La suspensión del voto de Ábalos deja al Gobierno en una situación límite en el Congreso

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo rechazó este miércoles los recursos presentados por José Luis Ábalos y Koldo García e hizo firme el auto de procesamiento del juez Leopoldo Puente. Poco después, la Mesa del Congreso se reunió de forma extraordinaria para suspender al exministro de Transportes de sus derechos y deberes como diputados. Entre ellos, el sueldo y el derecho a votar, en base al artículo 21 del Reglamento de la Cámara Baja. La medida ya será efectiva en el Pleno de este jueves, el último de este año.

A Ábalos le preocupa el sueldo, puesto que cobraba casi 5.300 euros mensuales, pero al PSOE lo que le quita el sueño es el voto. La pérdida del voto de Ábalos, que venía votando lo mismo que sus excompañeros de bancada, es letal para los socialistas. Significa que, a partir de ahora, el Gobierno no podrá ganar ninguna votación con la abstención de Junts, sino que necesita el voto favorable de los de Carles Puigdemont. Y estos siguen teniendo la legislatura bloqueada.

De ahí el interés repentino de Pedro Sánchez por hacerse perdonar por Junts. De ahí que, el martes de la semana pasada, reconociera «incumplimientos» y «retrasos» para con los de Puigdemont después de un mes, negándolo. De ahí, también, que el Gobierno aprobara ese día un real decreto ley con medidas solicitadas por Junts y se comprometiera a aprobar más en próximas fechas. Y que el Ejecutivo pusiese un día más tarde la otra mejilla después de que la portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, dijese: «Estamos donde estábamos». De ahí que, el jueves pasado, el PSOE pactara con el PP y Junts en el Congreso varias enmiendas para acelerar la tramitación de la ley de multirreincidencia, una de las peticiones de estos últimos. La norma fue aprobada ayer en la Comisión de Justicia.

Sin Ábalos y sin Junts, la mayoría de investidura de Sánchez mengua a 171 escaños, que son los mismos que tiene el llamado 'bloque del no', compuesto por el PP, Vox y UPN. No hay ninguna votación que el Gobierno pueda ganar con un empate, así lo establece el Reglamento (si el empate persiste en una segunda y hasta tercera votación, la iniciativa decae). Por eso para los socialistas es tan perjudicial la pérdida del voto 172, el del exministro. Y este sigue sin tener la más mínima intención de renunciar a su escaño mientras esté en prisión provisional. Nadie puede obligarle.

Con Junts autoexcluido del bloque sanchista, el Ejecutivo ya tenía perdidas todas las votaciones que requieren mayoría absoluta, 176 escaños, que son las de las leyes orgánicas. Sin embargo, aún podía aspirar a ganar las votaciones sobre leyes ordinarias y a convalidar sus reales decretos leyes, siempre y cuando Junts se abstuviera. Porque, en ambos casos, necesita mayoría simple: más síes que noes y las abstenciones no computan.

Pero sin Ábalos y con 171 votos en contra, no basta con que Junts se abstenga. No basta con los 120 del PSOE, 26 de Sumar, siete de ERC, seis de Bildu, cinco del PNV, cuatro de Podemos, uno del BNG, la diputada de Compromís Àgueda Micó (que abandonó el grupo de Sumar en junio y se pasó al mixto) y la diputada de Coalición Canaria, Cristina Valido. Porque todos juntos solo alcanzan al empate.

El Pleno de este jueves

Este jueves se celebra el último Pleno del año, ya con 349 diputados en lugar de 350. Pleno en el que Sánchez votará de forma telemática porque tiene prevista una reunión de la llamada Coalición de Voluntarios con Ucrania. Como ha venido contando El Debate, los independentistas van a tumbar por segunda vez, y definitiva, la senda de estabilidad del Ministerio de Hacienda. No obstante, el Ejecutivo sí logrará la convalidación de tres reales decretos leyes, que hacen los números 13, 14 y 15 de este año: uno con ayudas para los afectados por el volcán de La Palma; otro que articula la subida del sueldo a los funcionarios; y el tercero con medidas exigidas por Junts (una transferencia pendiente, la autorización a los ayuntamientos y comunidades para gastar el superávit de 2024 y aplazamiento de un año en la entrada en vigor de Verifactu). También sacará adelante definitivamente la Ley de Servicios de Atención a la Clientela, que estaba pactada con los independentistas con anterioridad a su cerrojazo y que vuelve del Senado con algunas enmiendas.

Después, como ya contó este periódico, el plan del presidente pasa por detener el reloj parlamentario, y de hecho no habrá más plenos ordinarios en diciembre ni en enero, hasta el 10 de febrero. También, por funcionar con el Gobierno al ralentí hasta la segunda semana de febrero: tampoco habrá Consejo de Ministros la última semana de diciembre ni la primera de enero. Los socialistas quieren aprovechar ese tiempo para negociar con Junts.

En febrero, el Gobierno se ha comprometido a aprobar los Presupuestos en el Consejo de Ministros, presentar un nuevo modelo de financiación autonómica a las comunidades y avanzar en la ley que articulará la quita de la deuda a las comunidades autónomas. El Ejecutivo tiene asumido que Junts no desbloqueará la legislatura hasta que Puigdemont pueda volver a España, y para eso faltan meses. Mientras, se conforma con ir parcheando la situación, pasando pantallas sin dejarse todas las vidas.