Los tentáculos de la trama del PSOE en la SEPI

Nada más ganar Pedro Sánchez la moción de censura a Mariano Rajoy, la banda del Peugeot 407 extendió sus tentáculos para colonizar distintas instituciones públicas con la anuencia del Ministerio de Hacienda, de quien depende la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). Las dos primeras fueron, el 23 de julio de 2018, la Sociedad Anónima Estatal de Caución Agraria, con el 80 % del capital social, que nombró a María Luisa Faneca López, alcaldesa de Isla Cristina que había apoyado en las primarias a Sánchez, como presidenta de SAECA. Y la segunda, el Grupo ENUSA (Empresa Nacional del Uranio), participada al 60% de la SEPI, que propuso a José Vicente Berlanga Arona, licenciado en Filosofía y Ciencias de la Educación, como consejero ejecutivo, sustituyendo al ingeniero industrial José Luis González en la presidencia de Enusa.

El mérito de Berlanga hasta esa fecha era ser amigo íntimo del entonces flamante ministro de Fomento, José Luis Ábalos, con el que había coincidido cuando era asesor municipal del Ayuntamiento de Valencia (2005-2015), además de tener el carnet de militante del Partido Socialista. Un filósofo con un salario de 210.000 euros anuales para ejecutar el programa del PSOE de saldar la energía nuclear. De hecho, una de las primeras reuniones que delegó por su falta de conocimientos fue con la empresa Westinghouse Electric Company, proveedor de combustible nuclear de los reactores, con la que se había cerrado un acuerdo tecnológico.

Berlanga, desde la empresa que juega un papel clave en la gestión de residuos radiactivos, contrató en octubre de 2018 a Leire Díez como responsable de Comunicación. El sueldo que le correspondía por su categoría era de 40.000 euros anuales y se elevó desde Recursos Humanos de Enusa a la misma dirección de Relaciones Laborales de la sociedad estatal para que autorizase un incremento salarial que le duplicó la cantidad a percibir hasta rozar los 100.000 euros.

Esa decisión corrió a cargo del entonces nuevo presidente de la SEPI, Vicente Fernández Guerrero, designado por el Gobierno en funciones de Sánchez, que había desembarcado en junio de 2018, y había sido un estrecho colaborador de la ministra Montero, que antes le había nombrado Interventor General de la Junta de Andalucía cuando era consejera de Hacienda y Administración Pública.

No llegó al año y medio, cuando Fernández Guerrero puso su cargo a disposición del Ejecutivo, en octubre de 2019, cuando se abrió la causa sobre la adjudicación de la mina de Aznalcóllar por su implicación cuando era secretario general de Industria de la Junta. Mientras se esperaba que se aprobara su sobreseimiento —algo que no llegó a suceder— el Gobierno de Pedro Sánchez dejó sin presidente al holding estatal, hasta marzo de 2021, cuando se nombró a Belén Gualda, otra persona de máxima confianza de la vicepresidenta primera. El rescate a la aerolínea Air Europa, el único aprobado en 2020 con el trámite más rápido, fue cuando la SEPI no tenía presidencia.

En ese intervalo de tiempo transcurrió una de las misiones como fontanera del PSOE de Leire Díez en Enusa: buscar información sobre la jueza Mercedes Alaya, magistrada que ordenó abrir por dos veces la causa de Aznalcóllar cuando estaba a punto de ser archivada, para así rescatar al protegido de Montero. Incluso un abogado del Colegio de Abogados de Sevilla llamó a la SEPI para advertir de que se había presentado Díez preguntando por Ayala.

Tras la caída de Ábalos, sin todavía conocerse los verdaderos motivos que tuvo Sánchez para cesarlo, Berlanga fue sustituido en Enusa a finales de 2021 por Mariano Moreno, exgerente del PSOE. Actualmente Berlanga ha sido fichado por Carlos Fernández Bielsa, secretario general provincial del PSPV y alcalde de Mislata, en el ayuntamiento como jefe de Comunicación y Relaciones Institucionales. Por su parte, Leire Díez fue solicitada directamente por el entonces presidente de Correos, Juan Manuel Serrano, amigo íntimo del presidente del Gobierno, que la fichó como jefa del área de Relaciones Institucionales, aunque ahora se ha dado de baja voluntaria como militante. Y Vicente Fernando Guerrero se sienta en el banquillo de la Audiencia Provincial de Sevilla, donde le solicitan penas de 19 años de prisión, acusado de prevaricación.