David Caraballo (Alquiler Seguro) sobre la multa de Consumo: «El Gobierno nos utiliza como chivo expiatorio»

El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 está estudiando imponer una sanción de 3,6 millones de euros a Alquiler Seguro por supuestas prácticas abusivas contra los inquilinos en la gestión del alquiler. Y no es la primera vez que la la cartera dirigida por Pablo Bustinduy actúa contra esta empresa. Ya a finales de marzo les abrió un expediente sancionador por el mismo motivo.

Mientras la empresa espera a ver si Consumo, finalmente, materializa dicha multa, algo que tiene que decidir antes del 12 de diciembre, David Caraballo, CEO de Alquiler Seguro, atiende a El Debate para hablar sobre lo que considera «una persecución política, porque ante la carencia de no poder hacer cosas buscan un desvío de atención».

–Se les acusa de obligar a los inquilinos a pagar una comisión, contratar un seguro u otros servicios no solicitado, como la limitación del derecho de desistimiento del contrato y la carga a los inquilinos de todos los gastos derivados de reclamaciones judiciales o extrajudiciales.

–Nosotros empezamos en el mercado del alquiler cuando no era noticia y nadie quería oír hablar sobre él. Cumplimos con la ley y tenemos certificados todos nuestro procesos. La Ley de Vivienda, aprobada en mayo de 2023, establece que no se puede cobrar al inquilino los gastos de agencia, y que se tienen que repercutir al propietario. Y así lo reflejamos en el contrato. Pero, a parte, al inquilino le ofrecemos un servicio especial, que es completamente voluntario. Este servicio conlleva una plataforma donde se proporcionan todos los servicios, por ejemplo el cambio de titularidad de los suministros, que a veces es bastante engorrosa, incluso se consigue un precio especial con la comercializadora por tener este servicio. También incluye un préstamo. Esto supone que en cualquier momento el inquilino puede aplazar la mensualidad que tiene que pagar. Aparte tiene un servicio jurídico y atención en incidencias. Además, hay intermediarios para dirimir por qué se ha provocado la incidencia. Puede ser por un mal uso o por la obsolescencia. Pero este servicio es totalmente opcional. De hecho, tenemos muchos clientes que no lo contratan y solicitan el contacto del propietario para relacionarse directamente con él.

Lo único que han hecho es una persecución para buscar al malo de la película

También tenemos un seguro de responsabilidad civil que el inquilino contrata para cubrir los desperfectos que pueda hacer. Me explico. Si el propietario tiene un seguro de hogar normal, si el inquilino tiene un incendio en esa vivienda, el inquilino no va a estar cubierto. De forma que con este seguro tanto el propietario como el inquilino están completamente cubiertos. El propietario sí obliga a tenerlo y, por lo tanto, el inquilino tiene que contratar este seguro. Pero no es algo raro. En Vizcaya, por ejemplo, la empresa pública obliga a tener un seguro de este tipo, porque al final tienes que poder hacer frente a ello. Es como el seguro del coche. Si vas por la calle, rompes algo en la vía pública o a un tercero tiene que tener un seguro.

Nos dicen que estamos intentando camuflar los honorarios, pero no es así. Llevamos dando estos servicio desde hace diez años.

–Fueron la primera empresa inmobiliaria a la que les abrieron un expediente sancionador. Después se anunció otro a otra agencia, pero no se ha dado a conocer el nombre. Solamente se dijo que se ha abierto un segundo expediente como el de Alquiler Seguro ¿Por qué?

–Es una persecución política. Nosotros tenemos 26.000 viviendas alquiladas, y en el mercado hay 3,5 millones. Es decir, solo tenemos un 0,7 % de la oferta. El problema que hay no es culpa nuestra. Nosotros incentivamos la oferta, porque damos una seguridad a los propietarios. Si que somos muy mediáticos. Nuestro nombre define lo que hacemos y nos están utilizando como chivo expiatorio al no poder solucionar un problema grave generado por ellos.

–Si finalmente os imponen la multa, ¿tienen pensado actuar?

–La realidad es que nosotros ya tenemos tres sentencias ganadas, donde se han evaluado estos servicios y nos han dado la razón. Entonces valoraremos y emprenderemos acciones legales, y veremos que ocurre realmente.

–¿Falta protección hacia el propietario?

–Absolutamente. Nosotros, dentro de esta gestión, lo que hacemos es que haya una colaboración justa. En el caso de las incidencias identificamos quién tiene la responsabilidad, pero ellos se están posicionando a favor de una de las partes.

–Se cumplen dos años y medio desde que entró en vigor la Ley de Vivienda. ¿Ven el final a este problema?

–Llevo 16 años en el mercado del alquiler y hemos vivido muchísimas etapas, pero ninguna tan catastrófica como esta. Si ya por naturaleza iba a haber presión, porque esta problemática la hay en toda Europa, las medidas que se han tomado han agravado aún más este problema. Si el Gobierno consiguiera adaptar la normativa para que no hubiera tanta burocracia y se pudiera liberar suelo, se podría construir vivienda y aumentar la oferta, tanto para venta como para alquiler. Pero lo único que han hecho es una persecución para buscar al malo de la película.

Se está utilizando el problema de la vivienda como una herramienta política en vez de hacer políticas de vivienda

En las previsiones que hacemos a tres años, ya estamos viendo que el crecimiento del precio se va a ir estabilizando un poco para 2026, más que nada porque ya hay familias que no podrían pagar. Pero la tensión va a continuar si no se aumenta la oferta.

A corto plazo hay que derogar la Ley de Vivienda. A medio, conseguir que los propietarios saquen al mercado viviendas con incentivos. Y a largo, una planificación de construcción de vivienda. Con estos tres puntos podríamos vernos dentro de unos años con una evolución positiva en oferta y equilibrada con la demanda.

–Cada vez más regiones han limitado el precio de los alquileres: Cataluña, Navarra y el País Vasco. Asturias se lo está planteando. La ciudad de Coruña también ha impuesto las zonas tensionadas y Gran Canaria lo está estudiando. Pero el problema no se soluciona.

–Cuando se escucha al mercado o se escucha a los profesionales, se abre un abanico de opciones. Cuando no se escucha, se impone una solución lo que se consigue, y está comprobado, es mermar la oferta. Volvemos a lo mismo: se está haciendo política con el alquiler. Utilizando el problema como una herramienta política en vez de hacer políticas de vivienda.

–El Gobierno se ha planteado congelar los alquileres que expiran en 2026, y que fueron los últimos que se firmaron a un precio asequible. ¿Cómo vais a actuar si esto ocurre?

–Aquí actuará la ley, porque va en contra de la propiedad privada. Realmente habría que judicializar estas medidas, porque va a ser la hecatombe. El problema que están previendo es real, pero ha sido generado por ellos. A eso se le suma que los sueldos no crecen, entonces el nivel de endeudamiento es mayor. Y para no hacer frente a él se está compartiendo mucha vivienda. No es malvivir, sino sobrevivir, porque uno se ve abocado a tener que compartir vivienda.

Lo único que van a conseguir es echar más leña al fuego. Los propietarios que estuvieran dudando entre vender o alquilar les van a facilitar la decisión: van a vender antes de que también se lo prohíban.

–¿El Gobierno les está teniendo en cuenta a la hora de plantear medidas para aliviar la crisis de vivienda?

–Lo hemos intentado y ha sido negativa tras negativa. Hemos solicitado reuniones con el Ministerio de Vivienda, hemos entregado propuestas, por ejemplo para regular los alquileres de temporada, y ni nos han contestado.