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09 de mayo de 2024

La vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño.

La vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño.EFE

Calviño elimina la prórroga del alquiler: ¿pueden los propietarios subir el precio?

Se podrá subir el precio a partir del 1 de julio, pero no más del 2 %

Nuevo enfrentamiento entre Calviño y Yolanda Díaz. El Consejo de Ministros ha decidido no incluir en la prórroga de las medidas anticrisis que prescriben el próximo 30 de julio la disposición que permitía dilatar los contratos de alquiler en las mismas condiciones durante seis meses más.
Calviño entiende que la ley de vivienda, que recientemente ha entrado en vigor, ya establece topes máximos para el alza de los alquileres para este año y el que viene. Sin embargo, la decisión ha sentado como un jarro de agua fría dentro de Podemos y Sumar, que no han tardado en responder a la vicepresidenta primera.
Ione Belarra ha calificado de «error garrafal» el haber «dejado caer» una medida «clave» para proteger a la gente de nuestro país. Por su parte, la portavoz de Vivienda de Sumar, Alejandra Jacinto, ha advertido que «causará estragos en miles de personas». «No hay justificación para no prorrogar la medida salvo proteger al rentismo», ha señalado en Twitter.
A partir del 1 de julio, los arrendares podrán cambiar las condiciones de los contratos de alquiler que vayan a expirar, aunque con las limitaciones establecidas en la ley de vivienda. Así, este año sólo se podrá actualizar el precio en un máximo del 2 %, que aumenta al 3 % en 2024.
Se podrá subir el precio un máximo del 10% cuando la vivienda haya sido rehabilitada en los dos años anteriores y esas obras cumplan ciertas condiciones de eficiencia energética y mejora de la accesibilidad, entre otras.
Eso sí, los llamados colectivos vulnerables incluidos en el citado texto sí se podrán beneficiar de la prórroga de los contratos de alquiler.
Los expertos inmobiliarios, no obstante, advierten que las medidas recogidas en el decreto anticrisis y la ley de vivienda han provocado una fuga de propietarios de inmuebles en alquiler como vivienda habitual hacia otras modalidades.
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