Sánchez reconoció que una medida inmobiliaria era «un negociazo para la okupación» días antes de aprobarla

El contenido de una serie de mensajes de texto de WhatsApp entre Pedro Sánchez y el que fuera su mano derecha, del que hoy los socialistas reniegan, José Luis Ábalos, publicados por El Mundo, deja en evidencia los roces que el Ejecutivo ha tenido con Unidas Podemos, durante su Gobierno de Coalición.

En esos mensajes, además de expresar de forma reiterada su molestia ante la estrategia comunicativa del que por aquel entonces era el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, Sánchez también se queja del acuerdo sobre antidesahucios que se aprobó durante la pandemia para proteger a las personas vulnerables sin alternativa habitacional, y es que no le acababan de convencer algunas de las peticiones para incluir en él. No por no proteger a los más vulnerables sino por ir más allá en la defensa de los okupas.

El 16 de diciembre de 2020, Sánchez le preguntaba a Ábalos si había «pactado desahucios con Iglesias», y añadía que le habían llegado «cosas del acuerdo que habéis hecho muy preocupantes». El 19 de diciembre expresaba que «conforme voy conociendo el acuerdo con Unidas Podemos sobre desahucios más me inquieta. Da la sensación de que es un negociazo para la okupación y para los grandes tenedores». «Yo por ahí no paso», concluía.

Tres días después el Consejo de Ministros aprobaba el Real Decreto-ley de medidas urgentes para hacer frente a las situaciones de vulnerabilidad social y económica en el ámbito de la vivienda.

En él se extendían hasta la finalización del estado de alarma, la posibilidad de suspensión del procedimiento de desahucio, ya establecidas en el Real Decreto-ley 11/2020; se ampliaban las situaciones de vulnerabilidad social y económica que pueden alegarse, entendiendo dichas situaciones a aquellas no necesariamente derivadas de lo efectos del covid; y también se incluía la ampliación de la prohibición de corte de suministros de electricidad, agua y gas natural a los consumidores vulnerables, vulnerables severos o en riesgo de exclusión social, entre otras cosas.

Estas medidas, en un principio iban a estar vigentes hasta que acabase el estado de alarma, pero el Gobierno, a día de hoy, las sigue extendiendo: actualmente hasta el 31 de diciembre de 2025. De esta manera, sigue aplicándose en los mismos supuestos que hasta ahora.

En los casos de hogares vulnerables sin alternativa habitacional sujetos a la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) de 1994, cuando habiten una vivienda sin título mujeres víctimas de violencia de género, dependientes o con dependientes, o menores a su cargo y se encuentren en situación de vulnerabilidad, siempre que la vivienda esté en manos de un gran tenedor.

Con esta medida, cualquier inquiokupa que se declare en vulnerabilidad económica y que sea considerado como tal por los servicios sociales puede paralizar el desahucio o el lanzamiento del piso alquilado que ya no paga.

También está en vigor, hasta el 31 de enero de 2026, la posibilidad de solicitar la compensación por parte del propietario si la Administración y los servicios públicos no encuentran una alternativa habitacional, para lo que tienen un plazo de tres meses.