La CEOE pone en duda la constitucionalidad de la reducción de la jornada y Díaz les acusa de tener «un papel impropio»

La CEOE ha puesto en duda la constitucionalidad de la reducción de la jornada laboral. Ha sido en un un documento registrado en la Dirección General de Trabajo. En él arremeten contra la medida y contra la forma en la que ha sido abordada su negociación.

«Lamentablemente, la acción política viene promoviendo la desnaturalización del diálogo social, convirtiendo el principal mecanismo generador de consensos sociales duraderos y de estabilidad regulatoria en una mera herramienta de comunicación política al servicio de los anuncios del Ministerio de turno siendo ya habituales el uso selectivo y a la carta del diálogo social y de los procedimientos de consulta, la vulneración de los compromisos alcanzados y la falta de respeto al interlocutor», denuncia la patronal en el texto al que ha tenido acceso El Debate.

Los de Garamendi han calificado el borrador del Anteproyecto de ley de la reducción de la jornada como «el mejor ejemplo de colonización de la autonomía colectiva y también de erosión de las dinámicas democráticas». Aseguran, que durante 11 meses «se han mantenido reuniones ficticias, al servicio de los intereses mediáticos de Ministerio de Trabajo sin que haya sido posible desarrollar una negociación que respete los principios constitucionales».

Los empresarios defienden la reducción de la jornada ajustándose a las necesidades de cada sector teniendo en cuenta la negociación colectiva. Y es que consideran que «sólo de este modo se puede garantizar su adecuación a las realidad sectoriales y territoriales tan heterogéneas».

Así, según la Estadística de Convenios Colectivos del Ministerio de Trabajo y Economía Social, se ha reducido la jornada máxima, alcanzando acuerdo que oscilan entre las 37,5 horas y las 39,5 horas semanales, en función de las necesidades productivas y organizativas de las empresas. una flexibilidad que, según recoge el texto de la patronal, «ha sido crucial para mantener la competitividad empresarial, al tiempo que facilita la conciliación entre la vida laboral y personal de las personas trabajadoras».

Díaz critica la «estrategia política»

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha defendido la constitucionalidad de la reducción de la jornada laboral apoyándose en una sentencia del Tribunal Constitucional de 1990 cuando los empresarios recurrieron las 40 horas semanales establecidas en 1983.

Durante su intervención en los Desayunos Informativos de Europa Press, Díaz ha subrayado que la reducción de la jornada hasta las 37,5 horas semanales es un «proyecto de país», con un apoyo ciudadano «sin precedentes», pero con «grandes adversarios», como la CEOE, pero también algunas formaciones políticas.

«Decir que el Gobierno de España lo que hace es inconstitucional es como señalar que tampoco es constitucional que subamos el salario mínimo o es tanto como decir que las relaciones laborales no pueden estar reguladas por ley. En definitiva, yo creo que la estrategia de la patronal hace que hoy tengamos una patronal que está desdibujada», ha denunciado la ministra.

«Acusar al Gobierno de España de ser una república bananera por querer reducir las desigualdades, como se ha afirmado, creo que no es correcto. O, por ejemplo, como hemos vivido estos días, colocarse en contra de la subida del salario mínimo interprofesional. Yo, de verdad, creo que esta patronal no es la que hemos conocido en tiempos cercanos. Por tanto, con todo el cariño, me gustaría que la patronal vuelva al lugar correcto», ha afirmado Díaz.

«Invasión del diálogo social»

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, no se ha quedado callado y ha respondido a la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que la patronal española «no tiene estrategia política» y la ha acusado de invadir competencias del dialogo social con sus acciones, en declaraciones a la prensa previas a un evento de Cepyme.

«Nosotros respetamos profundamente las ideas de cada uno, nosotros estamos en un área institucional, estamos en el artículo 7 de la Constitución, en el diálogo social, y nosotros en este sentido pensamos que el Ministerio está invadiendo muchas veces competencias del propio diálogo social, como son consultas, cuando se deben hacer, etcétera», ha trasladado Garamendi.

De igual manera, ha acusado a la ministra de Trabajo de ser ella la que tiene una estrategia política detrás de medidas como priorizar los convenios autonómicos por encima de otros, una medida que, además, supone saltarse el acuerdo de pensiones firmado de manera tripartita. «Creo que eso es lo que es tener una prioridad política», ha sentenciado.

Así, Garamendi ha asegurado que desde la CEOE no funcionan obedeciendo a lo que la política les diga sino pensando que es «bueno o malo» para las empresas españolas y para el empleo.