La ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera
La UE debatirá en Valladolid abandonar el Tratado de Energía como reclamaba España
La reunión ministerial de Energía de la próxima semana abordará la salida definitiva de un pacto que era un lastre para las cuentas españolas
Quien la sigue la consigue y eso parece que pensó el Gobierno español cuando intentó una y otra vez romper el acuerdo del Tratado de la Carta de la Energía, un pacto que había quedado desfasado y que ocasionaba continuas pérdidas a las cuentas del Estado. España no lo quería, Francia tampoco y Países Bajos también había optado por romper el acuerdo, así que la Comisión Europea ha acabado escuchándoles.
El pacto trataba de proteger las inversiones fósiles pero había quedado completamente anticuado, por lo que «es hora de que Europa se retire», según ha declarado la Comisión Europea este viernes en un comunicado. Es el momento de «construir un sistema energético eficiente y competitivo» que promueva y proteja las energías renovables.
El Ejecutivo comunitario estaba más por la labor de modificar el acuerdo que romperlo por completo, pero en algo habrán influido las prioridades de la presidencia española del Consejo de la Unión Europea, que se centran en la transición ecológica.
El Gobierno de Sánchez se quería salir a pesar de que el acuerdo exigía seguir cumpliéndolo hasta 20 años después de romperlo. Reformarlo era complicado ya que varios países de la UE ya se habían posicionado a favor de la ruptura.
La propuesta que este viernes ha presentado la Comisión Europea tendrá que ser debatida por los Estados miembros en la próxima reunión ministerial que tendrá lugar en Valladolid la semana que viene. Una vez hecho, se llevará al Consejo de la UE, donde tendrá que ser aprobada por una mayoría cualificada.
A la par, Bruselas retirará su propuesta de actualizar el acuerdo anterior, ya que cuenta con que saldrá aprobada la retirada. Países críticos como Alemania, Polonia o Portugal ya se habían manifestado en alguna ocasión en contra del tratado porque había quedado anticuado tras el Acuerdo de París de 2015 para reducir la emisión de gases de efecto invernadero.
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