Pedro Sánchez junto a Salvador Illa en la última reunión del Cercle d'Economia
Cataluña avanza hacia el cupo mientras las regiones del PP desarman la coartada de Sánchez para taparlo
Ninguna autonomía ‘popular’ se abre a abrazar la quita de deuda prometida a ERC y ofrecida luego al resto de regiones, antesala del trato fiscal privilegiado para la Generalitat
La reforma de la financiación autonómica volverá a sobrevolar la cumbre de presidentes, aunque desde posturas muy alejadas. El Gobierno ha tratado de esquivar la petición de las comunidades del Partido Popular de incorporar a la agenda la reforma del sistema, pese a que bajo cuerda ultima la negociación con Cataluña de un modelo singular que, según se espera, se conozca antes de que acabe este junio. Finalmente se abrió en último momento a abordar el tema ante la amenaza de plantón por parte de las comunidades del PP.
En lugar de extender este modelo de financiación al resto de autonomías, el Gobierno se ciñe a la quita de deuda autonómica que prometió en febrero. En el marco del Consejo de Política Fiscal y Financiera, prometió a las regiones un perdón de su deuda de 83.252 millones de euros, con Andalucía, Cataluña y la Comunidad Valenciana como las más beneficiadas. Según una fórmula pergeñada por el ministerio de María Jesús Montero, en base al supuesto perjuicio causado durante la crisis financiera, estas tres autonomías verían reducido su pasivo en 18.879 millones, 17.104 millones y 11.210, respectivamente.
Sin embargo, ni Andalucía, ni Valencia, ni ninguna de las otras nueve regiones gobernadas por el Partido Popular se han mostrado interesadas por la condonación. Desde la primera califican la propuesta de «trampa», mientras que la Generalitat valenciana ve la fórmula un «cálculo a la medida de los independentistas catalanes y sin solvencia técnica», y considera que su impacto será «nimio».
El ministerio de Hacienda insiste en que la condonación servirá para que las comunidades más endeudadas puedan salir a los mercados, lo que aliviará su carga de intereses. Sin embargo, cálculos internos de la Generalitat afirman que la condonación sólo ahorraría 165 millones de euros en intereses. Una cifra que además, según la Autoridad Fiscal Independiente, no podría destinarse a gasto social, «con lo que en ningún caso redunda en una mejora de los servicios públicos».
En último extremo, añaden desde la consejería valenciana de Hacienda, la quita de deuda no supone una condonación efectiva, sino simplemente trasladar el apunte de las cuentas regionales a las del Estado. «Como españoles, los valencianos tendrían que asumir la parte proporcional de la deuda condonada por el Estado al conjunto de las CC.AA.».
La propuesta, en cambio, sí ha sido bien valoradas por las otras dos autonomías gobernadas por el PSOE, además de Cataluña: Castilla-La Mancha y Asturias. Desde la primera, a la que se le perdonarían 5.000 millones, cifran el ahorro en intereses en 760 millones. Y Asturias, a la que se perdonarían 1.508 millones, se ahorraría 30 millones anuales en intereses, tras situarse como la tercera región que más vería recortado su endeudamiento en términos porcentuales.
Reforma integral de la financiación
Las autonomías populares, en cambio, urgen a Hacienda a poner en marcha una reforma integral del modelo de financiación y, como paso más inmediato, reactive el mecanismo extra FLA. Este mecanismo sirve para financiar el exceso de déficit registrado por las autonomías, cuya paralización por primera vez en doce años está causando graves tensiones de liquidez en algunas regiones, como la valenciana. Además, urgen a activar un fondo de nivelación que compense a las regiones más afectadas por la infrafinanciación, apoyándose en una propuesta del think thank Fedea.
María Jesús Montero, por su parte, se niega a abordar la reforma de la financiación autonómica si las comunidades populares no consensúan antes un documento con una propuesta unificada. «Cada comunidad opina algo distinto, lo que viene bien a Andalucía no le gusta a Galicia, y lo que viene bien a Madrid no le gusta a Murcia», protestó recientemente.
Mientras tanto lo que sí parece avanzar es el cupo prometido por Pedro Sánchez a Junts para Cataluña, a pesar de que ningún indicador muestra que la Generalitat tenga un déficit de financiación, sino más bien al contrario. La consejera de Hacienda del Gobierno de Illa, Alicia Romero, trasladó la semana pasada en un acto en el Colegio de Economistas que los detalles del modelo se conocerán antes del próximo 30 de junio, cumpliendo así la fecha prometida al independentismo.
Partición de la Agencia Tributaria
«Algunas cuestiones ya están en funcionamiento», detallaba en una reciente entrevista con El Debate Francisco de la Torre, ex presidente de la comisión de Presupuestos del Congreso e inspector de Hacienda en ejercicio. «Por ejemplo el impuesto a la banca —cuya recaudación se ha transferido a las autonomías— o la fragmentación de la Agencia Tributaria».
Por ahora, el principal avance en la ‘independencia fiscal’ catalana es la potenciación de la Agencia Tributaria de Cataluña (ATC). En los últimos días, la Generalitat ha aprobado la creación de 200 nuevas plazas para reforzar su plantilla, de cara a asumir la recaudación del IRPF ya en la campaña de 2026. Este año la ATC ya ha quintuplicado sus actuaciones de atención durante la campaña, tras alcanzar la cifra de 36 oficinas operativas. «Estas cuestiones quizás sean muy complicadas de revertir o hace falta mucha, mucha voluntad política en sentido contrario», avisa De la Torre.