El ingreso mínimo vital solo llega al 45 % de los potenciales beneficiarios y excluye a los hogares más vulnerables

El Ingreso Mínimo Vital (IMV), creado por el exministro de Seguridad Social, y actual gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, «representó un avance relevante en la política social española», sin embargo, presenta una serie de «limitaciones estructurales que reducen su eficacia», y sigue sin despegar. Esta ha la principal conclusión a la que se ha llegado en la sesión El Ingreso Mínimo Vital, a examen, celebrada por el Consejo General de Economistas de España (CGE) y la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea).

Según datos de la Seguridad Social, en 2024 la prestación alcanzó a más de dos millones de personas distribuidas en 673.000 hogares, con un gasto total superior a 6.000 millones de euros. En su conjunto, el programa ha permitido reducir en torno a un 6 % de la tasa de pobreza severa, con un coste fiscal reducido en comparación con su impacto social. Y es que, incluso de existir una cobertura del 100 %, supondría aproximadamente alrededor del 0,75 % del PIB, una cifra asumible dentro del conjunto de prestaciones.

No obstante, esta ayuda se enfrenta a un importante problema de cobertura, ya que solo llega a menos de la mitad –concretamente un 45 %– de las personas potencialmente beneficiarias, dejando fuera a hogares especialmente vulnerables, «marcada por la rigidez administrativa, la lentitud en la tramitación y la escasa coordinación entre la Seguridad Social y los servicios sociales autonómicos».

«La responsabilidad de esta baja demanda no debe atribuirse a las personas potencialmente beneficiarias, sino al diseño y a la gestión del programa», asegura Luis Ayala, catedrático de Economía y director del Departamento de Economía Aplicada y Gestión Pública de la Uned. A pesar de que se han despejado algunas barreras institucionales, «su diseño se aleja de la realidad de pobreza de muchas personas, al persistir rigideces en el procedimiento administrativo, periodos dilatados de tramitación y resolución, normas complejas, un régimen excesivamente estricto de comprobaciones y las dificultades de comprensión de todo el proceso por parte de los solicitantes», añade.

Por su parte, Ángel De la Fuente, director ejecutivo de Fedea considera que «una parte importante de las personas que cumplen los requisitos no solicita el IMV por diversas barreras de acceso relacionadas con su diseño y gestión». Entre ellas destacan la complejidad administrativa, la falta de información, las dificultades para acreditar rentas o patrimonio, que limita el acceso de los hogares más vulnerables.

Propuestas de mejora

Este diagnóstico evidencia la necesidad de introducir mejoras en su diseño que aumenten la cobertura efectiva, simplifiquen su gestión y refuercen los incentivos al empleo. Sobre esta base, los expertos consideran la necesidad de simplificar los procedimientos administrativos y reducir los plazos de tramitación, avanzando hacia una concesión más automática que evite dejar fuera del sistema a los hogares más vulnerables.

«Lo más urgente sería implementar cambios normativos para no dejar fuera del programa a la población más excluida, incluyendo, sobre todo, una concesión de la prestación más automática», asegura Ayala.

Por otro lado, trasladar la gestión del IMV a las comunidades autónomas, aprovechando su proximidad a los beneficiarios y su capacidad para coordinar la prestación con los servicios sociales y de empleo, lo que permitiría una gestión más eficaz y una mejor vinculación con las políticas activas de inserción. Así como Desarrollar el complemento de alquiler previsto para los casos en que el gasto en vivienda supere el 10 % de la renta garantizada.

También plantean flexibilizar la definición de las unidades de convivencia y los requisitos de empadronamiento, con el fin de no excluir a personas en situación de inestabilidad residencial. Así como Incorporar el alquiler imputado neto de intereses hipotecarios en el cálculo de la renta para reflejar con mayor precisión la capacidad económica real de los hogares. Y Desarrollar el complemento de alquiler previsto para los casos en que el gasto en vivienda supere el 10 % de la renta garantizada.

Respecto a la compatibilidad con un empleo, piden sustituir la actual compatibilidad temporal con las rentas del trabajo por un esquema de retirada gradual de la prestación, garantizando que trabajar siempre resulte rentable. Clarificar y simplificar el funcionamiento de los incentivos al empleo para facilitar su comprensión tanto por parte de los beneficiarios como de los operadores que gestionan el programa.

Por último, piden revisar el conjunto de ayudas finalistas existentes para avanzar hacia un modelo más integrado de transferencias monetarias. Así como corregir las disfunciones derivadas de los cobros indebidos mediante reglas de devolución proporcionadas que eviten sobreendeudamiento en los hogares perceptores.