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España no se rompe, ya está rota. Mientras el Gobierno de Pedro Sánchez presume de «progreso», de una economía «resiliente» y de una recuperación que solo existe en los PowerPoint del Consejo de Ministros, el tejido productivo del país se desangra en silencio.

En 2025 más de 15.000 empresas han iniciado un procedimiento concursal solo en el primer trimestre. Un aumento del 87,6 % respecto al mismo periodo de 2024 y un demoledor 849 % respecto a 2018. Ocho veces más quiebras. Ocho veces más ruina.

Detrás de esta destrucción está un Gobierno infestado de casos de corrupción, con ministros implicados en tramas de enriquecimiento, en fiestas financiadas con dinero público y escándalos sexuales que harían dimitir a cualquier dirigente decente en cualquier democracia seria. Aquí, en cambio, se premia al corrupto, se oculta al depredador y se protege al incompetente. Mientras tanto, miles de empresarios cierran las puertas de sus negocios.

La evolución de los procedimientos concursales, desde 2018, refleja con claridad el hundimiento progresivo del tejido empresarial, la situación, como van a ver, es dantesca, sobre todo si pensamos que el mayor porcentaje de concurso se produce en el último trimestre del año, que suelen tener una media del 30 % cuando en el primer trimestre no suele llegar al 20 %.

Vean los números oficiales de los Registradores de España, responsables desde 2021 de la elaboración de la estadística, cuando hasta esa fecha era responsabilidad del INE:

En 2018 hubo 1.621 concursos, trimestre que le corresponde realmente al gobierno de Rajoy. Ya con Sánchez en poder, los concursos en 2019 crecieron un 19,2 % hasta los 1.932, la pandemia y el control sobre los concursos hace que en 2020 sólo suban un 9,5 % hasta 2.116.

En 2021, el incremento fue del 65,9 % con 3.510 procedimientos, ya con la mano más abierta para la presentación de concursos y en 2022, la cifra se va a 3.714, lo cual supone otro 5,8 % más. En 2023 los concursos vuelven a dispararse y se van a 6.509 concursos y vuelven a crecer un 75,3 % y en 2024 llegan a 8.199 con otro incremento del 26 %, para llegar a una cifra nunca vista en nuestra economía, pues en 2025, la cifra solo en el primer trimestre ha sido de 15.384, lo que implica una subida del 87,6 %.

¿Qué significa esto? Pues muy sencillo que, en apenas siete años, el número de empresas que no pueden hacer frente a sus obligaciones ha crecido casi un 850 %. El crecimiento acumulado medio desde 2018 es del 37,9 %. Es un colapso sistémico, no coyuntural.

Esto no es un ciclo. Es una consecuencia directa de políticas fiscales asfixiantes, de un gasto público descontrolado que desvía recursos del sector productivo, de una Seguridad Social saqueada, mal gestionada y sin una sola aportación creativa, salvo la de incrementar sus costes.

Si a esto le añadimos un marco regulatorio completamente ideologizado y cada día con mayor inseguridad jurídica para cualquier inversor y un mercado laboral intervenido por intereses del área comunista del Gobierno, se ha producido la tormenta perfecta.

Esto tiene consecuencias, cada día más claras, pues la desaparición de empresas implica miles de trabajadores sin alternativa. El paro real es mucho mayor que el publicado por el SEPE y el día que tengamos las estadísticas reales, sabremos que lo que estamos pagando por prestaciones por desempleo, es posiblemente la punta del iceberg de lo que está por llegar. Cada empresa que desaparece, en poco tiempo lo vamos a ir notando, supondrá menos IVA, menos IRPF, menos Seguridad Social.

Es una consecuencia directa de políticas fiscales asfixiantes, de un gasto público descontrolado, de una Seguridad Social saqueada, mal gestionada y sin una sola aportación creativa

Por otra parte, esto que está pasando significa la muerte de la clase media emprendedora, de los autónomos, de las pymes y de los profesionales que están siendo exterminados por un Gobierno que los desprecia.

España no necesita maquillaje ni propaganda. Necesita de una rebaja fiscal inmediata para empresas y autónomos, de una reducción drástica del gasto político superfluo, de una auditoría completa del dinero público destinado a chiringuitos ideológicos, de una seguridad jurídica, de una estabilidad regulatoria y de un respeto a la propiedad privada.

Sobre todo, necesita un cambio de Gobierno inmediato. Este Ejecutivo ha fracasado en todo: en lo moral, en lo económico, en lo institucional… Está llevando al país a la quiebra, mientras se atrinchera en el poder con mentiras, televisiones compradas y propaganda.

Las cifras de concursos de acreedores son el único dato que no pueden manipular. Porque son sentencias judiciales. Y en esas, la realidad es implacable.

España necesita un nuevo rumbo. Y lo necesita ya.

¡SÁNCHEZ VETE YA!