Otro incendio para el Gobierno: 800.000 interinos convocados para una gran manifestación en Madrid

Los 800.000 interinos que hay en España se están movilizando para intentar regularizar su situación. En esta línea tienen convocada una manifestación en Madrid el 7 de octubre, tan solo dos días antes de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) se pronuncie sobre la obligatoriedad o no del Gobierno de hacerles fijos.

Los interinos buscan alguien que defienda de una manera más palpable lo que consideran sus derechos. Recientemente se ha mostrado dispuesto a hacerlo Junts. El partido catalanista pide una modificación de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP) que estabilice como funcionario, laboral o estatutario «fijo a extinguir» a los interinos, y que esa estabilización se realice en tres meses. La asignación del puesto sería con un puesto equivalente o uno nuevo, «con derechos desde el cese».

No se sabe qué lograrán, pero está claro que la irregularidad está dando lugar a situaciones personales difíciles. Según la Plataforma de afectados por la función pública en Madrid, entre 80.000 y 100.000 interinos se han ido ya a la calle sin ningún tipo de indemnización y sin que conviertan en fijo su puesto de trabajo, aunque lleven desempeñándolo muchos más de los tres años que exige la ley como requisito para convertir en fijo un empleo.

Los mayores problemas con los interinos afectan a mujeres de entre 50 y 60 años. En total, los interinos ya han presentado más de 80.000 demandas en toda España. Sus puestos dependen del Ministerio que dirige Óscar López: Transición Digital y Función Pública.

El problema arrancó en la Ley 20/2021 que lanzó el actual Gobierno y que se publicó en el BOE en junio de 2021. En ella se decía que quien tuviera contrato desde el 1 de enero de 2016 y llevara más de tres años trabajando en ese puesto debía ser hecho fijo, «siempre y cuando no se hubieran convocado oposiciones». Enviaron la ley a todas las comunidades autónomas, y en el impasse de seis meses entre que se anunció la ley y se aprobó, las comunidades autónomas convocaron todas las oposiciones que no habían convocado en veinte años.

Las comunidades han aprovechado estas oposiciones para rejuvenecer su plantilla sin indemnizar a los interinos que llevaban hasta veinte años o más en sus puestos, y, según ellos, sin una oposición justa.

De momento Junts es el partido político que se ha mostrado más cercano a los interinos, y que ha presentado una propuesta concreta de solución de sus problemas. Con otros partidos están debatiendo, mientras que el Gobierno, más partidario de defender a los funcionarios, no ha mostrado ningún interés en resolver nada. Tampoco han encontrado apoyo en los sindicatos.

Los interinos, a la expectativa

Lo que más frustra a los interinos es que Europa ya ha legislado en varias sentencias a favor de su causa y en España se legisla en contra. Los tribunales de primera instancia en nuestro país les dan la razón en cuanto a la indemnización o la necesidad de que conviertan en fijo su puesto, pero en segunda instancia o en el Supremo se rechaza su demanda.

Los interinos manejan algún informe que fija en unos 10.000 millones de euros el montante total de indemnizaciones que tendrían que darles si los tribunales fallan a su favor. «Los abogados nos dicen que, habiendo cotizado 18,5 años, tendríamos derecho a la indemnización máxima: 75.000 euros. Según el Estatuto de los Trabajadores, si el Estado no las abona motu proprio, la cantidad iría aumentando un 10 % por cada mes que pasara. Pasados dos años, las indemnizaciones podrían ascender a 100.000 euros», señala un interino de la citada Plataforma.

Lo lógico sería que no hubiera que abonar estas cantidades: los interinos quieren seguir trabajando y el Estado debería querer no pagarlas.