Indra acelera en su conquista del negocio de defensa mientras crecen las dudas sobre la inacción de la CNMV y el PP en la compra de Escribano

Indra sigue estando en el centro de la polémica. Algunas de las últimas noticias hablan del plan del Gobierno de adjudicarle a dedo la mayoría de los 31 programas de modernización de Defensa, como desveló ABC, o de la llegada a la compañía de Aleix Sanmartín, el supuesto gurú electoral que catapultó a Pedro Sánchez y que desde la pasada primavera está en el PP, como publicó El Confidencial.

No hay semana en la que no aparezca en estos medios o en El Debate alguna información controvertida en torno a esta empresa a la que llegan y van a seguir llegando miles de millones de euros por el incremento del gasto en defensa, como consecuencia de ser la elegida por el Gobierno como campeona nacional del sector.

La evolución del accionariado refleja que el Gobierno sabía hace tiempo el negocio que iba a llegar

En el Ejecutivo de Sánchez sabían hacía tiempo lo que iba a ocurrir, y una buena muestra es la evolución del accionariado de la compañía. En 2019 Indra presentaba una estructura accionarial también capitaneada por el Estado a través de la SEPI -Sociedad Estatal de Participaciones Industriales- (18,75 % de las acciones), pero con una presencia importante de Corporación Financiera Alba, el holding de la familia March, (10,52 %) y un 70 % en flotación libre, que daba entrada a participaciones de fondos como Fidelity.

La estructura se mantuvo estable en 2020, pero a partir de 2021 comenzó una transformación profunda que ha reconfigurado totalmente el mapa de poder de la compañía. La SEPI, que entró en Indra en agosto de 2013 comprando a BFA-Bankia su 20,1 % por 336,99 millones de euros, subió al 28 % en febrero de 2022 por la importancia estratégica de Indra en el sector de defensa, especialmente tras su designación como coordinadora industrial española en el proyecto europeo FCAS (Future Combat Air System).

Poco antes de esta subida, en diciembre de 2021, entró en Indra la empresa vasca Sapa, controlada por la familia Aperribay, que se hizo con un 5 % y hoy tiene el 7,94 %, y poco después, en junio, llegó Amber, el fondo de inversión dirigido por Joseph Oughourlian, el presidente de Prisa, que en la actualidad tiene el 7,24 %. La familia Escribano entró con un 3 % en mayo de 2023 y en diciembre de 2024 ascendió hasta el 14,3 %. Entre los cuatro controlan el 57,48 % del capital (frente al 29 % que tenían los principales accionistas en 2019), y el capital flotante se ha reducido del 70 % al 35 %.

Algunos accionistas ven pasividad de la CNMV en la operación de Escribano

Esta concentración es la que lleva a algunas fuentes a criticar el gobierno corporativo en la empresa y el papel de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV): «La CNMV ha corroborado, con su silencio y pasividad, la mayor operación de concertación corporativa de la historia reciente de España. Lejos de ejercer su función protectora del inversor y del mercado, el regulador permitió que SEPI, SAPA y Amber Capital, en connivencia con Moncloa, orquestaran el nombramiento de Ángel Escribano como presidente ejecutivo de Indra y preparen la fusión de la compañía con Escribano Mechanical & Engineering (EM&E), empresa de la que el propio Escribano es copropietario. Este doble rasero no es fruto del descuido, sino de una deliberada estrategia de encubrimiento institucional», señala un pequeño accionista.

Esta acusación sobre la CNMV no es la primera que se hace. La primera fue en junio de 2022, cuando SEPI, SAPA y Amber supuestamente coordinaron la destitución de cuatro consejeros independientes. «La CNMV abrió una investigación que concluyó en diciembre de 2022 con un dictamen plagado de eufemismos: admitía indicios de concertación, pero negaba elementos concluyentes», señala el mismo accionista minoritario.

La siguiente llegó con el nombramiento de Ángel Escribano en enero de 2025, en lugar de Marc Murtra con sus mismas facultades: «La CNMV recibió la comunicación sin formular ni una sola pregunta. No hubo investigación sobre la coincidencia temporal entre el nombramiento y el aumento de contratos adjudicados a EM&E, sobre el posible conflicto de intereses inherente a un presidente comprando su propia empresa ni a las advertencias de varios consejeros denunciando la falta de transparencia en el proceso de due dillgence sobre la empresa», añade el pequeño accionista.

Por todos estos motivos, se estima que la CNMV, que presidió Rodrigo Buenaventura entre los años 2020 y 2024 y desde diciembre preside Carlos San Basilio, no está haciendo el trabajo que debe.

También hay dudas sobre el papel del Partido Popular, que no ha abierto la boca en exceso sobre la evolución de Indra y su posible compra de Escribano. Hace unos días el diputado del PP Alberto Fabra dejó la Comisión de Defensa del Congreso al saberse que su hijo trabaja en Indra. Acaba de conocerse que Sanmartín, que ahora está en el PP, trabaja para Indra. Y si hay cambio de Gobierno y gana el PP, de algún modo podrá tener presencia en Indra, de manera que quizá considera mejor no estropear el negocio antes de que lleguen.

Por otra parte, mientras todo esto ocurre y los contratos y empresas del sector se incorporan a Indra, la acción de la compañía va como un cohete -como sucede con otras empresas de defensa de otros países-. Desde que llegó Ángel Escribano a la presidencia en enero, ha subido nada menos que un 127 %: de 17,20 euros a 39 euros a estas alturas del año, más del doble. La firma vale en Bolsa casi 6.900 millones de euros.