Miles de interinos reclaman a Óscar López en Madrid que arregle su situación precaria

Más de 800.000 interinos están convocados hoy en Madrid para clamar al ministro Óscar López por lo que consideran una situación injusta: el abuso de la temporalidad que se está dando con sus contratos, que reclaman que se convierta en fijeza.

El sindicato Unión Sindical sostiene que «durante décadas nuestros gobiernos y administraciones han precarizado a sus trabajadores generando una bolsa de empleados temporales que supera el millón de afectados». Añaden que «más de ochocientos mil se encuentran en situación de abuso de temporalidad de larga duración. Más del 70 % son mujeres de más de cincuenta años, calificadas por el SEPE (Servicio Público de Empleo Estatal) de difícil reinserción, condenadas a exclusión social por cómo afectarán sus ceses a sus últimos años de cotización y, por tanto, a su pensión de jubilación».

Los mayores problemas con los interinos afectan a mujeres de entre 50 y 60 años. En total, los interinos ya han presentado más de 80.000 demandas en toda España. Sus puestos dependen del Ministerio que dirige Óscar López: Transición Digital y Función Pública.

El problema arrancó en la Ley 20/2021 que lanzó el actual Gobierno y que se publicó en el BOE en junio de 2021. En ella se decía que quien tuviera contrato desde el 1 de enero de 2016 y llevara más de tres años trabajando en ese puesto debía ser hecho fijo, «siempre y cuando no se hubieran convocado oposiciones». Enviaron la ley a todas las comunidades autónomas, y en el impasse de seis meses entre que se anunció la ley y se aprobó, las comunidades autónomas convocaron todas las oposiciones que no habían convocado en veinte años.

Las comunidades han aprovechado estas oposiciones para rejuvenecer su plantilla sin indemnizar a los interinos que llevaban hasta veinte años o más en sus puestos, y, según ellos, sin una oposición justa.

«La ambivalencia del Gobierno de Pedro Sánchez sobre esta cuestión está llevando a la desesperación a miles de familias», indica Unión Sindical. «La reivindicación central de esta movilización -la manifestación de hoy- reclama la tramitación inmediata de la Ley de Función Pública u otra ley específica donde se incluya una solución que sirva tanto para el personal abusado en activo como para recuperar a las miles de personas cesadas injustamente tras décadas de servicio público. La pasividad del Gobierno, unida al incumplimiento sistemático por parte de los tribunales españoles de la normativa europea, que es de obligado cumplimiento y de aplicación directa al no haberse traspuesto al ordenamiento español la Directiva mencionada, han agravado este problema», añaden. Se refieren a la Directiva 1999/70/CE, que obliga a los Estados miembros a adoptar medidas para prevenir y sancionar los abusos en la utilización de contratos temporales.

El próximo 9 de octubre, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) emitirá un informe sobre esta cuestión que podría acarrear indemnizaciones cuantiosas al Estado español si es negativo.