El gasto en prestaciones aumenta mientras baja el paro: algo huele mal en el Ministerio

En plena vorágine de corrupción económica y política, el presidente –más allá de mostrarse compungido y querer despedir a los puteros del partido– no se da por aludido de que el gran culpable es él. Ha perdido el relato, está errático y no se entera de lo que realmente está ocurriendo en la economía del país. Los datos y las informaciones están manipulados o falseados: ninguna estadística cuadra con nada. Todo es una gran mentira.

Las cuentas públicas y los indicadores oficiales deberían contar una historia coherente: si el paro baja, el gasto en prestaciones por desempleo debería disminuir también. Si el gasto sube, es porque hay más parados que necesitan ayuda. Pero en la España de hoy, las estadísticas ya no siguen esa lógica elemental.

Los datos recientes del Ministerio de Trabajo y Economía Social sobre prestaciones por desempleo muestran lo contrario. En los cinco primeros meses de 2025, el gasto ha aumentado un 7 % respecto al mismo periodo de 2024, alcanzando los 10.302 millones de euros. Se trata de un crecimiento constante y acumulativo, sin fluctuaciones estacionales ni picos extraordinarios.

Ahora bien, cuando se contrasta ese aumento con las cifras oficiales de paro registrado, la lógica se rompe. El Gobierno insiste en que el mercado laboral va bien, que el paro se reduce y que la afiliación a la Seguridad Social no deja de crecer. ¿Cómo encaja entonces que cada mes se gasten cientos de millones más en prestaciones?

Los datos hablan por sí solos:

En 2018 pagábamos 17.469 millones de euros. Cerramos 2024 con 23.161 millones, y en 2025 vamos camino de alcanzar los 24.782 millones. Esto supone superar la cifra de 2021, en plena salida de la pandemia.

Obsérvese que en 2022 –año en que comenzó la recuperación– el gasto fue de 20.785 millones. Tres años después, con bastante menos paro, vamos a pagar 4.000 millones más.

Esta incongruencia estadística no es nueva, pero sí cada vez más escandalosa. Desde 2018 hasta hoy, el gasto en prestaciones por desempleo ha aumentado más de un 40 %, mientras el paro oficial ha descendido en un 20 %. ¿Dónde está la coherencia?

Nada justifica el desfase creciente entre los supuestos avances en el empleo y el volumen de dinero destinado al desempleo

Algunos alegarán que ese aumento se debe al encarecimiento de la vida, al alza del SMI o a la mejora de la cobertura. Es cierto en parte. Pero ninguna de esas razones justifica el desfase creciente entre los supuestos avances en el empleo y el volumen de dinero destinado al desempleo. Ni los programas de ayuda temporal ni los planes sociales pueden cubrir semejante brecha.

Entre 2024 y 2025, no puede argumentarse que la inflación o los salarios sean los responsables del aumento del gasto. Sin embargo, mientras el Gobierno presume de un paro en descenso, las prestaciones suben un 7 %.

En el fondo, lo que está en juego es la credibilidad del sistema estadístico y presupuestario español. Porque si las cifras oficiales no reflejan la realidad, no solo es difícil hacer un análisis riguroso; es imposible gobernar con responsabilidad. ¿Cómo se puede diseñar una política económica seria si los números no cuadran?

Este artículo parte de una idea básica pero fundamental: cuando el paro baja, pero el gasto en prestaciones sube, alguien tiene que dar explicaciones. Lo que podría parecer un simple fallo técnico es, en realidad, un síntoma político. Porque este Gobierno, una vez más, miente. Y en democracia, eso sí debería ser un delito.

Lo que está ocurriendo con las prestaciones por desempleo en España merece ser examinado con lupa por Bruselas

Lo que está ocurriendo con las prestaciones por desempleo en España merece ser examinado con lupa, y no por auditores nacionales, sino por Bruselas, que debería intervenir de forma inmediata antes de que esto vaya a mayores.

Los datos del Ministerio de Trabajo reflejan un gasto público en estas ayudas que no deja de crecer, tanto en cifras absolutas como en ritmo interanual. Pero cuando se comparan esos datos con los registros de paro oficial, la relación directa entre número de desempleados y cantidad de dinero destinada a protegerlos simplemente no existe. Estamos ante un fraude económico y estadístico en toda regla.

Desde la pandemia, las arcas públicas han desembolsado cifras récord en concepto de prestaciones por desempleo. Solo en lo que va de 2025, ya se han superado los 10.300 millones de euros. Y estimo que el cierre del año se situará más cerca de los 25.000 millones que de los 24.000, superando así la cifra récord de 2021.

Estamos ante un momento crítico. Todo lo que dice el presidente y su gobierno son mentiras. Prepárense, señoras del partido: no solo no las van a defender de los puteros, sino que van a ser ellas quienes obedezcan sus órdenes. Pero desde espacios como este diario debemos hacer un esfuerzo por contar las verdades y oponernos frontalmente a la manipulación.

Si seguimos normalizando que las cifras de paro y las de gasto en prestaciones vayan por caminos opuestos sin exigir rendición de cuentas, nos quedaremos sin brújula para gobernar y sin argumentos para confiar. Está en juego la credibilidad de nuestro sistema institucional.

Lo mínimo que puede exigirse es una explicación clara, pública y técnica sobre lo que está ocurriendo con los números. Porque la falsedad de los datos públicos es un delito. Hay que demostrar que se están falseando y empezar por investigar y sancionar a quienes lo permiten.

Según me informan, si un funcionario o autoridad pública falsifica, altera o manipula conscientemente estadísticas, informes, certificados o bases de datos oficiales para obtener un resultado diferente del real, está cometiendo un delito de falsedad documental, según los artículos 390 y 391 del Código Penal.

No soy abogado, soy economista. Pero estos datos no cuadran, y hay empleados públicos de por medio que juegan a que no cuadren. A buen entendedor, pocas palabras bastan.