Uno de cada cuatro jubilados tiene una pensión de más de 2.000 euros: ¿hasta dónde va a llegar el sistema?

La reforma de las pensiones pactada en 2021 por el exministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, blindó la revalorización a la inflación. Y si a eso se le suma que los nuevos pensionistas llegan con carreras de cotización más largas y bases más elevadas, nos encontramos con que la pensión media de jubilación ya supera los 1.500 euros mensuales y que uno de cada cuatro pensionistas ya cobra más de 2.000 euros.

Así nos encontramos con que 1.721.700 jubilados se encuentran por encima de esos ingresos, según los últimos datos disponibles publicados por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Una cifra que ha aumentado un 64 % desde 2021. Y aunque los pensionistas que cobran menos de 1.000 euros al mes siguen siendo la mayoría, representando un 40 % del total, su presencia ha disminuido considerablemente pasando del 80 % en 2005, al 62 % en 2015.

Las cuantías de los pensionistas, así como el aumento en el ritmo de las jubilaciones vuelve a poner en entredicho la sostenibilidad del sistema de pensiones. Y es que solo hay que fijarse en lo que ocurrirá en las próximas décadas, cuando se jubilarán más de 5 millones de personas, mientras solo un tercio de esa cifra ingresará al mercado laboral. En otras palabras, por cada tres personas que se jubilan, solo una se incorporará al mercado laboral.

La reforma de José Luis Escrivá, a pesar de haber aumentado los ingresos procedentes de las cotizaciones —como el MEI o la cuota de solidaridad—, no es capaz de tapar un agujero que está obligando al Gobierno a destinar dinero de otras partidas presupuestarias para cubrir ese déficit —las llamadas transferencias corrientes—.

Muchos expertos llevan tiempo alertando del desfase existente entre ingresos y gastos. Este es el denominado «saldo contributivo», que es el resultante de restar los ingresos contributivos –aquellos que no tienen en cuenta las transferencias del Estado y las cotizaciones por cese temporal– y el gasto en pensiones.

Ganan un 74 % de lo que aportaron

El Banco de España ya alertó hace unos años de la complicada sostenibilidad del sistema. En 2020, cuando Pablo Hernández de Cos era el gobernador, el regulador financiero advirtió en el informe Una estimación del rendimiento financiero del sistema de pensiones que cada jubilado cobra un 74 % más de lo que aportó cotizando a la Seguridad Social. Es decir, por cada 1.000 euros cotizados como trabajadores, los pensionistas reciben 1.740 euros.

Un año antes, Fedea también publicó un estudio donde se estimaba que los jubilados españoles cobran su pensión durante un promedio de 21 años, a pesar de que sus aportaciones al sistema sólo permiten financiar con suficiencia el equivalente a 16 años de pensión. La estimación del Banco de España sitúa esa brecha en ocho años.

En el informe también se explica que nuestro país es «de reparto» y que «puede entenderse como un mecanismo de inversión en el que los participantes aportan fondos durante su vida activa con el fin de recibir en el futuro dichos fondos junto con un cierto rendimiento acumulado, en forma de renta vitalicia».

Sin embargo, este esfuerzo lo hacen las administraciones del Estado, ya que para ellas las pensiones suponen un gasto del 31 %. Un esfuerzo que va a tener que ser mayor en el futuro.

Un millón de extranjeros más al año

Según la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) el gasto público en pensiones supondrá el 16,1 % del PIB en 2050 frente al 12,9 % registrado en 2023, producido principalmente por el aumento de beneficiarios y la revalorización.

Se estima que en 2050 habrá menos de 1,4 trabajadores por cada persona inactiva. En ese año, y según las proporciones de la AIReF, en ese año el 36,8 % de la población serán jubilados. Además, la edad mediana –aquella que deja la mitad de la población por debajo y la otra mitad por encima– se situará en los 49 años frente a los 45 de ahora.

En los últimos años, el aumento de la ocupación se ha producido por la llegada de extranjeros, cuyo empleo ha crecido el triple que la afiliación general, algo al Ejecutivo le ha venido muy bien. Ante esta situación, la AIReF se pregunta –y se responde– acerca de si la inmigración podría compensar el aumento de la tasa de dependencia. «Es improbable, ya que se requeriría un flujo de migraciones netas –saldo entre entradas y salidas– de más de 1.000.000 de personas al año adicionales a lo esperado», explica este organismo.