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La okupación, la «inmigración masiva» y las cargas fiscales, entre las causas de la crisis de vivienda
España vive su peor crisis habitacional en mucho tiempo, con precios en constante ascenso, reducción de la oferta de alquiler y un aumento de la edad de emancipación por encima de los 30 años. Detrás de esta situación hay cinco grandes causas, identificadas en el último informe El problema de la vivienda en España: análisis y propuestas del CEU-CEFAS (Centro de Estudios, Formación y Análisis Social): la excesiva burocracia, la okupación, la fiscalidad elevada, la llegada de «inmigración masiva» y la «desestructuración familiar».
Por un lado, la excesiva burocracia y la lenta concesión de licencias y aprobación de trámites por las administraciones dificultan la construcción de nuevas vivienda, llegando a generar un retraso de hasta 15 años en muchos proyectos urbanísticos. Además, existe una elevada carga fiscal sobre la construcción, venta y mantenimiento de la vivienda que encarece los precios, impactando directamente en la accesibilidad para los ciudadanos.
En el estudio, el autor también achaca este problema a la falta de «medidas efectivas» contra la okupación y la inquiokupación, desincentivando la inversión en el sector inmobiliario y reduciendo la oferta de vivienda en alquiler. Las estadísticas del Ministerio del Interior reflejan casi 170.000 hechos de allanamiento o usurpación entre 2010 y 2024, con un fuerte crecimiento de 2012 a 2015, y de 2018 a 2021.
Cataluña encabeza las tasas de ocupación de viviendas en España, con un número de okupaciones en el trienio 2002-2024 por 100.000 habitantes que es 3,6 veces el del resto de España.
Por otro lado, el informe lamenta la llegada «masiva de inmigración», que en la última década se ha situado en los 3,5 millones. «Como consecuencia, se dispara la demanda de vivienda, y en particular en los barrios populares. Al construirse menos casas que las requeridas por el aumento de la población producido exclusivamente por la inmigración, el mercado de la vivienda se acaba estrangulando, como a comienzos de 2025», asegura.
Por último, se advierte que la «alta tasa de divorcio y la caída de la nupcialidad» generan mucha demanda adicional de viviendas, contribuyendo al déficit habitacional. Según los datos del CEU, solo en el trienio 2021-2023 hubo en España casi 245.000 divorcios legales, más un número no conocido de rupturas de parejas de hecho. Esto supone que, «con las pautas familiares actuales hacen falta 3 millones largos más de viviendas que los necesarios con las pautas de hace 50 años».
Caída de la vivienda social
La construcción de vivienda social, una de las soluciones aplicadas, ha caído drásticamente en las últimas décadas, con apenas 8.000 unidades construidas anualmente en los últimos diez años, frente a las más de 150.000 que se construían hace más de 50 años, según se señala en el estudio. En cuanto a la vivienda social o protegida en alquiler, España sólo cuenta con el 2,5 % del total de las que hay en el mercado del alquiler.
Esta cifra contrasta con el promedio europeo, que se sitúa en torno al 9,3 %, y con países como Países Bajos, donde el alquiler social supone un 34 % del total de viviendas en esta modalidad, Austria (24 %), Francia (14 %) o el Reino Unido (16,7 %). Según datos de la OCDE, España es uno de los cuatro países con menor proporción de vivienda social en alquiler, por lo que según el estudio es «difícil» que la vivienda social —en propiedad o alquiler— pueda producir un alivio significativo en el tensionamiento del mercado de la vivienda en 2025 y años subsiguientes.
Por ello, el autor propone para revertir esta situación, medidas urgentes como la reducción de la carga burocrática, la liberalización del suelo, la tolerancia cero con la okupación, una mayor seguridad jurídica para propietarios e inquilinos, la liberalización del mercado del alquiler, el control de la inmigración hacia la adopción de medidas más alienadas con las necesidades reales del mercado laboral y del parque de vivienda disponible, el control de la inversión extranjera o el fomento de la colaboración público-privada.
Y en un plano más de fondo, se plantea el fomento de la estabilidad familiar, algo asimismo imprescindible para poder recuperar una tasa de natalidad que permita el relevo generacional.