Los americanos compran el Atleti, las empresas hablarán catalán y Yolanda Díaz sigue trabajando por la noche

Dicen que el Atlético de Madrid vale 2.500 millones de euros y que Apollo Global Management, una gestora capital riesgo de Estados Unidos, va a comprar el 50 %. Miguel Ángel Gil Marín y Enrique Cerezo se quedarían con una participación minoritaria, y los británicos Quantum Pacific de origen israelí –la firma la fundó Idan Ofer– seguiría con el 27,81 % del capital.

Yo creo que el Atleti vale mucho más, pero cuando se trata de comprar y vender empresas ya se sabe que estas no tienen alma. Pero 2.500 millones me parece poco; y a este precio, los socios fundadores, es decir el Athletic Club, podría haber hecho una opa –amigable, nada de hostil– y haberse quedado con la propiedad. Aunque pensándolo bien, ya uno sufre demasiado con el Athletic como para echarse encima al Atleti. Mejor cada uno en su casa y Dios en la de todos.

El caso es que me alegro de que sean los americanos –de Estados Unidos digo– y no los chinos ni los árabes los que compren el club. Los pollos que han montado unos y otros allá donde han aterrizado no hubiera presagiado nada bueno. Además Holdeo, la sociedad de Gil Marín que hasta ahora controlaba el 70,39 % del capital ya estaba participada con un 33,96 % por otros estadounidenses: Ares Management. ¡Todo queda en América que viene el Mundial!

Y mientras el Atleti se pone a hablar inglés, en España las empresas deberán hablar catalán. En la antología del disparate, este acuerdo Illa&Zapatero-Puigdemont promete hacer historia. Los chistes y memes han sido de lo más divertido pero la cosa no tiene ninguna gracia y cómo síntoma de una realidad mucho menos.

El caso es que Junts pactó con el Ministerio de Consumo de Pablo Bustinduy (Sumar) que las grandes compañías que operan en España tengan que atender al cliente en catalán y en los demás idiomas cooficiales cuando así se requiera. El compromiso afectaría a aquellas empresas que tienen una plantilla de más de 250 trabajadores o una facturación superior a los 50 millones de euros. Y no es una broma: la modificación legal empezará a debatirse la semana que viene en la ponencia en el Congreso.

El clamor empresarial contra la nueva exigencia de Junts para seguir apoyando a Sánchez ha llegado a Pekín. Pero lo que Garamendi, el presidente de la patronal, califica de «barbaridad» en el fondo esconde una constante que se ha repetido a lo largo de los siete años de sanchismo en el Gobierno: la injerencia permanente del Gobierno en la libertad de las empresas. Es más, resulta ser una de las características que más se repite en los pactos de Sánchez con PNV, Junts, Sumar, EHBildu y Podemos (al menos hasta la fecha). La cosa empezó con la reforma laboral, siguió con el recorte de la jornada, la Ley de la Vivienda… y ahora con esta nueva ley que obliga a las empresas a atender en catalán en todo el territorio nacional cuando que se lo reclamen sus clientes.

Pero no han sido solo leyes. El Gobierno ha intervenido directamente en las empresas: Telefónica, Indra, Talgo, la opa del Sabadell… Decenas de operaciones que se han deshecho porque Sánchez y sus ministros sacaron tarjeta roja a los inversores extranjeros y nacionales que, lógicamente han buscado mercados más transparentes donde las leyes se apliquen sin el intervencionismo gubernamental. Y ya el colmo ha sido que, desde la propia tribuna del Congreso, se haya señalado incluso a empresas y empresarios con sus nombres y apellidos por la simple razón de que no colaboraban con las iniciativas disparatadas de este Gobierno o sus aliados.

Algunos eminentes juristas ya han señalado que este régimen lingüístico coactivo no respeta los derechos fundamentales

Algunos eminentes juristas ya han señalado que este régimen lingüístico coactivo no respetaría los derechos fundamentales de la empresa al obligar no sólo a la atención en catalán, sino lógicamente a la obligatoriedad de formar a todos sus trabajadores –a partir de los 250 empleados– en el nuevo idioma: una inversión que no contemplaban en sus presupuestos. Conclusión: ya se anuncian una catarata de recursos jurídicos ante esta medida que podría terminar en los tribunales europeos al contravenir también las normas de la Unión en este ámbito. Bruselas apuesta por eliminar trabas regulatorias mientras en España las vamos multiplicando. Así nos va.

El fiasco de la reducción de jornada

Pero como dice Arturo Pérez-Reverte, lo malo de los tontos es que nunca descansan, y si pensábamos que esta iniciativa ya iba a permanecer el podio de las ocurrencias de una ministra amortizada, el jueves pasado, y una vez recuperada de su fracaso parlamentario con la reducción de la jornada laboral, Yolanda Díaz decidió meter un nuevo órdago a las empresas anunciando un encarecimiento del despido. Quizá piensa que ya todo le sale gratis y ha decidido impulsar un reglamento para endurecer los registros horarios como alternativa a la reducción de la jornada que pretendía. Y de paso… de paso colar una reforma para endurecer los despidos.

La sedicente reforma no obedece a los presuntos fallos de la indemnización por despido hoy en vigor, sino a cuestiones más propias de la realidad personal y política que vive la vicepresidenta segunda del Gobierno. Ya el anterior intento de elevar las indemnizaciones por despido salió adelante por el voto equivocado de aquel diputado Alberto Casero, que hoy se dedica a menesteres menos complicados que apretar el botón de al lado. Junts se abstuvo en aquella votación de la reforma laboral pero, tras la catalanada del Gobierno, me temo que el apoyo de los independentistas a este incremento está garantizado. Lo que digan los empresarios catalanes es otro cantar. Que eso también: cada vez cantan más.

Imagino –es un imaginar poco imaginativo– que las consultas a los agentes sociales se circunscribirán a los sindicatos. Y volveremos a tener una reforma sin consenso social que recaiga de nuevo en las empresas, ya muy maleadas por los incrementos de los costes sociales de los últimos años: salario mínimo, bases de cotización y cuotas de la Seguridad Social. Y que conste que estos costes no recaerán en las empresas judías que pretende Sánchez –ni se entera el Gobierno de cómo operan esas compañías en España– sino en las propias. En esas pequeñas y medianas empresas que cada vez viven más pendientes de que Yolanda Díaz no tenga una mala noche.