Las empresas de limpieza, en jaque por el incremento del SMI y la reducción de jornada

Responsable del 1,07 % del PIB y de dar empleo a más de 500.000 personas, el sector de la limpieza en nuestro país se enfrenta a un panorama complicado. A la revalorización del SMI y la reducción de jornada se añade la rigidez de la Administración, que se niega a actualizar los contratos públicos adjudicados hace años y las empresas se enfrentan a verdaderos desafíos para garantizar su supervivencia.

Se trata de una actividad caracterizada por su alta dependencia de la mano de obra, donde los costes salariales suponen más del 85 % de la estructura de costes. Con cerca de 17.750 empresas, la mayor parte de ellas pymes, los márgenes son muy ajustados y se ven muy afectados por las políticas en materia laboral.

«No estamos en contra de la reducción de jornada o al incremento del sueldo mínimo, pero estas cuestiones deben resolverse en el marco del diálogo social y la negociación colectiva, que han funcionado bien a lo largo del tiempo», explica a El Debate Juan Ignacio Beltrán, presidente de la patronal Aspel.

La imposibilidad de ajustar los precios de los contratos públicos está llevando a una creciente dificultad para que las empresas puedan sostener sus costes operativos, particularmente en el caso de las pymes. Esta situación se refleja en el aumento de concursos públicos que quedan desiertos, alcanzando un 29 %, según datos de la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación (Oirescon).

Las patronales han exigido a la Administración la reforma inmediata de la ley de desindexación, así como cambios en la ley de contratos del sector público que permitan la revisión de precios cuando se produzcan desequilibrios económicos en los contratos debido a aumentos de costes laborales o la inflación y cuyas pérdidas ascienden, según sus cálculos, a los 225 millones de euros al año.

«Sumar presentó una proposición de ley para permitir la revisión de precios en estos casos, lo cual podría beneficiar tanto a trabajadores como a empresas. Sin embargo, María Jesús Montero ha rechazado frontalmente la idea argumentando el riesgo de una espiral inflacionista. No sabemos si se trata de una postura definitiva o de una estrategia política, pero la situación sigue siendo incierta», comenta Beltrán.

Esta incertidumbre, así como el problema común de la falta de vacantes, está provocando una disminución en la calidad de los servicios. Las empresas advierten de que, en estas condiciones, no serán capaces de garantizar la cobertura de los servicios de limpieza, especialmente en lo referente a los encargos de la Administración, con lo que ello supone en materia de salubridad en espacios públicos.