Sánchez multiplica por nueve el ingreso mínimo vital en cuatro años y perpetúa el asistencialismo

El Gobierno de Sánchez cerró el año 2024 destinando 3.854 millones de euros al Ingreso Mínimo Vital (IMV) -incluyendo el Complemento de Ayuda a la Infancia (CAPI)-, nueve veces más de lo que se asignaba en el año 2020, según datos recopilados por la consultora Freemarket Corporate Intelligence, dirigida por el economista Lorenzo Bernaldo de Quirós.

La cantidad ha ido subiendo de manera importante cada año. Los 407 millones de 2020 ascendieron a 1.921 millones en 2021, 2.507 millones en 2022, 3.286 millones en 2023 y 3.854 millones en 2024. Salvo en el año 2022, la revalorización del IMV siempre ha estado por encima de la del IPC: en 2024 ha sido de más del doble, y en 2025, algo más del triple.

El diseño actual del IMV desincentiva volver a trabajar

El IMV resta incentivos para volver a trabajar: «Una familia que recibe 900 euros del IMV y alguno de sus miembros encuentra un trabajo por 1.100 euros netos, verá aumentar su renta neta total en solo 200 euros o menos. Resta atractivo a trabajar en la economía formal a quienes cobran esta ayuda. Ante esta situación, muchos perceptores se ven incentivados a recurrir a la economía sumergida, donde pueden mantener la ayuda íntegra mientras perciben un salario completo en negro», se apunta en el informe.

Si trabajar en la economía formal no se traduce en un aumento significativo de la renta neta, es muy difícil que el perceptor coja el trabajo y abandone el IMV. Según las estimaciones de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), el actual diseño del programa del IMV reduce en al menos doce puntos la posibilidad de que el titular del hogar acogido a él se incorpore al mercado de trabajo.

Este efecto se agudiza en los jóvenes menores de 30 años o en las familias monoparentales. En ellos el efecto desincentivador supera el 20 %. «Se estima que entre el 15 % y el 20 % de los perceptores del IMV podrían tener ingresos no declarados, por lo que el Estado subsidia indirectamente la ilegalidad, la economía sumergida. Esto reduce la recaudación fiscal y distorsiona el mercado laboral, ya que las empresas que contratan en la economía sumergida se benefician de una mano de obra subsidiada», estiman en el informe.

El 60 % de los perceptores recibe el Ingreso Mínimo Vital durante más de tres años, aunque supuestamente es temporal

El estudio contradice que el IMV esté siendo una medida transitoria para alguien que pasa por un momento difícil, como en teoría es su objetivo: «El 90 % de los beneficiarios lo recibe durante más de doce meses; el 75 % supera los veinticuatro meses y el 60 % lo mantiene durante más de tres años. La probabilidad de dejar de percibir el IMV es menor cuanto más tiempo se lleve cobrando». «No funciona como un trampolín temporal, sino como una renta de inactividad de larga duración. Eleva el paro estructural en los sectores de la población con menores cualificaciones y cronifica el gasto público, ya que los beneficiarios pierden el vínculo con el mercado laboral y reducen su capacidad de incorporarse a él», añaden.

El IMV es además compatible con seguir disfrutando de una vivienda en propiedad siempre que se utilice como vivienda habitual. «Puede darse la paradoja de que haya beneficiarios de IMV propietarios de una vivienda de lujo que tienen posibilidad de acceder a esta prestación», añade el informe. Para evitar este tipo de situaciones, el borrador de 2020 incluyó la disposición de que no se excluiría del derecho a solicitar y obtener el IMV a los demandantes propietarios de una vivienda habitual «salvo en los supuestos de (tener aquella) valor excepcional». Posteriormente desapareció esta restricción del real decreto y de la ley original reguladora de esa figura.

Aunque la teoría que sustenta el IMV es buena -ayudar a personas que no tienen los recursos mínimos necesarios, algo que siempre habrá-, la consultora que elabora el informe estima que debería reformularse completamente la ayuda, especialmente en el diseño del incentivo al empleo, para hacerla más eficaz y mitigar el efecto desincentivador: «El IMV, tal como está diseñado, lejos de ser un gasto social que promueve la integración en el mercado de trabajo, que es el objeto con el que se creó, subsidia de manera indirecta la economía sumergida y encierra a sus beneficiarios en un círculo de dependencia lesivo para sus perceptores y para la economía española».