La factura directa del intervencionismo de Sánchez en Indra, Telefónica y Talgo supera ya los 2.500 millones

Si el poder se extiende, como defendía Montesquieu, hasta que encuentra límites, en el caso del Gobierno de Pedro Sánchez esos límites penetran cada vez más dentro del tejido empresarial y económico español. Y es que el Consejo de Ministros dio este martes el visto bueno a la entrada de la SEPI en Talgo, en la tercera gran incursión del Ejecutivo socialista en una empresa cotizada.

En total, cuando se complete la entrada en Talgo el Ejecutivo de Sánchez habrá gastado más de 2.530 millones en reforzar su presencia accionarial en compañías privadas, incluyendo Indra y Telefónica.

Tras las presiones del PNV y después de haber dado carpetazo, el año pasado, a la oferta de compra de un grupo húngaro, la SEPI se hará finalmente con el 8 % del fabricante ferroviario mediante una ampliación de capital de 45 millones de euros, mediante la emisión de 10.588.235 de nuevas acciones. Además, participará en una emisión de obligaciones convertibles por importe de 30 millones de euros con exclusión del derecho de suscripción preferente.

La entrada del holding público en Talgo pone punto y final a más de un año de culebrón, después de que el Gobierno bloqueara la intención de Magyar Vagon de entrar en la compañía bajo el argumento de proteger el interés nacional. En su lugar el Ejecutivo ha potenciado la entrada en la compañía de José Antonio Jainaga después de que el ministro de Transportes, Óscar Puente, buscara interesados sin éxito. El presidente de Sidenor cerró en febrero el acuerdo con Trilantic, que llevaba años queriendo desprenderse de su participación, para hacerse con el 29,7 % de Talgo.

En los últimos cinco meses, sin embargo, la operación ha estado en el alero entre otras cosas por las grandes necesidades de liquidez que afronta la empresa, que aunque tiene una cartera de pedidos superior a 4.000 millones, afronta una deuda que supera los 400 millones de euros. Todo ello había despertado los recelos del PNV, que presionó a Sánchez a principios de julio, y el lendakari Imanol Pradales fue quién arrancó en su reunión con Sánchez el desbloqueo de la operación mediante la entrada de la SEPI.

Talgo, además, encara una multa de 116 millones de euros que le impuso Renfe por retrasos en la entrega de los trenes Avril. Un material rodante muy avanzado por su tecnología capaz de circular por vía de ancho ibérico como convencional, pero que ha sufrido importantes problemas. El pasado viernes, además, Renfe hizo público que había detectado fisuras en los bogies de los Avlo que conectan Madrid y Barcelona. Según el operador, la incidencia no afecta a la operatividad de los trenes.

Casi 30 empresas bajo el paraguas de la SEPI

El holding público sumará así 27 empresas controladas o participadas, la gran mayoría de ellas presididas o dirigidas por miembros de la órbita socialista. Es el caso de Redeia, operador del sistema eléctrico presidido por la exministra Beatriz Corredor; Enusa, presidida por el exgerente del PSOE Mariano Moreno; o hasta el Hipódromo de la Zarzuela, presidido por el exdiputado del PSE-PSOE Ernesto José Gasco, quién sustituyó en el cargo a Maritcha Ruiz Mateos, anteriormente directora de comunicación del PSOE.

El Estado también posee, fuera del paraguas de la SEPI, el 17,3 % de CaixaBank (en manos del FROB, dependiente de Economía), y Adif, Renfe, Enaire y Puertos del Estado, que cuelgan del Ministerio de Transportes.

La entrada en Talgo es el último ejemplo de intervencionismo empresarial del Ejecutivo, que ha mantenido una intensa actividad empresarial, mucho mayor que la de anteriores Gobiernos. Otra operación de calado fue la inyección de 173,56 millones de euros en 2022 para aumentar el peso de la SEPI en la compañía de armamento y tecnología Indra del 18,7 % al 28 %. Aunque la SEPI se había deshecho del 63,3 % que mantenía de Indra en 1999, había vuelto a su accionariado en agosto de 2013, cuando compró a BFA-Bankia –que entonces atravesaba graves problemas financieros– su 20,1 % en el accionariado.

Movimientos en Indra

Tras el refuerzo de su posición en Indra, y con Marc Murtra, cercano al PSC, en la presidencia de la compañía, la junta acordó el cese de cuatro consejeros independientes a propuesta, fuera del orden del día, de Amber Capital, la sociedad del presidente de Prisa Joseph Oughourlian, entonces recién aterrizado en la empresa. La junta rechazó la reelección de una consejera independiente y aprobó el nombramiento de un consejero dominical a propuesta, como complemento del orden del día, de otro accionista, Sapa Placencia, S.L. (SAPA). Todo ello fue posible gracias al voto favorable tanto de la SEPI como de SAPA y Amber. Además, el 25 de junio se produjo la dimisión de otra consejera independiente y el 28 de junio se anunció la dimisión de otro consejero independiente con efectos no más tarde del 30 de octubre de 2022.

Esto motivó una investigación por parte de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, quien acabó concluyendo que no existían «suficientes indicios» sobre una «acción concertada para el control de Indra», a pesar considerar acreditado que SEPI, SAPA y Amber «cooperaron para llevar a cabo los ceses con participación activa del presidente de Indra, con quien varios de los consejeros cesados mantenían discrepancias persistentes».

En los últimos años Indra ha reforzado su perímetro en línea con el deseo del Ejecutivo de constituir un gran campeón en defensa que rivalice con otros gigantes europeos como Rheinmetall o Leonardo. Destaca la adquisición del 89,68 % de Hispasat a Redeia, en febrero, la compra del 9,5 % del capital del fabricante vasco de motores de avión ITP Aero, o la de la división de drones de Aertec, confirmada precisamente este martes. También ha comprado una factoría de Duro Felguera en Asturias, El Tallerón, para producir vehículos blindados, tras negarse la estadounidense General Dynamics a venderle su filial Santa Bárbara sistemas.

Entrada en Telefónica

Murtra ha sido protagonista también de la otra gran operación empresarial del Ejecutivo de Sánchez: la adquisición, en 2024, del 10 % de Telefónica por 2.285 millones de euros. Tras hacerse efectivo el desembarco de la Sepi, justificado en el anuncio de compra por parte de la estatal Saudí Telecom de otro 10 % de la operadora en septiembre de 2023, la Sepi destituyó en enero a su presidente José María Álvarez-Pallete para reemplazarlo por el hasta entonces presidente de Indra.

En los seis meses que lleva al frente de la principal operadora española, Murtra se ha desprendido de la mayor parte de las filiales de Telefónica en Iberoamérica, como las de Argentina y Uruguay y está ya negociando, según Reuters, la salida también de México. A la espera de la presentación de su plan estratégico, que se espera para finales de año, el directivo ha adelantado que prefiere centrarse en Europa y en sus cuatro mercados principales: Gran Bretaña, Alemania y España, además de Brasil, la joya de la corona.

En estos mercados la compañía estudia crecer con «cualquier opción de consolidación», según su nuevo consejero delegado, Emilio Gayo. La compañía presentará este miércoles sus resultados de primer semestre del año, después de que ayer diera a conocer dos cambios en el consejo de administración: los nombramientos de Mónica Rey Amado y Anna Martínez Balañá, en sustitución de Verónica Pascual Boé y María Rotondo Urcola.

Ambas compras, tanto la de Telefónica como la de Indra, se han demostrado rentables para la SEPI. Desde febrero de 2022, cuando el Consejo de Ministros autorizó la operación, Indra se ha revalorizado un 289 %, en particular en los últimos meses, aupada por el incremento occidental del gasto en defensa espoleado por Donald Trump tras la invasión rusa de Ucrania. Las acciones de Telefónica, por su parte, se han revalorizado un 18,7 % desde el 20 de enero.