El «desastre» para la España vaciada del cierre de las nucleares: 30.000 empleos menos y pueblos sin el 70 % de sus ingresos

Crece la presión para paralizar o, al menos, retrasar el cierre de las plantas nucleares españolas. El Congreso de los Diputados votará, este miércoles, una Proposición no de Ley (PNL) del Partido Popular por la que se insta al Ejecutivo a «extender» la vida de las centrales existentes y a «facilitar la sostenibilidad económica de las instalaciones nucleares».

En el texto, al que ha tenido acceso El Debate, se pide también a Transición Ecológica que mantenga «un diálogo comprometido» con los municipios, diputaciones y comunidades autónomas afectadas. Y es que, según los populares, la clausura de Ascó I y II, Vandellós II (Cataluña), Cofrentes (Comunidad Valenciana), Trillo (Castilla-La Mancha) y Almaraz I y II (Extremadura) supondrá la pérdida de entre el 50 y el 70 % de los ingresos para casi medio centenar de municipios próximos, la mayoría de ellos situados en la España vacía. También pone en peligro unos 28.500 empleos, 8.500 de ellos directos.

«Sería algo desastroso para nuestra zona y para todos los que llevamos años luchando contra la despoblación», advierte Fernando Sánchez, alcalde de Belvís de Monroy y presidente de la plataforma 'Sí a Almaraz, Sí al futuro'. Solo de Almaraz dependen 3.000 familias, entre empleados directos e indirectos. «No se entiende que ese cierre venga de un ministerio con el apellido «Reto Demográfico»», apostilla.

Almaraz será, entre 2027 y 2028, la primera central en echar el cierre de sus dos reactores. La instalación repitió el año pasado como la central española que más energía produce, cubriendo hasta el 7 % de la demanda eléctrica anual. Suficiente, afirman sus gestores, como para satisfacer el consumo de cuatro millones de hogares. «La planta es una instalación clave para la garantía de suministro debido a su alta disponibilidad», trasladan desde la planta extremeña.

«La nuclear, además de no emitir gases de efecto invernadero, garantiza la seguridad en el suministro y la independencia energética», explica Paloma Martín, vicesecretaria de desarrollo sostenible del Partido Popular (PP). Su ventaja, añade, es que genera energía eléctrica durante la mayor parte del año, operando cinco veces más horas en 2024 que la eólica y la fotovoltaica.

Sobrecarga fiscal

Vox, por su parte, aboga no solo por mantener abiertas las plantas existentes, sino que propone construir nuevas instalaciones, como ya está sucediendo en numerosos países, al calor del resurgir de esta tecnología tras la invasión rusa de Ucrania y la posterior crisis energética. «En la mayoría de las plantas actuales hay disponibilidad de espacio para construir otro reactor adicional. Lo hay en Vandellós, en Cofrentes, en Trillo o en Almaraz», apunta José María Figaredo, portavoz nacional de Economía del partido. «También están las opciones de Garoña, Valdecaballeros, Lemoniz y Zorita —instalaciones ya clausuradas o que no se llegaron a inaugurar por la moratoria nuclear y la presión de ETA—».

El partido aboga también por los minirreactores SMR, instalaciones de 300 MW frente a los más de 1.000 de un reactor convencional, pero de tecnología aún incipiente. Y, sobre todo, por reducir la carga fiscal de las plantas nucleares. «La carga fiscal es muy elevada, por los impuestos estatales pero lo es también por los autonómicos. El PP mantiene impuestos autonómicos a la nuclear en Valencia y Extremadura», cuestiona Figaredo.

Para el portavoz de Vox, es urgente eliminar las tasas autonómicas, los impuestos a la generación y rebajar la tasa Enresa a su cuantía original, un 30 % por debajo a la actual. «Los impuestos a la nuclear son además enormemente destructivos: no son impuestos sobre el beneficio, sino por el mero aprovisionamiento. Si luego el precio cae por debajo merece la pena no producir nada. Es como si te cobraran impuestos por caminar hacia la tienda, te quedarías parado de inmediato», ejemplifica.

Calendario de cierre

El Gobierno mantiene inamovible el calendario de cierre de las plantas, bajo el argumento de que ya se pactó con las eléctricas en 2019. Un argumento que estas cuestionan, afirmando que lo que se pactó entonces fue evitar el cierre inmediato de las instalaciones (lo que entonces reclamaba Podemos). Además, la subida de la Tasa Enresa, mayor a la entonces pactada, invalida a ojos del sector energético cualquier acuerdo. Solo Almaraz paga en impuestos 435 millones de euros al año, cien millones en concepto de la tasa Enresa, más que todos sus costes operativos juntos.

Carlos Cuerpo, ministro de Economía, afirmó en un reciente desayuno informativo que la solución para Extremadura pasa por «la dupla entre reindustrialización y energías renovables como vector de competitividad».

Cuerpo, natural de Badajoz, recordó a una pregunta de El Debate que hay numerosas inversiones comprometidas en la región, como una fábrica de diamantes sintéticos, centros de datos o la planta de baterías en Navalmoral de la Mata, que no han decaído pese al anunciado cierre de la central. Desde Sumar, socio del PSOE en el Gobierno, esgrimen además un informe de la OIT que afirma que la energía solar fotovoltaica crea entre siete y once puestos de trabajo por megavatio de capacidad media, y la eólica entre uno y tres.

Las renovables no podrán compensar la pérdida de empleos prevista por el cierre de la centralFernando SánchezAlcalde de Belvís de Monroy y presidente de 'Sí a Almaraz, sí al futuro'

«Apostamos por las renovables, pero no podrán compensar la pérdida de empleos prevista por el cierre de la central», responde Fernando Sánchez, de ‘Sí a Almaraz’. «En cualquier caso, no se entiende que haya que cerrar una industria para abrir otra. Los proyectos de centros de datos que van a venir necesitan una energía estable, como la que proporciona la nuclear, pero las renovables son intermitentes», añade.

Si se clausuran las plantas, según los populares, se disparará además el precio de la electricidad y se pondrá en riesgo el suministro energético. Esgrimen al respecto un informe de Entso-E, la Red Europea de Gestores de Redes de Transporte de Electricidad, que advierte del riesgo de apagones en España —principalmente por la clausura de las centrales de ciclo combinado de gas—, pero también los cuatro paros no programados que tuvo que afrontar la industria española en 2024, dos de ellos en pocos días ante una parada no prevista de la central nuclear de Ascó.

«El cierre de la nuclear se planteó junto a un plan de inversiones en almacenamiento que se ha incumplido de manera clamorosa», afirma Paloma Martín, que lo considera un punto clave para que el Gobierno modifique su postura. «Necesitamos que se mantenga la nuclear no solo para evitar el incremento de los precios, sino para evitar el riesgo de apagones. No hay razón técnica ni rigurosa que justifique el cierre: solo hay ideología», afirma.

Por ahora, ´Sí a Almaraz’ ya ha organizado una primera manifestación, el pasado 18 de enero, que congregó a más de 10.000 personas, y reunió a alcaldes y representantes políticos de PP, Vox y agrupaciones locales. «Mantenemos conversaciones con los comités de empresa de otras centrales. Obviamente ellos también están preocupados», apunta Sánchez. En la marcha participaron, entre otros, los presidentes de las Diputaciones de Cáceres y Badajoz, ambos del PSOE. «Por encima de todo no quieren que nada dañe la región», valora Sánchez, pendiente, como toda la comarca, de la posición que muestren este miércoles los diputados extremeños.