Más de 11.000 millones sin ejecutar en inversiones en 2021

Creo que he comentado en multitud de ocasiones que, dentro de las Administraciones Públicas, además de lo que a mí me gusta llamar la economía del bienestar, hay una función que es clave para el desarrollo de la riqueza de un país: la capacidad de estas administraciones de dedicar un porcentaje a la inversión.

La obra mastodóntica de construir las líneas de Alta Velocidad, primero entre Madrid y Sevilla y después entre Madrid y Barcelona y todas las ampliaciones que se han seguido haciendo, son obras que difícilmente pueden acometer las empresas privadas. No tanto por el coste, que al final puede recuperarse por el uso y explotación de las vías, sino más bien por las trabas administrativas de expropiación que tienen que producirse para poder realizar el trazado.

La economía del bienestar no es otra que los ciudadanos tengan cubiertos los servicios más importantes que se necesitan en una sociedad avanzada como la nuestra. Claramente estos son la sanidad, la educación, la seguridad interior a través de la Policía y la Guardia Civil, la seguridad exterior a través del Ejército, la justicia, las pensiones y entre otras la capacidad de poder trasladarse a través de autovías, trenes o aviones.

Por lo tanto, es muy importante que todos los miembros que componen la Administración del Estado, la central, la autonómica y la local, trabajen en conjunto para ir mejorando todos los servicios que se le pueden proporcionar y que necesitan los ciudadanos.

Por lo tanto, las inversiones de dichas administraciones deben ejecutarse pensando precisamente en mejorar la calidad de vida de los miembros de esa comunidad.

Cuando una administración no cumple con sus obligaciones, está perjudicando la calidad de vida de sus ciudadanos, y por lo tanto está perjudicando a sus votantes.

Llevo repitiendo mucho tiempo que el dinero es de los que lo ponemos y no de los políticos. Por lo tanto, estos están obligados a darnos cuenta de lo que hacen con ese dinero y en qué lo utilizan, y si no lo utilizan, lo suyo es que nos lo devuelvan y no se lo queden para sus intereses políticos.

El Ministerio de Hacienda, a través de la Intervención General de la Administración del Estado, acaba de publicar los datos definitivos de la inversión prevista y ejecutada por la Administración General del Estado y las Comunidades Autónomas. Realmente demuestra que estamos ante una clase política que hay veces que merecería ser destituida de sus cargos por sus ineficiencias e ineficacias.

Vamos a revisar quiénes son los ineficaces e incapaces de invertir.

A la Administración General del Estado se le dotó en sus presupuestos definitivos de 24.305 millones de euros, y solo fue capaz de ejecutar el 71,3 % del presupuesto, quedando perdido o traspasado al siguiente año en caso de que al menos se haya comprometido, pero ya que el ministerio y la IGAE no lo indican en su informe, debemos suponer que se ha perdido.

La Administración Central fue capaz de ejecutar el 80,2 % de su presupuesto, mientras que todos los Organismos, Entes y demás organizaciones que dependen del Estado, que disponían de un presupuesto de 9.189 millones de euros, solo fueron capaces de ejecutar 5.401 millones, que fue el 58,8 %.

Además el Gobierno dotó de 841 millones de euros para inversión en el extranjero, para mejorar sedes de embajadas y consulados e invertir en mejoras necesarias y tenemos como resultado que se ejecutó solo un 56,4 %. Está claro que tenemos un ministro en Exteriores que, además de hacer mal su trabajo, tampoco sabe utilizar el dinero de los españoles para la mejora de sus ciudadanos en el exterior. Inutilidad al cuadrado.

El conjunto de las comunidades dispuso de 12.135 millones de euros para invertir, pero solo fueron capaces de ejecutar un 64,9 %, dejándose 4.265 millones pendientes de ejecutar.

Pero no todos los gestores de las comunidades en el 2021 fueron iguales. Tenemos que la Comunidad de Madrid ejecutó el 184 % de su presupuesto, lo cual indica que acometió la inversión que le quedó pendiente el año anterior, ejecutando a la vez el tope del presupuesto de este año.

En esta situación también se encuentran la ciudad de Melilla, Castilla-La Mancha, la Rioja y Aragón. Todas ellas están por encima del 100 % presupuestado.

Hay otras dos comunidades muy cerca del 100 % que son Murcia y Castilla y León y tenemos otra por encima de la media, que es la comunidad de las Islas Baleares.

El resto deben de hacer un auténtico esfuerzo en aclarar si de verdad quieren seguir en la política y los ciudadanos debemos también de hacer un esfuerzo de si queremos que sigan.

No es posible que por debajo de la media estén 10 comunidades y una ciudad.

No es posible que País Vasco, Cantabria, Canarias y Ceuta se hayan quedado al 50 % de su capacidad de invertir.

No es tolerable que la Comunidad Valenciana y Asturias hayan ejecutado alrededor del 40 % de su presupuesto.

Y es totalmente inaceptable que Cataluña y Andalucía estén en las dos últimas posiciones de inversión, con el 35,8 % y el 28,5 %, respectivamente.

Desde aquí, tarjeta roja a los dos.

No podemos aceptar políticos que no hagan su trabajo. Casi el 1 % del PIB se quedó en apuntes contables.