Un grupo de personas se congrega frente a una oficina de Banco Popular en Barcelona
El juez Calama sienta en el banquillo a Ángel Ron y a PwC por estafa en el Banco Popular
Acuerda el sobreseimiento provisional de la causa para Emilio Saracho al entender que «no tuvo intervención en las vulneraciones de la normativa contable» sino que «por el contrario, tomó medidas para chequear y evaluar el balance del banco»
El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha finalizado la instrucción del caso Banco Popular y propone juzgar a Ángel Ron, ex presidente entre 2006 y 2017, a otros doce directivos y a la consultora PriceWaterhouseCoopers (PwC) por delitos de estafa a inversores y falsedad contable en la ampliación de capital de 2016. Ron ha afirmado que recurrirá el auto dado que sus conclusiones «no se corresponden con los hechos declarados».
Según el juez Calama los inversores acudieron «engañados» a la ampliación de capital, puesto que los estados financieros de ese año y de 2015 «no reflejaban la imagen fiel del balance ni del patrimonio».
Asimismo ha acordado el sobreseimiento provisional de la causa para Emilio Saracho, sucesor de Ron entre febrero y junio de 2017, al entender que «no tuvo intervención en las vulneraciones de la normativa contable» sino que «por el contrario, tomó medidas para chequear y evaluar el balance del banco». También resalta que no se ha podido acreditar que fuera el responsable de las «graves filtraciones» a la prensa que aceleraron la debacle final de la entidad, que acabó vendida por un euro al Banco Santander.
Información «conscientemente alterada»
En el auto de pase a procedimiento abreviado, Calama subraya que en el folleto de la ampliación de capital, acordada el 25 de mayo de 2016 en un Consejo de Administración presidido por Ron, «se ofrece una información financiera conscientemente alterada (que ocultaba a los inversores enormes déficits de provisiones) entresacada de las cuentas anuales del año 2015 (auditadas por PwC) y de los estados financieros a 31.03.2016 (con informe limitado de dicha auditora)».
Según la Audiencia Nacional el Popular debería haber registrado 2.500 millones en pérdidas, en lugar de beneficios
De haberse reflejado en los balances del Banco Popular -a 31.12.2015 y 31.03.2016- las provisiones no reflejadas en los mismos, añade el instructor, «el resultado contable de la cuenta de pérdidas y ganancias habría arrojado como mínimo 2.500 millones de pérdidas, en vez de los beneficios declarados» por la entidad, aparte de alterar sustancialmente numerosas ratios de las cuentas, las cuales se utilizan por los inversores para su análisis financiero. PwC, dice Calama, no consignó ninguna salvedad en su informe de auditoría de las cuentas anuales de 2015, ni tampoco en los estados financieros intermedios a fecha 31 de marzo de 2016.
Entramado societario en Luxemburgo
En su auto, el juez Calama considera acreditado que en 2011 el Popular «alentó la creación de un entramado de sociedades luxemburguesas —las denominadas «vehículos»—, controladas por Thesan S. L., cuyo objeto era ocultar la financiación que el banco proporcionaba a acreditados españoles que estaban en una mala situación financiera, por su alta morosidad, eludiendo así la dotación de cientos de millones de provisiones».
Ello, según el auto, «conllevó una alteración ilícita de naturaleza sustantiva del balance y cuenta de resultados de la entidad financiera durante varios años, con el pleno desconocimiento de los inversores de este mecanismo fraudulento».
Hace poco más de un mes, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) concluyó que los afectados por la resolución y venta del Banco Popular en 2017 no tenían derecho a una indemnización por parte del Fondo Único de Resolución (FUR) de la Unión Europea. Esta entidad se encarga de este tipo de cuestiones, pero el Tribunal consideró que los afectados no habrían tenido derecho a recibir dinero en caso de que se hubiera producido una liquidación en lugar de una resolución.
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