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El doble filo de las nuevas iniciativas ‘verdes’ que la UE usará... para aumentar sus propios fondos
A partir de ahora, las multas y sanciones por contaminación irán a parar a las arcas de la Unión Europea, para financiar sus proyectos
Através de sus nuevas iniciativas verdes, la Unión Europea está creando un sistema donde contaminar más de lo permitido, o no cumplir con sus estándares ecológicos, supone un costo financiero para las empresas.
Mediante una nueva iniciativa presupuestaria, aprobada la semana pasada, estos costos se convertirán, de ahora en adelante, en ingresos para la UE. Luego se utilizarán para financiar sus presupuestos y proyectos, incluidos los relacionados con la sostenibilidad y el medio ambiente.
Una de estas iniciativas es el comercio de derechos de emisión de CO2, establecido por la UE para limitar la cantidad de dióxido de carbono que las empresas pueden emitir. Las empresas que superen estos límites deben comprar derechos de emisión adicionales en el mercado, generando ingresos para la UE. Este sistema funciona como un «impuesto» por exceder los límites de contaminación.
El mecanismo de ajuste en frontera por carbono es otra medida involucrada en este proceso. Se aplica un impuesto a los productos importados a la UE que fueron fabricados con mayores emisiones de CO2 que las permitidas en la UE. Este mecanismo busca evitar que empresas de fuera de la UE tengan ventajas competitivas injustas por no seguir las normativas ecológicas europeas, y los ingresos obtenidos también contribuyen al presupuesto de la UE.
Además, está el acuerdo alcanzado globalmente en la OCDE para redistribuir los beneficios de las empresas multinacionales, asegurando que paguen impuestos justos donde operan. Aunque no se enfoca directamente en las violaciones ecológicas, este acuerdo también apoya los esfuerzos de sostenibilidad de la UE.
El contexto 'verde' de la UE
El régimen de comercio de derechos de emisión de la UE (ETS) fue implementado en 2005 para reducir las emisiones de CO2. Pone límites a la cantidad de ciertos gases de efecto invernadero que pueden emitir las entidades de sectores específicos, como la generación de electricidad y calor, industrias de gran consumo energético y la aviación comercial dentro de Europa. Estos límites se reducen con el tiempo.
El proceso siempre ha estado muy monetizado. Las entidades reguladas reciben una asignación gratuita de derechos de emisión de CO2 cada año, que depende de la eficiencia y descarbonización de su tecnología. Si una entidad logra reducir sus emisiones más allá del límite anual, puede conservar o vender los derechos de emisión sobrantes.
El precio de la tonelada de CO2 ha aumentado significativamente, pasando de estar por debajo de los 10 euros antes de 2017 a 78 euros, con una media de 85,4 euros por tonelada en 2023. Este aumento se debe a la disminución de derechos gratuitos y a un mercado secundario especulativo.
El Pacto Verde Europeo, comunicado en diciembre de 2019, establece una nueva estrategia de crecimiento para enfrentar desafíos climáticos y medioambientales y cumplir con los objetivos del Acuerdo de París. Según el bloque, el pacto busca proteger el capital natural y la salud y bienestar de los ciudadanos frente a riesgos y efectos medioambientales.
A medida que la UE aumenta su ambición climática y reduce sus emisiones internas, las emisiones implícitas en las importaciones siguen creciendo, lo que socava sus esfuerzos por reducir su huella global. Para combatir la «fuga de carbono», donde empresas de la UE trasladan la producción a países con políticas climáticas menos estrictas o son reemplazadas por importaciones más intensivas en carbono, se creó el Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono. Este mecanismo regula la importación de bienes intensivos en carbono y promueve una producción industrial más limpia en países no pertenecientes a la UE.
Por eso, aunque estas iniciativas de la UE promueven la sostenibilidad ambiental y buscan reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, también representan una fuente de ingresos significativa para la Unión, a través de los impuestos y tarifas impuestas a las violaciones de su normativa ecológica.
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