La presión de catalanes y vascos sobre el Gobierno se acentúa y aboca a Sánchez a otro año sin Presupuestos

El partido de Puigdemont, Junts per Catalunya, no apoyaría hoy por hoy la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado, según ha podido saber El Debate de fuentes internas del partido. Es una muestra más del creciente distanciamiento entre la formación catalana y el Gobierno de Sánchez.

La ruptura entre Junts y el Gobierno es muy clara por varios motivos. En primer lugar, porque el Ejecutivo de Sánchez no les ha dado aquello a lo que se había comprometido: el control de sus fronteras por parte de la Generalitat y la expedición del Número de Identificación de Extranjeros (NIE); que se abonen a la región los millones de euros previstos como inversiones en los Presupuestos Generales del Estado que no se hayan ejecutado; que se reconozca a Puigdemont como expresidente de la Generalitat y, como consecuencia, se sufrague su seguridad con dinero público; que el catalán se considere lengua oficial en las instituciones europeas.

El incumplimiento de estas cuestiones calcina a Junts, pero hay otro tema que les enfrenta aún más al Gobierno: la falta de garantías en torno al retorno de Puigdemont. La formación catalana espera la sentencia favorable del Tribunal Constitucional para primavera (abril o mayo), pero no consideran que sea suficiente. «Quedaría el fleco de la malversación, por el cual podrían detenerle perfectamente en cuanto pisara España», señalan fuentes conocedoras.

Al mismo tiempo, el Gobierno necesita sus votos, pero la relación está cada vez más deteriorada. El último motivo ha sido el retraso decidido el jueves pasado en la tramitación de la cuestión de confianza sobre el Gobierno solicitada por Junts. En la formación catalana se ha visto como una muestra de poca inteligencia política por parte del Gobierno que transmite una gran sensación de inseguridad y de haber perdido el sentido de la realidad. Parece que daban por hecho que Junts votaría en contra de Sánchez, cuando la lógica dice que se hubieran abstenido.

Mientras Junts pelea en estos frentes, Esquerra Republicana (ERC) lucha en los suyos. El partido de Oriol Junqueras cae en picado. Para sobrevivir tendrá que endurecer su perfil, y como no podrán obtener todo lo que quieran, todo apunta a que las tensiones con el Gobierno van a ser cada vez mayores.

Mientras esto ocurre, de momento ven cómo va avanzando no exento de polémica el calendario pactado para hacer presidente de la Generalitat a Salvador Illa.

Los inspectores de Hacienda han puesto recientemente el grito en el cielo por los peligros que acarrea la cesión de la gestión de impuestos a la comunidad catalana. Señalan que traerá menos recaudación y más fraude, entre otras cosas porque la base de datos dejará de poder compartirse a nivel nacional y Cataluña podrá convertirse en un buen refugio para que grandes patrimonios, multinacionales o redes de fraude escapen de la lupa fiscal, o para los que huyen de las deudas.

La región, que supone el 20 % del PIB español, gestionará su IRPF a partir del año 2026, y así irá haciendo con todos los impuestos, incluido el de Sociedades, que hoy en día solo se recauda a nivel regional en Navarra y País Vasco.

A Cataluña no le roba nadie. No es una región infrafinanciada, como dicen sus dirigentes independentistas

Este calendario pactado por ERC y PSC para la investidura de Illa se cumple. Prueba de ello fue el anuncio del presidente de la Generalitat en octubre de cuadruplicar los recursos de la Agencia Tributaria Catalana (ATC).

Con estas medidas los partidos catalanes ganan votos, a pesar de que su argumento sea absolutamente falso. A Cataluña no le roba nadie. No es una región infrafinanciada, como dicen sus dirigentes independentistas. Informes como el de Fedea la sitúan en la media de las comunidades autónomas españolas en financiación por habitante ajustado. Sin embargo, se endeuda más. La AIReF la sitúa entre las comunidades con más deuda acumulada.

Este es el panorama con el que el Gobierno ha decidido dirigir el país. En él se incluyen también los vascos, sacando todo lo que pueden.

La legislatura está agotada, y los Presupuestos, salvo sorpresa mayúscula, no van a aprobarse, un año más, aunque la Constitución lo exija como muestra de transparencia de lo que los gobernantes hacen con el dinero de los españoles.

La comunidad empresarial y el mundo profesional está desesperada con la izquierda, con su mala gestión y sus subidas de impuestos, pero tampoco acaba de transmitirle confianza una oposición que tan solo va a la contra y no es capaz de construir y transmitir un relato ilusionante en torno al país. La oposición, además, parece tener imposible una moción de censura, pues por ejemplo el PNV nunca votará con Vox.