Por qué el PSOE no debería hablar mucho de los fondos europeos en esta campaña
El Banco de España estima en solo cifra en 26.000 millones de euros el dinero que había llegado a las empresas adjudicatarias entre 2021 y 2023
Alberto Núñez Feijóo afeó el otro día a Pedro Sánchez que presuma tanto de haber traído a España los fondos Next Generation porque se han obtenido con deuda y suponen endeudar a los europeos en 750.000 millones. Menuda bronca le cayó. Que si el modelo austericida, que si la troika, que si los hombres de negro. La letanía de siempre en boca de quienes piensan que la deuda no es una rémora para la economía e incluso se atreven a presumir de que los números rojos del Estado se situaran a cierre de marzo en el 109 % del PIB. Es decir, lo que debe España equivale a todo lo que podemos producir en un año incrementado en un 9 %. Y de mantenerse la tendencia, volveremos al 120 % a finales de la próxima década, como temen la gran mayoría de los organismos económicos. “Con la deuda pública es difícil no estar en el club de los catastrofistas", decía hace poco Esther Gordo, la directora de Análisis Económico de la AIReF. Lleva toda la razón. Pero el Gobierno de los 22 ministerios, los 1.600 asesores y cargos nombrados a dedo y el despilfarro sin fin, prefiere mirar hacia otro lado y escuchar sólo lo que le conviene. Al economista Ángel Ubide, por ejemplo, quien defiende que no hay ningún problema en alcanzar una deuda del 180 %. Lo hace al rebufo de la disparatada Teoría Monetaria Moderna (MMT por sus siglas en inglés), que se basa en emitir moneda sin límite alguno. A Pedro Sánchez le gusta tanto esa tesis de Ubide que hasta podría nombrarle gobernador del Banco de España en sustitución de Hernández de Cos, según las quinielas y en contra de la sensatez, que descarta a un banquero de inversión para tal cometido.
La lentitud y la falta de transparencia estancan la ejecución de los fondos
En todo caso, volviendo a los fondos europeos y a la reflexión de Feijóo de que no nos saldrán gratis, ojalá fuera ese el único problema, ya que su ejecución nunca ha dejado de estar en el punto de mira. Por la lentitud y la falta de transparencia en su gestión, que se estancó en el 0,4 % en el primer trimestre del año. Los aludidos Banco de España y AIReF e instituciones privadas como Fedea han denunciado en reiteradas ocasiones que la contabilidad del Gobierno impide realizar una valoración efectiva del impacto del Plan de Recuperación y Resiliencia. Por elegir una estimación, Ángel Gavilán, director de Economía y Estadística del instituto emisor, cifra en 26.000 millones de euros el dinero que había llegado a las empresas adjudicatarias entre 2021 y 2023. Una broma, si se tiene en cuenta que al programa Next Generation le quedan menos de tres años de vida y que España debe ejecutar un total de 163.000 millones. Ese es el trozo de la tarta que nos asignó el algoritmo al que se refería recientemente el comisario europeo de Economía, Paolo Gentiloni, en el Corriere della Sera: «Emitir deuda conjunta por 800.000 millones sin dedicar un euro a proyectos conjuntos fue una oportunidad perdida. Todo este dinero se ha dado a los diferentes países de acuerdo con un algoritmo, cuando está claro que la financiación común europea debería ir primero a proyectos comunes», opina ahora el italiano. Cosas veredes en campaña.
La próxima transferencia de fondos depende de la aprobación de la reforma del subsidio de desempleo, y Junts puede dar la sorpresa
El Gobierno tiene que llevar al Congreso en los próximos días el Real decreto-ley de la reforma del subsidio de desempleo que Bruselas está esperando para transferirnos los 10.000 millones de euros del cuarto desembolso del NextGen. Ya lo intentó en enero, pero Podemos tumbó la iniciativa con el objetivo de castigar a Yolanda Díaz. En esta ocasión el consejo de ministros ha aprobado un texto concebido para recibir el aval de los morados, así que la preocupación está en Junts, socio imprevisible donde los haya y más aún desde las elecciones catalanas. Si la debilidad parlamentaria de Sánchez impide que pueda sacar adelante el nuevo subsidio de desempleo –igual que le acaba de pasar con la ley del proxenetismo o la del suelo–, se arriesga a que la Comisión Europea nos embargue unos 900 millones de los 10.000 que están en juego. En esas estamos.
El momento es delicado, encima, por las elecciones europeas y la presión que ejercen los gobiernos más ortodoxos y austeros, que miran con lupa cualquier noticia que tenga que ver con escándalos de corrupción en torno a los fondos comunes. El mes pasado la Fiscalía Europea ponía en marcha la operación Resilient Crime, que destapó una presunta organización delictiva sospechosa de haber defraudado 600 millones de euros del Mecanismo de Recuperación y Recuperación (MRR) para Italia. Y días después, el pleno del Parlamento de Estrasburgo expresaba su «gran preocupación» por el «presunto uso indebido» de casi 18 millones de euros de fondos europeos por parte de la trama Koldo-PSOE, en este caso con cargo a los FEDER.
El horno no está para bollos, así que la candidata del PSOE a las elecciones del 9-J, Teresa Ribera, no debería hablar mucho de los fondos europeos en esta campaña. Y menos aún para criticar a Feijóo por avisar de que el programa Next Generation nos endeuda a los españoles y al conjunto de los europeos en 750.000 millones. Como su propio nombre indica, serán las generaciones venideras las encargadas de pagarlos.
