«España no protege la propiedad privada»: las denuncias por okupaciones crecen un 7 %, hasta 317 por semana

La propiedad privada en España está menos protegida que en la mayor parte de los países de nuestro entorno. Según el Índice Internacional de Derechos de Propiedad, elaborado por Property Rights Alliance y difundido en España por el Instituto de Estudios Económicos (IEE), España solo alcanza el puesto 22 de los 37 países analizados de la OCDE.

En las 18 ediciones del Índice, el valor del indicador para medir la protección de los derechos de propiedad en España nunca ha alcanzado siquiera los siete puntos –en 2024 obtuvo 6,4 puntos–, calificación por encima de la cual se sitúan la mayor parte de las economías más avanzadas. De todos los subcomponentes del indicador, el de la protección del derecho de la propiedad física es el que más se ha deteriorado durante todo este periodo.

Se refleja sobre todo en la evolución de la okupación ilegal. Según el estudio El problema de la ocupación ilegal en España del IEE, presentado este lunes, en 2024, el número de denuncias por okupación ilegal de inmuebles alcanzó casi los 16.500 casos, prácticamente 317 denuncias a la semana, lo que supone un incremento del 7 % respecto al año anterior.

Este tipo de denuncias en España ha mostrado una tendencia al alza en los últimos quince años, multiplicándose más de seis veces en este periodo. Durante el periodo 2018-2024 —año en el que llegó a Moncloa Pedro Sánchez— el aumento de este tipo de denuncias ha sido del 34,5 %.

Desde el IEE consideran que este problema es reflejo de un «deficiente» marco regulatorio que no garantiza el derecho a la propiedad privada inmobiliaria, así como de una «ineficiente» intervención pública en materia de vivienda. Los poderes públicos en vez de implementar políticas que garanticen a los ciudadanos una vivienda digna y adecuada, «traspasan la responsabilidad, en detrimento del derecho a la propiedad, a los propietarios privados de los inmuebles, lo que de factor se consideraría como expropiación, a la que le correspondería su respectiva indemnización», asegura Matilde Cuenca, catedrática de Derecho Civil de la Universidad Complutense de Madrid y una de las autoras de este informe.

También preocupa el fenómeno de la ocupación en viviendas en alquiler por parte de arrendatarios que dejan de pagar la renta y continúan habitando el inmueble. El informe recoge los datos sobre desahucios por impagos de alquileres en el periodo reciente y, se constata que estos aumentaron un 4,5 % en 2024.

Los plazos largos no solo afectan a los propietarios, sino que también alimentan la percepción de impunidad entre los ocupantes ilegalesVicente Pérez DaudíCatedrático de Derecho Procesal de la Universidad de Barcelona

«Las leyes actuales, en lugar de proteger la propiedad privada, han favorecido el alargamiento de los procesos judiciales y el establecimiento de restricciones para los desalojos», explica Cuenca. Hace referencia a la ley 12/2023 y a la prórroga de la suspensión de desahucios hasta 2025 que «han agravado el problema, haciendo que los propietarios, especialmente los grandes tenedores, asuman la carga de garantizar el derecho a la vivienda».

En consecuencia, la duración de los procesos de desalojo aumentaron de 4,9 meses en 2018 a 12 meses en 2023, esto es un incremento de más del 50 %. «Estos plazos largos no solo afectan a los propietarios, sino que también alimentan la percepción de impunidad entre los ocupantes ilegales», asegura Vicente Pérez Daudí, catedrático de Derecho Procesal de la Universidad de Barcelona y otro de los autores del informe.

Elevar penas y cortar suministros

Desde el IEE piden posibilitar que los propietarios puedan cortar los suministros de la vivienda okupada sin que ello tenga la consideración de delito de coacciones, tal y como reconoce la jurisprudencia más reciente. También ven necesario introducir una serie de medidas que agilicen los procesos judiciales para la recuperación de propiedades okupadas, así como elevar las penas para este tipo de delitos.

«Es preocupante que, en España, a pesar de contar con un amplio margen de mejora, no se perciban esfuerzos sustanciales para reformar y fortalecer la protección de la propiedad privada inmobiliaria», avisan en el informe.

Por ello, piden ampliar el ámbito de aplicación de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en relación con la okupación ilegal de viviendas, y extender la posibilidad de uso de medidas cautelares también a personas jurídicas y a inmuebles distintos de vivienda.

Además, quieren elevar las penas por estafa procesal en el caso de falsificación de contratos de arrendamiento aportados por el ocupante ilegal, así como en aquellas en las que se haya producido la existencia del «dolo coetáneo» al momento de la celebración del contrato que hace atraer la existencia de un delito de estafa y no un incumplimiento civil.

Desde el centro de estudios consideran necesario adoptar medidas cautelares en el proceso civil y penal que favorezcan el desalojo judicial, protegiéndose a todo propietario sea persona física o jurídica, y permitir que las denuncias ante las fuerzas de seguridad, acompañadas de un documento que acredite la propiedad del inmueble, sea suficiente para que el Juzgado de Instrucción de guardia ordene el desalojo.

Equiparar usurpación y allanamiento

Desde el IEE piden equiparar el delito de usurpación al de allanamiento de morada, lo que permitiría obtener casa de «manera inmediata» la posesión del bien ocupado ilegalmente, tal y como sucede en la mayoría de los países europeos.

«El ocupante ilegal no debe gozar del derecho a la inviolabilidad del domicilio. Debe objetivarse, a través de medidas cautelares eficientes en un plazo no inferior a 72 horas para el desalojo policial», han demandado.

Por último, en materia fiscal, el instituto económico ha solicitado una exención al propietario de la obligación del pago de los impuestos que gravan la propiedad del inmueble cuando se acredite haber iniciado un procedimiento judicial para lograr el desalojo de un ocupante ilegal.