La reforma de Escrivá castiga a un millón de jubilados anticipados con recortes de pensión de por vida

La jubilación anticipada se ha convertido en una trampa para muchas personas, especialmente para quienes se han visto forzados a jubilarse anticipadamente y ven reducida su pensión de por vida por la aplicación de coeficientes reductores. Para acallar las protestas de este colectivo, el entonces ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, introdujo un complemento que apenas alcanza los 30 euros mensuales y que, además, solo reciben uno de cada diez afectados.

Por lo general, pueden acogerse a la jubilación anticipada voluntaria quienes, con 63 años, hayan cotizado al menos 38 años y tres meses. En caso de haber cotizado menos, la edad mínima se eleva a 64 años y 8 meses. En ambos supuestos se exige un mínimo de 35 años de cotización efectiva, de los cuales al menos dos deben haberse producido en los últimos 15 años previos al retiro.

En el caso de la jubilación anticipada forzosa, la edad mínima se sitúa en cuatro años menos que la edad ordinaria de jubilación, siempre que se acrediten al menos 33 años de cotización efectiva. Si se han cotizado menos años, la edad mínima pasa a ser de 62 años y ocho meses. Además, para poder acceder a esta modalidad, es necesario haber estado inscrito como demandante de empleo al menos seis meses antes de presentar la solicitud.

En ambos casos se aplican coeficientes reductores de la pensión en función del tiempo cotizado y del número de meses de adelanto respecto a la edad legal. En la jubilación voluntaria, estos porcentajes oscilan entre el 21 % y el 2,81 %, mientras que en la involuntaria varían entre el 30 % y el 0,5 %.

El problema surge cuando una persona es despedida a los 61 o 62 años y aún le quedan varios años para alcanzar la edad legal de jubilación. Tras agotar los dos años de prestación por desempleo, solo puede acceder al subsidio para mayores de 52 años, que asciende a unos 480 euros mensuales. Esta cantidad, insuficiente para sostenerse, empuja a muchas personas a acogerse a la jubilación anticipada pese a la penalización permanente en su pensión. «Aunque no estés obligado formalmente, económicamente te ves forzado a acogerte a la jubilación anticipada», explica un miembro de la asociación de pensionistas ASJUBI40. «Es sencillamente hacer un cálculo económico».

Este asunto fue uno de los temas que surgieron en la comisión de seguimiento del Pacto de Toledo en 2020 de cara a la reforma que preparaba entonces Escrivá. En una de las recomendaciones se solicitó un estudio económico sobre el impacto de los coeficientes reductores. «El ministro aprovechó para hacer un informe tergiversado para quitarse el problema y, de cara a la reforma de pensiones, quiso tener un detalle con el colectivo para silenciarlo», añaden desde la asociación.

Ese «detalle» fue un complemento con letra pequeña: solo se aplica a quienes tienen una pensión igual o inferior a 900 euros, con más de 40 años cotizados, y siempre que el coeficiente reductor que se les aplicó antes de la reforma fuera superior al que se habría aplicado después.

El resultado fue que, de los casi 900.000 jubilados anticipados con más de 40 años cotizados, solo unos 99.000 lo reciben. Y el importe es mínimo, de apenas 28 euros brutos al mes. Así, el Gobierno evitaba el coste de 2.745 millones de euros que habría supuesto eliminar los coeficientes, a cambio de un gasto en complementos que apenas alcanza los 2,8 millones.

La desafección ha llegado después. En reuniones con asociaciones de jubilados, el secretario de Estado de Seguridad Social, Borja Suárez, reconoció que la situación «no era óptima», pero no pareció muy interesado abordar este asunto.

Desde estas organizaciones piden la eliminación de los coeficientes reductores al entender que son discriminatorios, injustos e indignos con un colectivo «que tanto ha aportado al bienestar económico y social del país».