El PP y sus autonomías cierran la puerta a la quita de Montero: ni es «como una hipoteca» ni permitirá más gasto social

María Jesús Montero tiró este martes de archivo para defender la quita de deuda aprobada este martes por el Consejo de Ministros. La vicepresidenta y ministra de Hacienda reiteró, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que aprobó la medida, que la condonación de la deuda autonómica prometida a las autonomías a instancias de ERC «es como la condonación de una hipoteca».

El ejemplo de Montero busca poner la presión en las comunidades gobernadas por el Partido Popular. «¿Qué familia va a decir que no a que se alivie su carga de deuda? (...) ¿Quién en su sano juicio va a decir que no a que alivie la carga de deuda que tenga su familia?. Esta es la pregunta que hay que hacer a las comunidades autónomas», trasladaba la vicepresidenta.

Pero la asunción de deuda, denominada por Hacienda Ley de Medidas Excepcionales de Sostenibilidad Financiera para las Comunidades Autónomas de Régimen Común, es en realidad un traspaso del endeudamiento del balance de las comunidades autónomas al de la Administración General del Estado. Es decir, la deuda no desaparece, sino que seguirá teniendo que ser pagada por todos los españoles.

La comparación de Montero, por ello, es puesta en cuestión por el PP. «No se te condona ninguna parte de la hipoteca. Ahora pagarás la tuya, y además una parte de la de tu vecina del primero, otra parte de la del ático y una parte de la hipoteca del del tercero, que lleva sin pagar una cuota años. Ya está bien de tomarnos por tontos», asegura Juan Bravo, vicesecretario de Hacienda del PP.

No es la primera vez que Montero recurre a la comparación de la hipoteca. De hecho, la Comunidad de Madrid ya la desmintió en febrero. «No es que a ti te paguen tu hipoteca y al otro le paguen su hipoteca. En el caso de Madrid, por ejemplo, hemos sido siempre cumplidores de la estabilidad presupuestaria. Como si tuviéramos una casa en la que tenemos unos muebles sencillos, en la que no nos hemos permitido grandes lujos, no hemos hecho las reformas que nos hubiera gustado porque teníamos que cumplir con las reglas, no teníamos que endeudarnos, teníamos que pagar todos los servicios», expuso entonces la consejera de Economía de la Comunidad de Madrid, Rocío Albert.

En cambio, añadía Albert, «el vecino del quinto, llamado en este caso independentistas de Cataluña, ha decidido poner mármol Travertino, ha salido todas las noches, ha hecho unas reformas que ya le hubiera gustado a Madrid, que era el vecino del segundo. Y todo lo que ha obtenido Madrid es que ahora, todas esas deudas que es incapaz de pagar el del quinto, las vamos a tener que pagar los madrileños», criticaba entonces Albert.

Fuentes de la Comunidad de Madrid consideran que la quita perjudica especialmente a Madrid, dado que la región se financia íntegramente en los mercados. «La condonación lo que supone es hacernos asumir la deuda de los que han derrochado», recalcan. Según sus estimaciones, tras la condonación de la deuda, si se produjera, cada catalán deberá 410 euros menos, pero cada madrileño deberá 483 euros más.

Desde la consejería resaltan además que Madrid aporta el 75 % del Fondo de Garantía, «pero no estamos dispuestos a pagar a escote el despilfarro del independentismo catalán ni la nueva embajada que Illa ha abierto en China».

Sin más margen para el gasto social

Montero también insistió en que el alivio financiero a las autonomías, de 83.252 millones de euros, liberará unos 6.700 millones de euros del pago de intereses que podrán destinar a reforzar el Estado del Bienestar. Este extremo, sin embargo, ha sido puesto en cuestión por la Autoridad Fiscal Independiente (AIReF).

En febrero, la institución que preside Cristina Herrero ya advirtió que estos intereses «no se incluyen en el cálculo de gasto computable a efectos de la regla de gasto. En consecuencia, este ahorro no modifica el cálculo de la regla de gasto y, por lo tanto, no genera un mayor margen de gasto en otras políticas públicas».

Además, Montero quiso hacer hincapié en que la condonación de deuda, negociada solo con ERC, no es una dádiva a Cataluña. Para ello, insistió en que la quita beneficia a todas las comunidades –incluso a aquellas que, como Madrid, no tienen deuda con el Estado a través del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA). Y recordó que la propuesta elaborada por su departamento contempla perdonar más endeudamiento a Andalucía, 18.791 millones de euros, que a Cataluña, 17.104 millones, algo particularmente oportuno dado que la vicepresidenta es también candidata del PSOE a la Junta de Extremadura.

Hacienda cifra en el 19,3 % la condonación media de la deuda autonómica, calculado sobre el ejercicio de 2023. La cifra tiene en cuenta el diferencial de endeudamiento de las Comunidades Autónomas entre el 31 de diciembre de 2009 y el 31 de diciembre de 2013, en comparación con el registrado entre 2019 y 2023.

Hacienda, además, cocinó la cantidad final a condonar en base a la población ajustada pero también en función de un criterio a todas luces político: que las autonomías hayan subido el IRPF. En concreto, se concede una condonación adicional del 10 % para las comunidades que hayan ejercido sus competencias al alza por encima de la media y un 5 % para las que lo hayan hecho por debajo de la media. Es decir: las regiones que hayan rebajado impuestos, bandera política de la oposición, se ven perjudicadas en la metodología del cálculo.

Un premio 'oculto' para Cataluña

Pero además la cocina de Hacienda en realidad, como ya informó El Debate, premia a Cataluña y castiga a Andalucía, Murcia y la Comunidad Valenciana. En concreto, Cataluña recibirá una bonificación del 87,2 % mientras que las otras tres autonomías verán recortada la compensación que les correspondería entre un 15,3 y un 39,2 %, según estimaciones de Ángel de la Fuente, director ejecutivo de Fedea.

Para llegar a esta conclusión, Fedea calcula la propuesta de Hacienda por habitante ajustado, con 2.284 euros para cada catalán y 2.285 euros por cada andaluz. Y la compara con lo que estas autonomías deberían recibir por habitante ajustando no solo la población ajustada sino también la infrafinanciación acumulada entre 2010 y 2022.

De la diferencia se extrae que Hacienda en realidad incluye un bonus de 1.063 euros para cada catalán respecto a si el reparto se hiciera únicamente por criterios de infrafinanciación y población ajustada, mientras que deja de repartir 411 euros a cada andaluz, 1.206 a cada murciano y 1.474 a cada valenciano.