España, ¿paraíso de las 'paguitas'? Cada vez hay más ayudas, pero dos de cada tres ciudadanos vulnerables no las reciben

Hay cuestiones de la vida pública sobre las que nunca habrá consenso. Una de ellas es la recurrente cuestión de si en España puede vivirse únicamente a base de subvenciones y si estas abren la puerta a beneficiarios que eligen subsistir al amparo de las arcas públicas no por necesidad, sino por conveniencia. Así, el debate público oscila entre quienes consideran que las ayudas desincentivan la participación laboral y quienes apuntan que son insuficientes y no llegan a todos los que deberían.

La idea de grupos de personas viviendo del erario sine die sobrevuela el ala más conservadora de nuestro país y construye la línea argumental de su relato. Sin embargo, la única certeza es que el impacto y la efectividad de las ayudas dependen del contexto económico-social en el que se apliquen y de cómo se implementen; es decir, del diseño específico de las políticas, su cuantía y duración y las condiciones impuestas para recibirlas.

Austeridad frente a abundancia de estereotipos

España dista de ser ese supuesto paraíso de ‘paguitas’ (y derivados) con el que algunos sectores caricaturizan el sistema; más bien, su red de protección social es contenida si se compara con la de los vecinos. En 2022 y según la CNMC, ostentábamos el undécimo puesto entre los países de la UE en términos de ayudas públicas como porcentaje del PIB: mientras que la media europea fue del 1,42 %, las ayudas nacionales representaron el 1,27 % del PIB –destinando un 0,3 % a rentas mínimas–.

Bien es cierto que, en los últimos años, se ha incrementado el peso de los fondos sociales en el gasto público a fin de paliar los efectos de la Covid-19 y la crisis energética. Actualmente, cuatro de cada diez euros de la partida de gastos ya se dedican a pensiones, desempleo y ayudas. Aún así, tal como subraya Jaime Ferrer Marrades, empresario, profesor de EADA y ex socio de Accenture, «dos de cada tres personas en situación de pobreza extrema no las recibe».

Pese a este aumento de protagonismo, una vida financiada por los impuestos del resto de los españoles no es más que una de supervivencia básica. Atendiendo a las cifras, los importes de las rentas básicas y, en concreto, el Ingreso Mínimo Vital (IMV) –cuya cuantía mínima apenas supera los 600 euros– representan poco más de la mitad del Salario Mínimo Interprofesional (SMI). Esta diferencia refleja que, al menos en España, el incentivo económico a trabajar debería permanecer. El empresario apunta que, incluso con el aumento del número de prestaciones, «la tasa de ocupación viene subiendo de manera ininterrumpida».

Al otro lado de la ecuación –pero con el mismo resultado–, se encuentran países como Alemania (cuyos ciudadanos son conocidos por su rectitud en el trabajo) o los países nórdicos que, a pesar de ayudas generosas, la gente no «deja de trabajar» masivamente ya que su sistema combina la prestación con una obligación de activación en el mercado. A diferencia de lo que sucede en nuestro país, sus prestaciones están concebidas como un verdadero puente hacia la reinserción, tanto en la teoría como en la práctica.

La preocupación por el posible desincentivo laboral cuando la cuantía de la ayuda se aproxima a un salario ha dado lugar al concepto de la «trampa de la dependencia». La evidencia empírica en Europa no ha podido ser concluyente sobre este fenómeno. En esta línea, el Instituto Juan de Mariana matiza que los casos más claros de desincentivo se localizan en regiones de baja productividad, y no tanto en el diseño de los sistemas de ayudas. En el caso español, Ferrer Marrades defiende que «la verdadera ‘trampa de la pobreza’ es la inversa: un mercado laboral crecientemente polarizado, donde incluso muchos empleos no permiten cubrir el coste de la vida».

La ficción de vivir del cuento

La realidad es mucho más compleja que el imaginario colectivo construido a golpe de titulares sensacionalistas, discursos políticos polarizados o, directamente, desinformación. Entre 2023 y 2024, circuló el bulo sobre que «más de 600.000 extranjeros» cobraban el IMV, cuando los inmigrantes –en su mayoría, población activa que trabaja– están subrepresentados en la recepción de prestaciones sociales respecto a su peso demográfico: apenas un 16 % de los receptores son extranjeros, frente al 84% de españoles. Además, para que un inmigrante acceda a esta ayuda debe ser residente legal durante al menos un año (o tener menores a cargo) y los colectivos vulnerables como solicitantes de asilo tampoco pueden cobrarlo hasta obtener una resolución favorable.

También ha habido debate en torno a los jóvenes que ni estudian ni trabajan y supuestamente viven acomodados en ayudas. La legislación deja poco margen para esa figura: un joven de entre 20 y 30 años, sin hijos ni discapacidad, no puede acceder al IMV (salvo que esté en programas de inclusión social específicos). En los márgenes de ese relato sobreviven miles de unidades familiares para quienes las ayudas no son una opción cómoda, sino la última alternativa de seguridad y cuya precariedad, a pesar de las transferencias públicas, está casi cronificada.

Según un informe de Cáritas, el 30 % de las familias españolas no tienen ingresos suficientes para vivir con dignidad

En 2025, solo el 7 % de los hogares españoles percibía el IMV, del que dependen para sus gastos esenciales dado sus nulos o muy bajos ingresos. Un informe de Cáritas-FOESSA refleja que cerca de seis millones de familias en España (30 %) no tienen ingresos suficientes para vivir con dignidad, entendiendo por dignidad poder cubrir un presupuesto de necesidades básicas sin caer en privaciones.

El problema no es el abuso, sino el acceso

Según datos oficiales, la incidencia de fraude en el IMV, por ejemplo, ha sido inferior al 1 % de los expedientes, pero el ruido generado en torno a los posibles aprovechados del Estado para vivir desde el sofá y no en la oficina se ha excedido en decibelios. Esto resulta paradójico en un contexto en el que ni siquiera es fácil acceder a las ayudas. Y es que, para sorpresa de nadie, la burocracia y la capacidad operativa frenan el despliegue de las redes de protección. Oxfam Intermón estima que el IMV solo llega al 16 % de los hogares que cumplen los requisitos legales. La ONG apunta que esto se debe a: por un lado, algunos requisitos y condiciones de acceso impiden una cobertura más amplia, por dejar fuera a determinados colectivos; por otro, problemas como el desconocimiento de su existencia, las dificultades relativas a la solicitud (como la brecha digital) o el estigma social hacen que algunas personas no lleguen a solicitarla.

En palabras del ex socio de Accenture, «la administración tiene dificultades para identificar y llegar a las personas más necesitadas; de hecho, más de la mitad ni siquiera solicita las ayudas a las que tendría derecho». Si esta coyuntura se superara, la tasa de pobreza severa se reduciría en más de cinco puntos a nivel nacional, frente a los dos que disminuye actualmente.