin ofrecer explicaciones convincentes. El secretario de Estado de Cultura, Jordi Martí, trasladó en febrero a los sindicatos la posibilidad de adoptar el modelo de Entidad Pública Empresarial, aunque aseguró que no implicaría privatización.
El Ministerio pretende inspirarse en organismos como el Instituto de Cultura de Barcelona o la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, estructuras con mayor autonomía de gestión. Sin embargo, dentro del INAEM muchos interpretan la medida como un síntoma de la creciente burocratización y mercantilización de la política cultural española.
El choque llega en un momento delicado para el sector. Las artes escénicas públicas llevan años denunciando falta de inversión, plantillas insuficientes y una gestión cada vez más dependiente de estrategias de impacto rápido. En ese contexto, parte de los trabajadores consideran que Cultura intenta resolver problemas estructurales aplicando criterios empresariales a instituciones cuya misión no es generar beneficios, sino garantizar el acceso ciudadano a la cultura.
La batalla apenas acaba de empezar, pero ya evidencia una fractura entre el discurso político y la realidad interna de los grandes organismos culturales del Estado.
