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La portavoz de EH Bildu en el Congreso, Mertxe Aizpurua

La portavoz de EH Bildu en el Congreso, Mertxe Aizpurua

Bildu pide subir las multas por alquilar pisos turísticos ilegales hasta 1 millón de euros

La ley que propone Bildu hace recaer sobre las empresas y plataformas la responsabilidad legal de evitar la proliferación de alojamientos ilegales para su alquiler

El grupo parlamentario de EH Bildu ha registrado en el Congreso una proposición de ley que eleva hasta un millón de euros las sanciones económicas a las plataformas que alquilen alojamientos turísticos sin licencia o número de registro.

En la actualidad estas sanciones oscilan entre los 600 y los 30.000 euros por infracción, en función de la gravedad y la normativa estatal, autonómica o local aplicable, ya que el Real Decreto que obliga a registrar esas viviendas desde el pasado 1 de julio remite a esos regímenes sancionadores mientras no se apruebe uno específico propio.

La iniciativa de Bildu establece sanciones de 500.001 y 1.000.000 euros para infracciones muy graves, de 50.001 a 500.000 euros para las graves y de 10.000 a 50.000 para las leves.

Como infracciones muy graves contempla «permitir la contratación» de una vivienda de uso turístico que carezca de licencia o número de registro y de permiso de habitabilidad y salubridad, entre otras.

Entre las infracciones graves recoge la de «permitir la publicación» de estas viviendas y entre la leves, la de permitir la publicación de un piso turístico sin haber recogido la descripción del alojamiento o su situación.

La ley que propone Bildu hace recaer sobre las empresas y plataformas la responsabilidad legal de evitar la proliferación de alojamientos ilegales para su alquiler, ya que los ayuntamientos y las comunidades autónomas se encuentran con muchos problemas para hacer frente a esta situación, «por falta de recursos en algunos casos y por una permisividad manifiesta en otros», argumenta.

Según sus datos, el porcentaje de pisos turísticos ilegales o sin licencia supone el 30 % en el País Vasco y hasta más del 60 % en otras ciudades y comunidades.

A su juicio, con la ley que proponen «se podría reducir drásticamente e incluso acabar con este parque ilegal de alojamientos».

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